El Gobierno aún no da respuesta a la carta enviada por la empresa minera canadiense Gran Colombia Gold

“Solicitamos la defensa de los derechos otorgados a Gran Colombia Gold (GCG), mediante el despliegue militar y policial, así como cualquier otra fuerza, necesarios para combatir la minería ilícita, proteger a nuestros empleados, los habitantes de la zona y el medio ambiente…” esas fueron las palabras de la empresa minera canadiense escribió en una carta dirigida al presidente Iván Duque, el gabinete ministerial, y otras altas autoridades del Estado, la cual ha causado una fuerte polémica este fin de semana.

La carta surge de la preocupación de la empresa por las afectaciones que ha causado la minería ilegal en los municipios de Marmato, Segovia y Remedios, por lo que le piden al Gobierno con urgencia tomar “medidas inmediatas antes de que las circunstancias se intensifiquen aún más”.

Pues como lo señalaron posteriormente, se han sentido desprotegidos y poco respaldados en la lucha contra los mineros ilegales, actividad que además de afectar sus derechos mineros, también deteriora el medio ambiente gravemente.

Hasta ahora el Gobierno no se ha pronunciado sobre la petición de la empresa.  

Cifras oficiales

Según cifras de la Fiscalía, el 70% de la actividad minera que se realiza en el país es ilegal. Además, es considerada como una de las actividades que más contamina el medio ambiente, ya que no existen controles de contaminación por el uso de mercurio, así como tampoco programas de compensación. 

De la misma manera, las ganancias que deja esta actividad ilícita demuestran que es una de las más rentables del país, casi tanto como el narcotráfico. 

Por lo menos, investigaciones de ese organismo afirma que si el Estado colombiano no hace una intervención contundente, la rentabilidad y el fortalecimiento de las estructuras criminales se convertirían en un gigante muy difícil de combatir.