El Consejo de Estado, a través de su Sección Quinta, presentó un escrito formal al magistrado de la Corte Constitucional, Juan Carlos Cortés, solicitando la anulación de la sentencia que reintegró a Altus Baquero al Consejo Nacional Electoral (CNE), argumentando que la decisión del Tribunal sobrepasó sus competencias legales y vulneró el derecho fundamental al debido proceso.

Según el Organismo estatal, la Corte Constitucional cometió un exceso de competencias al emitir su fallo, ya que no se permitió la participación de la Sección Quinta en el debate relacionado con la nulidad de la elección de Baquero. "Se desconoció el derecho fundamental al debido proceso porque se vulneró la garantía de contradicción, dado que esta autoridad no tuvo oportunidad de pronunciarse sobre el asunto en cuestión", se afirma en el documento.

Los argumentos presentados también destacan una falta de competencia de la Corte Constitucional para adoptar medidas en un proceso de tutela que no había sido seleccionado para revisión. 

“Se desconoció el derecho fundamental al debido proceso porque se vulneró la garantía de contradicción de la autoridad accionada, pues en el fallo cuestionado se resolvió un debate no propuesto por el peticionario y respecto del cual la Sección Quinta del Consejo de Estado no tuvo oportunidad de pronunciarse" señala el escrito.

El retorno de Baquero ha tenido implicaciones directas en la votación sobre la ponencia que evalúa las irregularidades en la campaña de Gustavo Petro, cuyo concepto se espera para el 8 de octubre. Esta situación mantiene a la opinión pública en vilo, ya que la votación podría desencadenar una investigación formal contra el presidente.

El Consejo de Estado subraya la necesidad de respetar los procedimientos judiciales y la importancia de garantizar que todos los actores involucrados tengan la oportunidad de presentar sus argumentos. La controversia sobre el caso de Altus Baquero no solo pone en juego su futuro como magistrado, sino que también refleja la tensión entre diferentes entidades del poder judicial colombiano y su capacidad para influir en el proceso electoral y la gobernabilidad del país.