Una alerta relacionada con los problemas que se ocasionarán si las revocatorias de inscripción de cédulas no se resuelven antes del domingo encendió la Misión de Observación Electoral (MOE).

Según la entidad hay “preocupación por la incertidumbre existente sobre la ubicación de ciudadanos dentro de la División Política Electoral. Luego del proceso de inscripción de cédulas de 3.686.221 ciudadanos, la anulación de 1.065.741 (29%) de estas inscripciones y la interposición de un enorme número de recursos para revocar esas anulaciones, a menos de una semana de las elecciones el Consejo Nacional Electoral (CNE) sigue realizando modificaciones al censo electoral”.

La ONG indica que la situación ya había sido advertida a principios de este año, pues “una gran proporción de los inscritos para enero de 2019 ya se identificaban como posibles trashumantes por los cruces de información realizados por la Autoridad Electoral, por lo que se señaló que ante el riesgo de que uno de cada diez ciudadanos que inscribe su cédula actualmente sea un trashumante, la MOE quisiera saber el cronograma de acción de los magistrados del CNE ante el problema de las inscripciones irregulares, de tal modo que la ciudadanía tenga tiempo razonable para presentar los recursos del caso”. Sin embargo, esto no se hizo.

La MOE afirmó que esta no es la primera vez que esto sucede, pues para las elecciones locales de 2015 muchos de los recursos de inscripción fueron respondidos en 2016, incluso hasta noviembre de ese año, “más de un año después de las elecciones, como consta en la información solicitada por la MOE y entregada por el presidente del CNE el 12 de marzo del presente año”.

La organización manifestó en su informe que es consciente del esfuerzo que actualmente hacen los despachos de los magistrados del CNE para resolver esta situación, así como que la capacidad técnica de la Autoridad Electoral es propicia para esa situación, “en todo caso le pide a la Comisión de Seguimiento Electoral tener en cuenta este problema para prevenir en futuras elecciones la incertidumbre sobre el censo electoral, e incluso el riesgo de afectar el derecho a la participación política de los ciudadanos”.

Además, el organismo advirtió sobre la exclusión irregular de cédulas “de personas que ni siquiera efectuaron la inscripción para este proceso electoral, y que además han votado en los últimos procesos electorales en el puesto de votación del cual fueron excluidos”.

Así mismo, la MOE expresó que se registran reclamaciones de ciudadanos que afirman que al momento de la inscripción presentaron su certificado de residencia y demás soportes, sin embargo, terminó siendo anulada su inscripción.

“Para la MOE es preocupante que la insuficiente publicidad de los mecanismos de impugnación frente a la anulación de cédulas. A través de los reportes se detectan dos problemas. Primero, el desconocimiento de parte de la ciudadanía en relación con la existencia y el uso de este recurso. Segundo, el poco tiempo que tiene el CNE para resolver los recursos presentados. Como se mencionó previamente, para el proceso electoral de 2015 la Autoridad Electoral terminó de resolver este tipo de reclamaciones en noviembre de 2016”, afirmó.

Por otro lado, la organización llamó la atención sobre utilización de recursos públicos en corrupción y constreñimiento al sufragante. Según cifras de la MOE, para este proceso electoral se han presentado 272 reportes relacionados con la utilización de recursos públicos para promocionar candidaturas, incluso para la presunta comisión de delitos como corrupción y constreñimiento al elector.

Este fenómeno se presenta “en realización de eventos públicos y reuniones de programas sociales para promocionar candidatos; utilización de bienes estatales (instituciones educativas, medios de transporte, equipos tecnológicos, entre otros) en la realización de campañas políticas;  y construcción de vías u obras públicas, entrega de subsidios o apoyos estatales para promocionar candidatos y/o exigir su voto por el candidato”.

Para la MOE es importante que las autoridades electorales competentes inicien las actuaciones pertinentes para investigar a los funcionarios públicos que incurran en estas irregularidades y en caso de ser necesario, que sean apartados de sus cargos, y con ello garantizar el equilibrio entre las distintas campañas políticas y la preservación de los recursos públicos.