Tras muchos meses de espera, ayer, por fin, se dio la publicación por parte del Ministerio de Justicia del borrador del decreto que regula el control de los riesgos para la salud y el medio ambiente en el marco de la erradicación de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea. En otras palabras, la norma que permitiría volver a retomar en Colombia la fumigación con glifosato de los cocales desde el aire, suspendida desde 2015.
Ahora la puesta en marcha del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato (Pecig) depende de la próxima publicación de estudios del Ministerio de Ambiente y el Instituto Nacional de Salud.
No es un tema fácil, ya que el Ejecutivo debe asegurarse no solo de minimizar al máximo la posibilidad de daños colaterales a la salud humana, las fuentes hídricas, los cultivos legales y el medio ambiente por las fumigaciones aéreas, sino que también sabe que una sola falla en este protocolo y la Corte Constitucional o un juez, vía tutela, le pueden paralizar todo el programa.
De igual manera, es claro que en algunas regiones habrá protestas de los campesinos cocaleros, que preferirán forzar acuerdos con el Gobierno para la destrucción compensada de los sembradíos. Y a ello se suma, que los grupos narcotraficantes, las disidencias de las Farc, la guerrilla del Eln y las bandas criminales como el ‘Cartel del Golfo’ o ‘Los Caparros’, presionarán o amenazarán a la población para que proteste contra las fumigaciones. Claro, aparte de los ataques armados directos a la Fuerza Pública y los aviones de fumigación.
Ese es el difícil panorama que implica esta apuesta del gobierno Duque por retomar la fumigación aérea con glifosato. Una promesa de campaña, después de recibir los narcocultivos en más de 210 mil hectáreas dejadas por la administración Santos, y hoy tenerlas ya por debajo de los 150 mil. Incluso, la meta de destrucción este año es de 130 mil hectáreas, igual al récord de 2020. Para ello es clave contar con el ‘arma’ de la fumigación aérea.
El plan
Precisamente hace 10 días el ministro de Defensa, Diego Molano, calculó que todos estos procedimientos “a finales del mes de marzo deben culminar, de modo que se pueda iniciar de inmediato la aspersión con precisión”.
Ajustándose al Auto 387 de 2019, con el que la Corte Constitucional reiteró y precisó los términos de la Sentencia T-236 de 2017, en relación con las condiciones que debe cumplir el Gobierno para poder reanudar el programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante la aspersión aérea con glifosato, el Ejecutivo certifica en su borrador de decreto que la decisión del regreso del glifosato es del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE), del que hacen parte varios ministerios, la Procuraduría, la Fiscalía y la Policía.
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Fumigación
Despejando dudas sobre la forma en que se adelantará la fumigación, el borrador especifica que “la erradicación de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea se refiere a la erradicación de cultivos ilícitos mediante aeronave tripulada”.
También concreta que el CNE, “en el momento de disponer la destrucción de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea, debe definir el ámbito territorial donde se ejecutarán los programas y, en todo caso, debe excluir las áreas del Sistema Parques Nacionales Naturales y los Parques Naturales Regionales, los ecosistemas estratégicos como páramos, humedales categoría Ramsar y manglares, los cuerpos de agua y los centros poblados”.
Si por una parte “la ejecución del programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea está a cargo de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional (Diran)…”; por otra “el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) o cualquier otra entidad competente para tramitar y verificar quejas por posibles afectaciones que se deriven de los efectos del programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea, deberán entregar trimestralmente al CNE un informe que contenga los resultados cualitativos y cuantitativos de las quejas, para que adopte las decisiones pertinentes a fin de mantener, modificar o suspender la ejecución del programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea”.
Si bien el borrador prevé que la fumigación también dependa de la revisión de la literatura sobre las investigaciones científicas, señala que “dicha revisión no puede estar basada en un solo estudio o concepto técnico, sino que debe evidenciar el cotejo de diferentes estudios o conceptos técnicos, cuando a ello haya lugar. La exigencia de certeza razonable no puede ser comprendida como una demostración de certeza absoluta e incuestionable sobre la ausencia de riesgo o de daño”.
El borrador establece que “la participación ciudadana efectiva deberá garantizarse antes, durante y después de la ejecución del programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea, incluidos sus pilotos”.
Varias acciones
El domingo pasado, el ministro Molano le dijo a EL NUEVO SIGLO que “la prioridad de reducir los cultivos ilícitos involucra varias acciones: la erradicación manual, la sustitución de cultivos y el desarrollo alternativo, pero también la aspersión con prevención, cumpliendo con los seis requisitos que ha señalado la Corte Constitucional en las áreas que corresponden”.
En ese orden de ideas, ayer el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, confirmó en la Costa Pacífica nariñense los avances que a la fecha registra la Ruta Futuro, política integral para enfrentar el problema de las drogas.
Ruiz señaló que “en lo corrido de 2021, con corte al 11 de febrero, se han erradicado 7.234 hectáreas de cultivos ilícitos, más del doble que en el mismo periodo del 2020, cuando se erradicaron 3.405. Hoy la Fuerza Pública adelanta labores de erradicación en todo el territorio nacional, las cuales se concentran en Nariño, Antioquia, Norte de Santander, Córdoba, Putumayo, Caquetá y Guaviare”.
A la fecha se encuentran en operación 96 grupos móviles de erradicación (civiles contratados), 74 pelotones de soldados y policías que erradican manualmente y 10 pelotones Pecat (Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Terrestre con Glifosato).
“La productividad de la erradicación aumentó en un 83%, al pasar de 83 hectáreas diarias en 2020 a 152 en 2021”, destacó el jefe de la cartera de Justicia, quien reiteró que se requiere aplicar todas las herramientas posibles en la lucha contra las drogas para ser más efectivos y evitar que más familias se destruyan debido a la adicción de alguno de sus miembros.
Plan listo
Hace varios meses, el fallecido ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunció que ya el Gobierno contaba con el material y los equipos necesarios para reiniciar en Colombia la aspersión aérea con glifosato.
El plan se ejecutaría en 104 municipios de 14 departamentos, divididos en seis zonas, siendo Meta, Guaviare y Vichada los primeros en recibir las aspersiones, esto según lo detalla la cartilla del Plan de Manejo Ambiental para el Programa de Erradicación de Cultivos ilícitos mediante Aspersión Aérea presentada por la Policía Antinarcóticos a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
Los otros 11 departamentos son Caquetá, Putumayo, Nariño, Cauca, Antioquia, Bolívar, Córdoba, Santander, Norte de Santander, Chocó y Valle del Cauca.
El mencionado Auto verificó el cumplimiento de órdenes proferidas en la Sentencia T-236 del 21 de abril de 2017, condiciones que se desprenden del fallo de 2015 que mandó suspender el uso del herbicida y que fueron precisadas y actualizadas en febrero de 2020, cuando la Sala Plena de la Corte reiteró que el CNE debe definir la reanudación del Pecig teniendo en cuenta toda la evidencia científica y técnica disponible sobre la minimización de los riesgos para la salud y el medio ambiente así como las opciones que ofrecen los instrumentos de política pública para la solución al problema de las drogas ilícitas.