El despacho del ministro de Relaciones Exteriores conserva todas las facultades y deberes que la Constitución y la ley le atribuyen.

El pasado 22 de febrero, de conformidad con el régimen institucional de la Cancillería, se decidió que la Secretaría General retomaría el trámite del proceso licitatorio LP 003 de 2023, que aún está en curso, para la elaboración y suministro de pasaportes.

Esto se hizo con el fin de fortalecer la institucionalidad en la gestión de todos los trámites administrativos, presupuestales, jurídicos y demás de la Cancillería.

El 23 de febrero se suspendió, y se mantiene suspendido el proceso con el fin de evaluar las más de 550 observaciones de 19 interesados y definir condiciones de competencia y transparencia.

El secretario general no tenía competencia para revocar el acto administrativo proferido por su superior jerárquico, el Canciller Álvaro Leyva Durán, él declaró desierto el anterior proceso licitatorio LP 001 de 2023.

El mismo Dr. José Antonio Salazar ha reconocido que sus actuaciones fueron inconsultas y por tanto contrarias a las instrucciones del Canciller (e). 

El 26 de febrero el secretario general fue removido del cargo y desde el 22 de febrero sabía de su retiro.

Se está examinando con rigor su actuación al asumir una competencia retroactiva y al intentar llevar a cabo la celebración de un contrato por 599 mil millones de pesos sin contar con el respaldo presupuestal necesario.

No es cierto, como se afirmó en la resolución que pretendió la adjudicación, que exista el certificado de disponibilidad presupuestal número 74-923 para el proceso contractual antes referido.

Estos recursos fueron reasignados desde el 2 de octubre del año pasado para garantizar la prestación del servicio en la actual vigencia fiscal.

Las sedes en Bogotá, las gobernaciones y nuestros consulados alrededor del mundo, siguen y seguirán prestando el servicio de pasaportes sin alteraciones, como quiera que el Contrato No. 356 se encuentra en ejecución hasta el 2 de octubre de 2024.