EN un sorpresivo ‘letargo’ entró el sueño de algunas  familias holandesas de brindar a niños colombianos una nueva vida en ese país, tras la suspensión de adopciones en el extranjero ordenada por ese gobierno.

Evidencias de ‘abusos estructurales’ en los procesos de adopción ocurridos a finales del siglo pasado, entre los que se enlistan falsificación de documentos,  la trata de niños, presiones a las madres,  y “actos poco éticos de funcionarios gubernamentales” tanto de los países investigados como de los holandeses, reveló una comisión investigadora.

Tras dos años de averiguaciones, a comienzos de esta semana la  Comisión Joustra presentó su informe sobre el papel y la responsabilidad del Gobierno holandés en la adopción internacional de niños desde 1967 hasta 1998,  provenientes específicamente de Brasil, Colombia, Indonesia, Sri Lanka y Bangladesh.

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Las críticas conclusiones de los investigadores, quienes inclusive se desplazaron a dichas naciones, tal cual lo confirmó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), llevaron a la radical decisión del gobierno holandés de suspender, hasta nueva orden, los procesos de adopción en el extranjero.

La comisión creada hace dos años y dirigida por Tjibbe Joustra, subraya en sus conclusiones que “el Gobierno, basado en la idea de hacer el bien con las adopciones en el extranjero, fue demasiado pasivo en el pasado, y como resultado de ello, la supervisión de los procesos fue insuficiente y no se tomaron medidas ante los abusos que salían a la luz a lo largo de los años”.

Y agrega que sus pesquisas también revelaron casos de funcionarios neerlandeses que hicieron la vista gorda ante la falsificación de documentos, al igual que fraude y corrupción, además de los abusos arriba citados.

El ministro de Protección Jurídica de Holanda, Sander Dekker dijo que “el gobierno debió desempeñar un papel más activo al intervenir en casos de abusos…es doloroso constatar que el gobierno holandés no hizo lo que se esperaba de él”, al tiempo que presentó excusas a los adoptados.

Agregó que el sistema “contiene aún vulnerabilidades inherentes” y que la decisión de suspender de suspenderlo de forma inmediata es para proteger a los niños y a sus padres biológicos contra los abusos. Sin embargo anticipó que se mantendrá para las familias que ya están en él pero deberán cumplir con nuevos y exigentes requisitos.

El Icbf, tras estallar este ‘escándalo’ a comienzos de semana en Holanda,  indicó al través de un comunicado que, efectivamente, en enero de 2020, se “atendió la visita de los profesores Georg Frerks y Niels Terpstra, de la Universidad de Utrecht, quienes adelantaban un estudio para el gobierno holandés sobre las adopciones entre Colombia y los Países Bajos.  La Subdirección de Adopciones atendió su solicitud y les proporcionó información clara y contextualizada para responder a sus preguntas”.

Pero, ¿por qué se creó tal comisión y sólo se han investigado las adopciones en esas tres décadas de finales del siglo pasado?

Hay dos antecedentes claves que llevaron a que el gobierno holandés decidiera, en 2018, abrir esta investigación: una que había realizado la policía holandesa a principios de los años 80’s en la que pese a constatar “actos criminales” en 42 casos fue cerrada y el cada vez más creciente número de adoptados que con el paso de los años decidieron indagar por sus raíces.

Siendo adultos, muchos de esos niños que hicieron su vida lejos de su país de origen, hicieron uso de su derecho de indagar sobre sus padres biológicos y sus familias. Sin embargo un gran número de ellos vieron frustrado ese deseo al descubrir que sus actas de nacimiento habían sido falsificadas o extraviadas o que su adopción había sido ilegal.

Para ilustrar, tan solo el caso de Dilani Butink, una joven adoptada en un proceso rodeado de falsificaciones hace 26 años en Sri Lanka, quién buscó, sin encontrar, ayuda en los tribunales neerlandeses. Ella comprobó que su acta de nacimiento era ilegal y en la búsqueda de sus raíces solo pudo saber que sus padres adoptivos habían ido a su país a recoger un niño pero que “resultó no estar disponible” y un intermediario propuso a esta niña (ella) como "alternativa".

