Agotar de forma urgente todas las vías legales para lograr la extradición del jefe paramilitar Salvatore Mancuso desde Estados Unidos, planteó este fin de semana desde Nueva York la organización Human Rights Watch (HRW).
Mancuso, como lo ha informado EL NUEVO SIGLO, se encuentra en Estados Unidos luego de haber cumplido una pena en ese país por tráfico de cocaína.
A través de un comunicado, HRW consideró que “hasta ahora, las autoridades colombianas han hecho mediocres esfuerzos por lograr su retorno. El líder paramilitar debería rendir cuentas por sus atrocidades, y su testimonio podría ser extremadamente valioso para lograr la verdad plena sobre crímenes cometidos por grupos paramilitares y sus cómplices”.
Para José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, “el testimonio de Salvatore Mancuso podría ayudar a develar la verdad sobre cientos de crímenes atroces y garantizar justicia para miles de víctimas”, sin embargo “hasta ahora las autoridades colombianas han hecho muy poco para lograr su extradición, y los pasos que han tomado han sido notoriamente negligentes”.
En 2015, una corte federal de los Estados Unidos condenó a Mancuso a 15 años de prisión por su rol en tráfico internacional de drogas, luego de un preacuerdo. En marzo de 2020, Mancuso terminó de pagar su pena en los Estados Unidos.
Según HRW, allegados a Mancuso han informado a la prensa que el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos ha ordenado su deportación a Italia, donde Mancuso también es ciudadano, pero la deportación aún no ha ocurrido. Los tribunales colombianos han condenado a Mancuso por más de 1.500 homicidios y desapariciones. Mancuso ha reconocido estos hechos y frecuentemente ha implicado a otros comandantes y políticos. El alto mando paramilitar aún tiene cientos de investigaciones abiertas en el país. Italia y Colombia no cuentan con un tratado de extradición.
En 2008, el entonces presidente Álvaro Uribe extraditó a Mancuso y otros 13 comandantes paramilitares a los Estados Unidos para que fueran procesados por causas de narcotráfico.
Desde Estados Unidos, Mancuso continuó confesando crímenes con arreglo a la Ley de Justicia y Paz, la cual le otorga penas de hasta ocho años de prisión a los miembros de grupos paramilitares que se desmovilizan, confiesan sus crímenes y entregan los bienes que obtuvieron de forma ilegal. En noviembre de 2019, un juzgado de Bogotá concluyó que Mancuso ya había cumplido con su pena de Justicia y Paz en Estados Unidos y le otorgó la libertad condicional. Pero el 11 de agosto, el Tribunal Superior de Bogotá revocó esa decisión y ordenó el arresto de Mancuso. El Tribunal solicitó al Ministerio de Justicia que procurara la extradición de Mancuso. La decisión se produjo después de una apelación interpuesta por parte de un abogado de las víctimas y de la Fiscalía.
Las autoridades judiciales colombianas aún están adelantando cientos de investigaciones por crímenes de guerra en contra de Mancuso, de acuerdo con entrevistas a fiscales y documentos judiciales a los que tuvo acceso HRW. Si Mancuso confiesa su rol en estos delitos y coopera con el sistema judicial, es probable que muchos de estos casos sean consolidados con las condenas por Justicia y Paz. Pero con arreglo a las decisiones de la Corte Constitucional, Mancuso podría perder los beneficios de la Ley de Justicia y Paz y obtener largas penas en prisión si comete nuevos delitos, miente sobre sus crímenes o no coopera debidamente con el sistema judicial.
En su comunicado, HRW consideró que Mancuso no tendría incentivos para seguir cooperando con la justicia colombiana si se le permite viajar a Italia.
Las autoridades colombianas han formulado tres pedidos de extradición en relación con Mancuso. Los ministerios de Justicia y Relaciones Exteriores, la Fiscalía General de la Nación y algunos jueces han estado involucrados en estas solicitudes.
En junio de este año, fiscales de Estados Unidos hicieron una solicitud a un tribunal federal de Georgia a pedido de autoridades colombianas, instando a la extradición de Mancuso en relación con una sentencia a 27 años de prisión por dos casos de secuestros y homicidios cometidos en 1997, según documentos judiciales a los que tuvo acceso HRW. Pero días después, Colombia repentinamente retiró su solicitud. Si bien, las autoridades colombianas no dieron una explicación al respecto, HRW pudo confirmar que la solicitud fue retirada porque los tribunales ya habían consolidado esa sentencia con las decisiones de Justicia y Paz y consideraban que la pena ya había sido cumplida.
“Una lectura rápida y superficial de la condena relevante de Justicia y Paz y una búsqueda online hubieran sido suficientes para que las autoridades colombianas descubrieran el inexcusable error que cometieron con la solicitud de extradición de Mancuso”, sostuvo Vivanco.
Entre marzo y mayo, las autoridades colombianas redactaron otras dos solicitudes de extradición en relación con casos de homicidios, secuestros y desplazamientos forzados, según dijeron fuentes judiciales a HRW. Pero las autoridades de Estados Unidos no aceptaron las solicitudes, aparentemente, porque los fundamentos legales no coinciden con la legislación de Estados Unidos, un requerimiento estándar para casos de extradición desde ese país. Teniendo en cuenta que hay cientos de casos pendientes contra Mancuso y que las autoridades colombianas tienen una abundante experiencia con procesos de extradición, estas tres mediocres solicitudes de extradición son difíciles de compatibilizar con la importancia que merece este caso, sostuvo HRW.