La reinserción de los excombatientes de la extinta guerrilla de las Farc es actualmente uno de los temas más álgidos en la implementación del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y esa insurgencia. Seis meses después de que se concluyera el proceso de desarme, muchos exguerrilleros afirman que los avances en ese aspecto han sido lentos y reclaman herramientas para hacer realidad sus ideas empresariales, entre ellas tierra para cultivar e impulsar proyectos productivos rurales.

Así lo explica Germán Moreno, quien fue conocido en las Farc como Rafael Malagón. Por años militó en el frente 33 que actuaba en la zona del Catatumbo, en la frontera con Venezuela. Hoy trabaja como representante legal de Ecomún, una cooperativa creada en el Acuerdo de Paz para agrupar y respaldar los proyectos productivos de los excombatientes.

“Nuestra gente está buscando resolver un asunto grueso que es el de la tierra. Muchos de los que estaban en las zonas veredales se han trasladado a las regiones donde antes operaban como frente porque allí tienen a sus familiares, su acumulado político y posibilidades de conseguir un pedazo de tierra para hacer lo que saben hacer: cultivar”, afirma Moreno.

Hasta ahora unas 12.000 personas han sido acreditadas por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz como miembros de 'Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común'. De ellos, según cifras de la ONU, el 96.7% tiene acceso a cuentas bancarias, el 99% ha recibido un subsidio de reintegración que se entrega una única vez y el 87% recibe mensualidades para su sostenimiento.

Pero la Misión de la ONU en Colombia explica que la falta de progreso en la creación de vías reales para la reintegración ha llevado a que algunos miembros de la Farc salgan de las zonas veredales buscando opciones. “De ahí la importancia que reviste el acceso a la tierra; la elaboración, financiación y ejecución de proyectos productivos viables”, explica el mecanismo en su último reporte trimestral.

Moreno añade que las iniciativas deben estar vinculadas al desarrollo local y consolidarse como cooperativas para que se lleven a la práctica. “Nosotros queremos un pedazo de tierra y poder trabajar con nuestras familias y las comunidades que nos apoyan. Queremos que los bienes que producimos en el país no los tengamos que importar”, explica el representante legal de Ecomún.

El reclamo por tierra no es nuevo. La apropiación, el uso y la tenencia de la tierra han sido los “motores del origen y la perduración del conflicto armado”, explica el Centro Nacional de Memoria Histórica. Desde su nacimiento, la guerrilla de las Farc ha señalado la extrema desigualdad en la distribución de los predios agrícolas como una de las principales razones de su lucha armada.

“La idea del proceso de paz es que la gente no tenga que volver a empuñar las armas para reclamar algo que está contemplado en la Constitución”, afirma Moreno recordando las causas históricas del conflicto. Desde diciembre de 2017 el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, anunció que publicaría un decreto que permitirá a excombatientes acceder a la propiedad de la tierra.

El pasado 12 de abril el mandatario afirmó que ya estaba listo un borrador del prometido documento, que crearía un programa especial de dotación de tierras en el que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) podrá adquirirlas mediante negociación directa e incluso extinción de dominio y posteriormente entregarlas a los exintegrantes de la Farc.

Hasta el momento, la ANT ha declarado 76 predios aptos para la adquisición y producción agrícola. Pero, aun si el decreto se publicara en las próximas semanas, no se podrá implementar hasta después de las elecciones presidenciales, ya que la ley impide que se realicen contrataciones en época de elecciones. Una opción que está evaluando el Gobierno sería comprar tierras como parte de la financiación de proyectos productivos para poder implementarla inmediatamente.

Las cooperativas

A la fecha 3.500 miembros de Farc han creado unas 51 cooperativas. Sin embargo no faltan los obstáculos, uno de ellos es que las entidades financieras no les otorgan cuentas bancarias por miedo a que se usen para lavado de activos y otros dineros ilícitos.

La solución que han encontrado es que la Superintendencia Financiera publique un decreto que allane el camino para que estas nuevas empresas entren al mercado financiero. El Gobierno además ha contabilizado más de 100 iniciativas productivas en distintas etapas de producción. “Lamentablemente el mecanismo establecido en el Acuerdo de Paz para generar y financiar esos proyectos ha sido ineficiente”, afirma la Misión de la ONU en Colombia.

Hasta ahora solo un proyecto productivo ha sido aprobado y se le ha otorgado el monto de COP 8.000.000 (unos USD 2.800) a cada uno de sus miembros, como lo estipula el Acuerdo.

Para solucionar los retrasos que lleva el proceso de reinserción, el Gobierno ideó un 'plan de choque' para lograr en los próximos meses abrir cuentas bancarias para las 51 cooperativas, aprobar y financiar proyectos productivos en todos los espacios territoriales de reintegración y promulgar normas para que los excombatientes puedan adquirir legalmente las tierras por las que lucharon con armas durante cinco décadas.