Son 129 casos de violación o afectación a la llamada Ley de Cuotas (Ley 581 de 2000), que dispone que al menos 30% de los cargos públicos deben estar ocupados por mujeres, los que investiga la Procuraduría.

Así lo informó ayer el viceprocurador general de la Nación, Juan Carlos Cortés, durante su participación en el foro “Perspectiva de género en el Código General Disciplinario”, organizado por el Consejo Superior de la Judicatura.

La ley busca generar la participación efectiva de la mujer en los niveles de decisión de las diferentes ramas del poder público, tanto a nivel nacional, como departamental, regional, distrital y municipal.

Según la iniciativa el incumplimiento de esta disposición puede ser sancionada hasta con 30 días de suspensión del cargo y la destitución, en caso de continuar la conducta. La iniciativa se aplica a los empleos públicos pertenecientes a los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos, unidades administrativas especiales, corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible, entes universitarios autónomos, empresas sociales del Estado, empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta.

Según el Viceprocurador, el Ministerio Público es un aliado en la defensa de los derechos de las medidas administrativas y operativas para incorporar la perspectiva de género en la actuación disciplinaria.

Cortés González sostuvo que el Ministerio Público adelanta un seguimiento preventivo y sancionatorio a todos los actos que involucren violaciones a los derechos de las mujeres y agregó que se debe garantizar la investigación a los graves incumplimientos de la ley.

“Tenemos leyes que no se cumplen y eso es casi peor que no tenerlas. Hay que reflexionar si se cumple o no la ley de cuotas, hay que meditar sobre esa situación, porque actualmente en la Procuraduría están en trámite 129 investigaciones por violación o afectación a las disposiciones de esta ley”, selñó.

Cabe anotar que el departamento de la Función Pública dio a conocer el informe sobre la participación de la mujer en los cargos de los niveles decisorios del Estado colombiano. Según el estudio, el año pasado en el máximo nivel decisorio de la Rama Ejecutiva el 40% de los cargos está ocupado por mujeres: 184 en 138 entidades reportadas.

Así mismo, identificó que en otros niveles decisorios de la Rama Ejecutiva del orden nacional hay una participación del 42% de mujeres con un total de 733 cargos.

Castigar las nuevas formas de corrupción

Por otro lado, el viceprocurador Cortés aseguró que es necesario verificar y actualizar el Código General Disciplinario para perseguir y castigar las nuevas formas de corrupción.

Aseguró que prorrogar por un año su vigencia, hasta julio de 2021, permitirá enfrentar los retos de su implementación frente a la asignación de recursos y la preparación administrativa y logística.

“Tenemos nuevas realidades, hace unos años ni siquiera podíamos pensar que la corrupción llegaría a competir con la alimentación de nuestros niños. Hemos tenido un Estado que se ha ido debilitando y le entregamos los servicios públicos a privados, y entonces eso nos ha ganado terreno. Eso se debe evaluar”, indicó.

El funcionario enfatizó en que “no podemos parar el carro de la lucha contra la corrupción, mientras nos adecuamos a estas realidades”, y destacó que el espacio de la ley de Probidad que estudia el Congreso, es importante para evaluar esas nuevas formas de cara al nuevo código.

Cortés González se mostró satisfecho con la decisión del Congreso de la República de prorrogar por un año la vigencia del Código General Disciplinario, para que las entidades se preparen para implementar la oralidad en los procesos.

Asimismo dijo que “se trata de construir salas de audiencias; de tener la plataforma tecnológica que permita la grabación; de contar con los elementos de comunicación y tecnológicos necesarios, pero no solo para los funcionarios de la Procuraduría, sino llegar a todos los operadores de las entidades públicas y a las personerías”.

Además, reiteró el compromiso del Ministerio Púbico para que el procedimiento verbal se adecue de la mejor manera. “Se ha avalado la prórroga de la vigencia del código para lograr una adecuación administrativa, presupuestal y de planeación, que nos permita con articulación, lograr el resultado de la implementación”.