Sin embargo, en sentido contrario, también se han registrado adopciones muy positivas que dieron un futuro estable y seguro a niños, entre ellos cientos de colombianos. Son varios los casos que ellos han podido, a través de “Búsqueda de orígenes”, el programa del Icbf, encontrar y conocer a sus progenitores biológicos.

A finales de la década de los 60’s la gran mayoría de niños adoptados por parejas holandesas provenían de Sri Lanka, India, Indonesia y Corea del Sur. Posteriormente a éstos se sumaron los latinoamericanos, mayoritariamente brasileños y colombianos.

Según la ONG Mijn Roots, 2.132 menores de edad colombianos fueron adoptados por familias de los países bajos entre 1981 y 1992, mientras que surcoreanos fueron 1.323 adicionales a los 2.317 que se ‘entregaron’ entre 1974 y 1980.

De Sri Lanka llegaron a tierra holandesa 2.972 niños, de India 2.382, de Indonesia 3.040 y un número similar de Brasil.

La  Comisión Joustra tras visitar varios de los países de origen de estos adoptados evidenció también lo que denominó  "actos poco éticos", como la adopción de niños "con falsos pretextos o bajo presión moral, lo que creó deliberadamente incertidumbre o ambigüedad en torno a los orígenes de alguien y abuso de la pobreza".

Es por todo ello que el ministro Dekker dijo que los adoptados "merecen reconocimiento por los errores del pasado así como ayuda psicológica y económica para la búsqueda de sus padres biológicos. Deben poder contar con nuestra ayuda en el presente, y para el futuro, tenemos que preguntarnos de forma crítica si y cómo continuaremos con la adopción en el extranjero".

Como se sabe, Colombia ha sido uno de los destinos de parejas extranjeras que buscan adoptar niños o jóvenes. La gran mayoría de las peticiones son de Estados Unidos y de países europeos como Holanda. Todas deben cumplir un proceso complejo y demorado, que puede tardar entre 9 meses y casi dos años ya que se deben cumplir una serie de requisitos que van desde una mínima capacidad económica hasta la estabilidad familiar que garantice la protección y los derechos de los adoptados.

Los datos de la última década y sin consolidarse completamente los de 2020, se evidencia que la adopción de colombianos, tanto a nivel interno como externo, se han reducido. De 2.713 realizadas en 2011, al cierre de 2019 no llegaban a las 1.500. Y, con corte a agosto del año anterior, donde la pandemia del coronavirus no frenó los procesos, se habían recibido 1.085 solicitudes, de las cuales se asignaron 632, de éstas, el 46.6% para extranjeros. El resto permanece en lista de espera.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al referirse a la investigación realizada por el gobierno holandés indicó que no ha recibido las conclusiones de la misma y que antes de 1975 en el país los procesos de adopción los determinaban los jueces de menores, con intervención de fundaciones de asistencia social.

Recuerda que solo cuando se expidió la Ley 5ª de ese año, se estableció la intervención de los Defensores de Familia del ICBF en esos procesos y destacó que el Programa de Adopción de Colombia, “ha sido reconocido internacionalmente como un esquema riguroso que brinda toda la seguridad jurídica a quienes participan en él. Inclusive, recientemente el país fue invitado a participar en la realización de la Guía de Buenas Prácticas en el Comité de La Haya”.

Finaliza el comunicado del Icbf que en Colombia solo hay un Organismo Acreditado de Holanda a través del cual en los últimos cinco años 11 niños fueron adoptados por familias de ese país y que cinco parejas de allí “se encuentran a la espera de la asignación de un niño, niña o adolescente para terminar su proceso de adopción”.

Aunque la investigación es sobre la actuación holandesa puede dar pie a que los países donde se evidenciaron los ‘abusos’ inicien sus propias averiguaciones.