La Procuraduría General de la Nación solicitó a la JEP recopilar toda la información relacionada con procesos disciplinarios que se adelantaron en los batallones de la Tercera Brigada del Ejército, en Cauca y Nariño, contra soldados que habrían sostenido relaciones sexuales consentidas con mujeres indígenas en instalaciones militares, cuando en realidad las mujeres habrían sido víctimas de violaciones.

Esta petición hace parte del documento de observaciones hechas por la Procuraduría Delegada ante la JEP, frente a las declaraciones voluntarias rendidas por cuatro exintegrantes de la Fuerza Pública (dos soldados y dos policías) que violaron a una mujer indígena y posteriormente la intimidaron para que no denunciara. 

En un primer momento estos agentes del Estado no reconocieron el delito frente a la justicia ordinaria, escudándose en que los hechos correspondieron a una relación sexual consentida.

Luego de contrastar la información entregada por los exmilitares y expolicías, la procuradora delegada con funciones de intervención ante la JEP, Uldi Teresa Jiménez López, encontró que, “hay una alta probabilidad de que hayan ocurrido múltiples sucesos similares propiciados por estas mismas condiciones puesto que, al parecer, estos delitos fueron definidos dentro de las investigaciones internas disciplinarias como relaciones sexuales consentidas, lo cual desfiguró e invisibilizó el impacto de los delitos cometidos".

La delegada ante la JEP agregó que, “lo sufrido por esta persona no puede considerarse de manera independiente a la dinámica del conflicto armado, pues se está ante un hecho que no es aislado y se produjo en un contexto de control territorial”.

La Procuraduría también pidió que se indague por la existencia de un posible patrón victimizante derivado de estos hechos; se investigue la violencia secundaria de la que fueron objeto las mujeres indígenas; se determine cuáles fueron las presiones y la revictimización sufrida por quienes se atrevieron a denunciar y se identifique a los responsables.

Finalmente, recordó la responsabilidad que le asiste a la JEP, como operador judicial, de promover la ejecución de una justicia que permita establecer medidas de no repetición para reducir la exposición a este tipo de acciones.