FISCALES DE la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impusieron medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 16 inmuebles urbanos y 1 establecimiento de comercio que estarían al servicio de organizaciones delincuenciales vinculadas a la falsificación y comercialización de licor.

Los bienes, que superarían en valor los 5.000 millones de pesos, están ubicados en las localidades de Los Mártires, Usaquén, Barrios Unidos, Kennedy y San Cristóbal, en Bogotá; y en Soacha (Cundinamarca).

Las investigaciones dan cuenta de que algunas de las propiedades serían utilizadas para la elaboración ilegal de bebidas embriagantes, por lo que en procedimientos anteriores se encontraron botellas, sellos de seguridad, tapas, estampillas y etiquetas. Otras habrían sido destinadas para almacenar la producción y licita, o serían viviendas en las que funcionaban tiendas que venderían aguardiente, whisky y ron, entre otros licores falsos.

En el curso de la investigación las autoridades encontraron en un predio de Soacha estupefacientes y armas de fuego. Al parecer, los responsables de la actividad delictiva intimidaban a los residentes del sector para que no denunciaran lo que sucedía en el inmueble.

Este resultado responde al compromiso adquirido por la Fiscal General de la Nación (e), Martha Janeth Mancera, de impactar el patrimonio de las estructuras que más afectan la seguridad ciudadana.

A finales de marzo, el ente investigador impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre bienes que pertenecerían a los grupos narcotraficantes, estructuras delincuenciales y organizaciones criminales que tienen presencia ilegal en los departamentos del Eje Cafetero y Valle del Cauca.

Se trata de propiedades avaluadas preliminarmente en casi 100.000 millones de pesos, que pertenecerían a ‘El Alacrán’, ‘Los Flacos’, ‘Cordillera’ y un hombre conocido con el alias de ‘Maracuyá’.

Las diligencias de ocupación fueron realizadas con el apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional, en Valle del Cauca, Quindío, Huila, Meta, Antioquia, Magdalena, Cundinamarca y Bogotá.