No sería conveniente la propuesta de que se haga un giro directo del Adres (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) a los hospitales, consideró Jaime Arias, expresidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), aunque a muchos les suene bien, porque dicen “ahora sí le van a pagar a los hospitales”.

Para Arias, “el problema es que se acaba completamente el control al gasto que hacen las EPS cuando les toca pagar de su propia tesorería”.

De otra parte, Arias alertó sobre un proyecto en la Cámara que “busca acabar completamente con el aseguramiento y con las EPS al convertirlas en gestoras”, el que considera “muy peligroso porque sería el comienzo de la destrucción de un sistema que hemos construido los colombianos”.

EL NUEVO SIGLO: Siguen los problemas de la salud en el país, pero no está a la vista la reforma que anunció el Gobierno, ¿cuál es su opinión?

JAIME ARIAS: El sistema sigue obviamente fallando especialmente en la falta de recursos, el Gobierno ha hecho el esfuerzo pero no se consiguen los recursos suficientes para pagar lo que se llama el No POS o No PBS (Plan de Beneficios en Salud), como se llaman ahora, que no es parte del aseguramiento realmente. El No POS es un dinero que tiene el Estado y que va a pagar el Estado, pero no paga completo a las EPS.

En este momento, entiendo que las deudas por ese No PBS son de más de $2 billones. Entonces el sistema sigue funcionando más o menos, bien diría, pero con algunas fallas debido a esto.

El Gobierno sí ha planteado unas reformas, digamos que hay dos: las más importantes vienen en el Plan de Desarrollo. Creo que la mayor parte de los puntos presentados por el Gobierno son buenos, por ejemplo, que el Gobierno se comprometa a pagar ese No PBS, tanto para el régimen contributivo como para el subsidiado, es un alivio.

En segundo lugar se habla de una ley de punto final. Eso sí la veo muy confusa todavía, pero si el Gobierno logra conseguir $5 o $6 billones para refrescar un poco las cuentas de los hospitales y de las mismas EPS, sería magnífico.

Me gusta mucho que no haya pasado, por lo menos en la discusión hasta ahora, la propuesta de que se haga un giro directo del Adres (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) a los hospitales. A muchos les suena bien, dicen ‘ahora sí le van a pagar a los hospitales’. El problema es que se acaba completamente el control al gasto que hacen las EPS cuando les toca pagar de su propia tesorería. Eso parece que no va a funcionar. Eso es como lo más importante de la reforma que está contenida en la ley del Plan, son como 6 o 7 puntos.

Pero hay otra reforma que se viene y no sé si en esa el Gobierno haya hecho compromisos, y es una que se adelanta por iniciativa del Partido Liberal en la Cámara, el representante Correa es el que la está impulsando. Esa sí busca acabar completamente con el aseguramiento y con las EPS al convertirlas en gestoras. No sé si vaya a haber un acuerdo con Cambio Radical y con otros partidos para que por lo menos esa propuesta la hagan pasar en la Cámara.

Me parece que sería muy peligroso porque sería el comienzo de la destrucción de un sistema que hemos construido los colombianos.

ENS: Dando por hecho que pasen las disposiciones a las que hace referencia en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, ¿qué quedaría pendiente de la reforma a la salud?

JA: Lo primero es dinero porque una cosa es que se propongan cosas interesantes y otra que se puedan financiar, pero también estarían faltando algunos elementos. Creo que en materia de calidad que ha sido una de las promesas hechas por el presidente Duque, todavía estamos muy lejos; lo mismo de la implementación de un sistema de información robusto, tampoco estamos bien en eso.

Y todavía ve uno que el sector desde el punto de vista institucional presenta muchas fallas, fíjense todo esto que viene ocurriendo alrededor de la venta de unas acciones en Medimas y otras entidades que están pasando por problemas muy serios.

Todavía uno no ve que exista un control efectivo de parte del Gobierno.