La Fiscalía General de la Nación emitió una orden de captura contra implicado en incendio de Registraduría en Gamarra, el pasado sábado, que cobró la vida de la funcionaria Duperly Arévalo y dejó heridas a otras cuatro personas, entre ellas la registradora de Gamarra, Patricia Castro Roca, así como a dos funcionarios de la misma entidad y un policía.
El fiscal, Francisco Barbosa, fue quien anunció el avance en las investigaciones e hizo referencia a este caso después de un evento en la Cámara de Comercio de Bogotá, relacionado con el lavado de activos. En sus declaraciones, expresó su determinación de hacer efectiva la orden de captura y la importancia de la persecución de delincuentes y la búsqueda de justicia en el país. El fiscal afirmó: "Estamos en este momento actuando para proceder a hacer efectiva esa decisión. Le damos la certeza a los colombianos de que estamos encima de este hecho que es nefasto y lamentable."
Sin embargo, el fiscal Barbosa no dejó de manifestar su descontento con la reacción del presidente Gustavo Petro, quien, en lugar de condenar el incidente, criticó al Consejo Nacional Electoral por la inhabilitación de un candidato. Barbosa expresó su preocupación por la sensación de impunidad que existe en el país y la percepción de que los delincuentes pueden negociar con las autoridades después de cometer delitos. En sus palabras: "La gente cree que en Colombia es posible delinquir y después sentarse en una mesa y discutir condiciones del sometimiento pero no del delincuente sino de las autoridades."
El fiscal subrayó la necesidad de enviar un mensaje de contundencia a la sociedad, destacando que el país busca seguridad, tranquilidad y justicia rápida, sin permitir que los criminales influyan en las condiciones de seguridad del país a través de concesiones con las autoridades. En sus palabras finales, Barbosa enfatizó: "Este país quiere seguridad, tranquilidad y una justicia pronta y rápida y no quieren más criminales sentados definiendo las condiciones de cuál va a ser la seguridad de un país a partir de las concesiones que se dan con los delincuentes."
El incidente ocurrió en medio de manifestaciones y disturbios, en los que un sector de la comunidad expresó su profundo descontento con la decisión del CNE de inhabilitar al candidato Fernando Rafael Márquez Astier para la Alcaldía. Los informes preliminares revelaron que varias personas resultaron heridas durante los disturbios, incluyendo dos uniformados, civiles y la auxiliar quien sufrió quemaduras y fueron atendidas en el Hospital Regional de Aguachica.
La inhabilitación de Márquez, que forma parte del partido En Marcha, se basa en la presunta suscripción de contratos con la empresa de servicios públicos local, lo que lo dejaría sin la capacidad de participar en las elecciones municipales. Esta determinación del CNE provocó inicialmente una manifestación pacífica de ciudadanos inconformes que se dirigieron a las instalaciones de la Registraduría para expresar su descontento.
Sin embargo, la situación se tornó violenta, y un grupo de personas decidió prenderle fuego a la sede de la Registraduría, lo que rápidamente se convirtió en un acto de vandalismo. Las autoridades, tanto a nivel local como nacional, están llevando a cabo investigaciones exhaustivas para identificar a los responsables de este atentado criminal que amenaza la integridad de las elecciones en Gamarra.
En respuesta a estos eventos, William Salamanca, director general de la Policía Nacional, condenó enérgicamente los hechos y ofreció una recompensa de hasta $50 millones para dar con el paradero de los vándalos. Salamanca señaló: "Se ofrecen hasta $50 millones de recompensa para dar con el paradero de los responsables de este atentado criminal y dispuse el traslado de un equipo especial de policía judicial para liderar la respectiva investigación."