El Consejo de Estado argumentó que la acción judicial presentada no cumplió con los requisitos necesarios 

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Por no cumplir los requisitos exigidos por la ley, la demanda de pérdida de investidura contra el senador Musa Besaile fue negada este martes por el Consejo de Estado. 

Besaile investigado por el 'Cartel de la Toga', un escándalo de corrupción en la Corte Suprema de Justicia, y además por el caso de Odebrecht, se encuentra recluido en La Picota por los delitos de cohecho y peculado.

Ante esta situación, el senador está suspendido pero sigue siendo el dueño de una curul en el Congreso de la República.

En este caso, Eduardo Carmelo Padilla, el ciudadano que presentó la acción judicial, señala que el congresista del Partido de La U aprovechó su poder electoral en el departamento de Córdoba para controlar la entrega de cupos indicativos en la región, es decir, habría presuntamente incurrido en el delito de tráfico de influencias.

Sin embargo, el Consejo de Estado determinó que "no es suficiente con la presentación de un escrito en donde se cuestione la conducta de un Congresista y se solicite la Pérdida de Investidura para activar el aparato jurisdiccional del estado; por lo que la mera afirmación del demandante no es suficiente, sino que requiere del agotamiento de una carga mínima de argumentación y prueba”.

El autor de la demanda citó varios registros de medios de comunicación que denunciaban que el senador del Partido de La U “decidió focalizar sus solicitudes a Palacio en las pequeñas carreteras en el que presuntamente le compraba a otros senadores los cupos indicativos recibidos en este rubro para el ejecutarlos”.

En la demanda se agrega que “el Senador Musa, al aprobar los cupos indicativos y demás proyectos del Gobierno y no declararse impedido en la votación por ejemplo del presupuesto nacional, incurrió en esta causal, pues estuvo movido por intereses personales que el asistía, ante las prebendas que del ejecutivo recibía por la apropiación del proyecto”.

En este el alto tribunal advierte que el accionante solamente citó los artículos periodísticos, sin citar otros medios de prueba o hacer mención explícita sobre elementos que podrían servir para verificar la actuación ilícita del congresista oriundo de Sahagún (Córdoba).

Por su parte, el Consejo le dio 10 días al demandante para que aclare circunstancias de tiempo, modo y lugar frente a los hechos denunciados.

Incluso, le pidió exponer las razones para pedir los testimonios de los senadores Álvaro Uribe Vélez, Ernesto Macías e Iván Cepeda.