El Juez 18 Penal de Conocimiento de Bogotá no aprobó el principio de oportunidad de la excongresista Aida Merlano por el delito de fuga de presos al determinar que no se cumplieron los requisitos legales para aprobar la negociación.
El preacuerdo con la Fiscalía se produce en un contexto donde Aida Victoria aceptó los cargos imputados. Sin embargo, este acuerdo no garantizaba su libertad inmediata, se había negociado una pena de 32 meses.
“La pena mínima contemplada originalmente es de 48 meses. Al aplicar la reducción de una tercera parte, lo que equivale a 16 meses, se obtiene la pena acordada de 32 meses. Este beneficio se otorga debido al reconocimiento del hecho y la colaboración con las autoridades de la señora Aida Merlano Rebolledo con la administración de justicia”, dijo la Fiscalía en su momento.
El 19 de septiembre, el juzgado solicitó que se reanudara la audiencia, la cual tuvo lugar hoy 10 de octubre.
La decisión será apelada por la Fiscalía y la defensa de Aida Merlano, lo que implica que el caso pasará a ser estudiado por el Tribunal Superior de Bogotá.
Durante la audiencia, la defensa de Aida Merlano argumentó que el acuerdo propuesto con la Fiscalía es completamente legal y justo. Según ellos, la pena que se debería imponer a la condenada por su fuga de prisión debería ser de 32 meses, ya que este acuerdo incluye un descuento de un tercio de la pena mínima por el delito.
"Señores magistrados, la jurisprudencia nos ha indicado que la pena negociada entre la Fiscalía y la defensa será obligatoria para la decisión del juez, de acuerdo con varias pronunciaciones, entre ellas, donde indica que es una pena obligatoria para el juez de conocimiento sin que esta desconozca el ordenamiento", indicó la defensa de Merlano.
La defensa sostiene que la juez no debería exigir que el preacuerdo se establezca en una etapa posterior del proceso, como se ha indicado, porque esto no está respaldado por la ley colombiana. Además, mencionan que la jurisprudencia establece que las penas negociadas entre la Fiscalía y la defensa son obligatorias para el juez.