Se espera que la semana entrante el presidente Iván Duque, tras su visita a Estados Unidos, sancione la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) o en caso contrario la objete por razones de conveniencia.

No obstante, mientras toma esta decisión siguen arribando a la Corte Constitucional solicitudes de ciudadanos pidiendo aclaración o nulidad de constitucionalidad. Por el momento se cuenta cerca de medio centenar de estas acciones.

Por ejemplo, entre las solicitudes que han sido radicadas hay una que pide la nulidad parcial de los artículos 101 y 103 del proyecto de Ley Estatutaria de la JEP.

También fueron presentadas 16 solicitudes por parte de la personera de La Calera, Maira Sandoval, a nombre de ciudadanos de este municipio cundinamarqués que afirman ser víctimas del conflicto armado.

De igual manera fueron presentadas 24 solicitudes por ciudadanos que también aseguran ser víctimas del conflicto, así como 16 firmadas por personas que aseveran ser estudiantes de la especialización en Administrativo de la Universidad Nacional.

Hasta el momento la JEP, creada por el acuerdo para la aplicación de justicia por los graves delitos acaecidos en el conflicto armado, se mantiene con el reglamento que se dio, pues a pesar de que tiene más de un año de operar sigue pendiente de la Ley Estatutaria así como de la Ley de Procedimientos, la cual está en revisión de la Corte Constitucional.

La semana anterior se presentó una polémica debido a que la bancada del Partido de La U  sacó un comunicado en el que señaló al presidente del Senado, Ernesto Macías, de supuestamente frenar el trámite de la Ley Estatutaria de la JEP, aprobada por el Congreso hace siete meses y declarada exequible por la Corte.

Tras el receso de diciembre los funcionarios administrativos del Congreso revisaron el texto y el definitivo le fue enviado a Ernesto Macías, del Centro Democrático, el 30 de enero, y al día siguiente se lo remitió a su homólogo de la Cámara, Carlos Chacón.

Fue entonces cuando Chacón se abstuvo de firmar el acto porque comprobó que en Senado se omitió incluir dos de las modificaciones que hizo la Corte.

Una, en el Artículo 9, donde no se incluyó la frase: “Proteger los derechos de las víctimas; contribuir al logro de una paz estable y duradera; y adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes”. Y otra en el Artículo 131, segundo inciso, se omite la referencia al Artículo 135.

Superado el impase, que según Macías obedeció a que la impresora “no quedó bien configurada”, el texto final fue remitido el pasado 8 de febrero al presidente Duque.

Mientras eso sucedía, la presidenta de la JEP, Patricia Linares, le envió una carta al Primer Mandatario en la que le dice que “dada la importancia y trascendencia de la mencionada norma, de manera muy respetuosa me permito solicitarle darle prioridad al trámite de sanción, lo que garantizará de manera diáfana e inequívoca los derechos al debido proceso y la seguridad jurídica, entre otros, de las víctimas, los comparecientes y la sociedad colombiana”.

Futuro de la norma

En el Gobierno se ha guardado silencio frente a la posibilidad de que Duque objete la Ley Estatutaria de la JEP, aunque existe jurisprudencia que le permite hacerlo.

Se trata de la Sentencia C-634 de 2015 que establece: “Si bien es cierto que, tal y como se señaló anteriormente, los proyectos de ley estatutaria tienen un control previo y automático de la Corte, ello no impide que el Presidente, una vez efectuado el examen de constitucionalidad, no pueda objetar por ‘inconveniencia’ este tipo de proyectos de ley”.

El senador Roy Barreras, copresidente de la Comisión de Paz del Senado, indicó “quienes le recomiendan al presidente Duque objetar la ley, se equivocan si piensan que con eso lastiman a la JEP, todo lo contrario, la dejan en libertad para que por mandato constitucional ella misma pueda darse su propio reglamento”.

Añadió el parlamentario de La U que “si pretenden hundir la Ley Estatutaria, lo que hacen es fortalecer aún más la JEP. No puede un Ejecutivo (no existe un antecedente), objetar las interpretaciones de la Corte, en eso no se equivoquen”.

Vale recordar que Duque en sus tiempos de senador integrante del Centro Democrático fue crítico de la JEP porque, según dijo, generaría impunidad por los delitos que cometieron los integrantes de las Farc y no brindaría garantías para el juzgamiento de los uniformados.

Por el momento la Corte no ha dado trámite a las más de 50 acciones que ha recibido contra la Estatutaria de la JEP, solo lo hará si el presidente Duque la sanciona y se convierte por este efecto en Ley.