La Superintendencia Financiera de Colombia –SFC– ordenó a la sociedad Efinanzas S.A.S., representada legalmente por los señores Holman Henry Borda Muñoz, en su calidad de gerente, y César Eduardo Santos Monroy, como suplente del gerente, suspender de manera inmediata las actividades que constituyen captación masiva o recaudo no autorizado de dineros del público.

La SFC evidenció que la mencionada empresa implementó un modelo de negocio consistente en un servicio de “arbitraje de activos financieros” para invertirlos en mercados de valores nacionales e internacionales, actividad para la cual no tenía autorización legal para desarrollarla.

Esta actividad conllevó a la recepción de dineros del público en forma masiva, obligándose a su restitución y al pago de rendimientos de acuerdo con el valor entregado en un plazo determinado, condiciones que eran pactadas en un documento denominado contrato de cuentas en participación.

La Superfinanciera evidenció que Efinanzas S.A.S. tiene al menos 58 obligaciones vigentes con por lo menos 51 personas por un monto de $5.155.754.200 sin prever a cambio la entrega de bienes o la prestación efectiva de un servicio.

La medida adoptada mediante la Resolución 2187 del 15 de diciembre de 2023,  ordena también realizar de manera inmediata la devolución de los recursos captados de manera ilegal.

La sociedad cobijada con esta decisión no podrá realizar operaciones de captación o recaudo no autorizado de dineros del público en forma masiva, usando cualquier modalidad, ya sea directamente o por medio de otras personas naturales o jurídicas, o emplear a través de cualquier medio de comunicación (documentos, aplicaciones de mensajería, entre otros), cualquier término, palabra o alusión que pueda dar a entender equivocadamente que Efinanzas y/o sus representantes están autorizados para desarrollar actividades de asesoría e intermediación en el mercado de valores.

La SFC remitió copia de la medida adoptada a la Superintendencia de Sociedades para la correspondiente intervención, así como a la Fiscalía General de la Nación con el fin de que se realicen las investigaciones en materia penal.