El Centro Nacional de Memoria explicó que Colombia podría tener entre tres y cuatro veces más desaparecidos que los registrados en la dictadura de Argentina.

En los últimos 60 años del conflicto armado colombiano se identificaron 83.000 casos de desapariciones forzadas.

Con motivo de las sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se realizan en Sucre, Bolivia, 18 organizaciones de la sociedad civil expondrán sus preocupaciones por la magnitud de la desaparición forzada en Colombia y las prácticas de ocultamiento de las víctimas en cementerios y fosas comunes.

El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) explicó en el 2018 que Colombia podría tener entre tres y cuatro veces más personas desaparecidas que las registradas durante la dictadura en Argentina (1976-1983). 

Los responsables de este fenómeno son, según el CNMH, los grupos paramilitares (62,3%); la insurgencia (24,3%); grupos posdesmovilización (6,5%); agentes del Estado (5,8%) y algunos agentes estatales (0,9%). 

Como consecuencia de las pugnas por el territorio nacional entre las organizaciones al margen de la ley y las estatales, unos 426 cementerios del país se convirtieron en el vertedero de 26.000 cadáveres sin identificar, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior. De estos, el 69% son privados, el 27% públicos y el 4% mixtos.

Mininterior también señaló que tan solo el 35% de los municipios de Colombia contemplan dentro de sus planes de desarrollo adjudicar algún tipo de proyecto o inversión para el manejo y cuidado de los cementerios donde son enterradas estas personas.

Por su parte, la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía General de la Nación realizó un censo de personas no identificadas inhumadas (enterradas) en cementerios municipales y, a partir de lo reportado por las administraciones locales, se localizaron 20.453 cuerpos sepultados como no identificados, de los cuales 9.152 reposan en bóvedas individuales, 2.277 en fosas comunes, 3.563 en fosas en tierra individuales y 5.461 en fosas comunes en tierra. 

En la audiencia de la CIDH estas organizaciones, representadas por un colectivo de abogados, hará énfasis en tres puntos. 

Se efectuará un llamado sobre la importancia de la búsqueda de las personas desaparecidas; la urgencia de proteger los cementerios y sitios irregulares de sepultura; y la participación efectiva de las víctimas en las entregas de los cuerpos de sus seres queridos.

Tras la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las Farc, Colombia creó la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), misma que tiene el compromiso de resarcir a las víctimas de la desaparición con verdad y reparación.

Aunque en el papel este compromiso significó una luz de esperanza para los familiares de los desaparecidos, en la práctica la realidad es otra. 

Al respecto, la Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda y otras cuantas corporaciones aseguraron que buena parte del país continúa con riesgos permanentes de extraviar cuerpos, de perder documentación, y la existencia de cementerios sin condiciones mínimas de salubridad; hay falta de control y de personal adecuado. 

La situación es mucho peor en las fosas comunes y sitios sin regulación que no tienen una sola medida de protección.

Para ilustrar las denuncias ante la CIDH se exhibirán casos específicos de “cementerios que están en estado crítico y que reflejan una problemática nacional, como el de Tumaco (Nariño), uno de los municipios más afectados por la violencia en Colombia”.

Además del cementerio en el municipio del Pacífico colombiano también existen otros con notables dificultades. Por ejemplo, está el caso de cementerios en San José del Guaviare donde se contabilizaron un total de 686 individuos enterrados como no identificados.

Otra denuncia que se hará en las sesiones de la CIDH en Bolivia tiene que ver con que las instituciones estatales no cumplen a cabalidad con los protocolos de entrega digna de los restos de las víctimas que ya han sido identificadas. 

Las organizaciones sociales ponentes subrayan que en algunas entregas no se les permitió a las familias participar en la preparación de las ceremonias ni conocer la manera en la que las entidades identificaron el cuerpo.

En este marco, numerosas entidades de DDHH como el Centro de Investigación y Educación Popular y La Corporación Avre, entre otras, elaboraron un informe que ofrece algunas recomendaciones para que el Estado colombiano actúe de forma articulada y genere un registro exacto de los muertos producto de estas medidas represivas en el conflicto.

Ante la dimensión de los datos proporcionados por la Fiscalía y el Ministerio del Interior, la CIDH ya había hecho algunas propuestas que hasta el momento no fueron implementadas por el Estado.

Por lo mismo, las 18 organizaciones denunciantes sostienen que “todas estas problemáticas requieren que las entidades estatales desplieguen mayor asignación presupuestal y desarrollen inversiones necesarias y urgentes. Hasta la fecha ha faltado una política de acción integral y efectiva para proteger lugares con cuerpos de personas no identificadas, lo que se entiende también como una falta de trato digno de las víctimas y sus familiares. Esta articulación resulta de extrema necesidad en este momento que la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) ha iniciado sus labores”.