La Procuraduría General de la Nación rechaza de manera vehemente la acción criminal de las organizaciones Ejército de Liberación Nacional (Eln), Clan del Golfo y Disidencias de las Farc, que tienen a la población civil más vulnerable del departamento del Chocó sometida a la crueldad de sus acciones en virtud de sus enfrentamientos.
El llamado “paro armado” declarado por el ELN en esa región del país es inaceptable, toda vez que mantiene confinadas a más de 10 mil personas, según lo ha dicho la señora gobernadora del departamento, Nubia Carolina Córdoba.
De hecho, recientemente la mandataria señaló que el 80 % de su departamento está minado y que la comunidad está confinada por los constantes combates entre grupos al margen de la ley.
“Como jefe del Ministerio Público solicito al Gobierno Nacional y demás autoridades actuar con urgencia para proteger a la población civil de estas agresiones inaceptables. Debo recordarles al Gobierno nacional y a las demás autoridades que son fines escenciales del Estado (...) mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.
La Procuraduría General de la Nación está atenta con su labor de vigilancia y seguimiento a las acciones de las autoridades para prevenir la consumación de riesgos contra la vida e integridad de las comunidades y garantizar el ejercicio de sus derechos.
Armamento del Clan del Golfo
En el marco del Plan de Campaña Estratégico Conjunto Ayacucho, tropas de la Décima Quinta Brigada del Ejército Nacional ubicaron un depósito ilegal utilizado para la fabricación y reparación de armamento de largo y corto alcance por parte de la Subestructura Jairo de Jesús Durango Restrepo, del Clan del Golfo, reduciendo así su capacidad de ataque contra la población civil y la Fuerza Pública.
En el lugar fueron hallados un fusil Galil 5.56, cinco proveedores para fusil, cinco proveedores para pistola y más de 200 cartuchos de diferentes calibres, además de herramientas y repuestos para la fabricación y mantenimiento de armamento, entre ellos dos motores fuera de borda, dos tanques de combustible, un taladro, dos fresadoras, una pulidora, un esmeril y diversas piezas de repuesto para fusiles.
El material incautado fue puesto a disposición de las autoridades competentes, debilitando a este grupo armado organizado que instrumentaliza, intimida y atemoriza a la población de la subregión del San Juan, una de las cinco que componen al departamento del Chocó.
En un comunicado el Ejército reafirma que con esta operación militar se demuestra el "compromiso con la seguridad de todos los colombianos, desplegando las tropas para afectar de manera contundente a los grupos armados organizados que buscan desestabilizar el desarrollo del país".
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Es importante recordar que el pasado 15 de febrero el grupo insurgente decretó paro armado de 72 horas en el departamento a partir de las 00:00 horas del 18 de febrero, hasta las 00:00 horas del 21 del mismo mes, según enfatizaron en un comunicado, por cuenta de la falta de apoyo del Estado frente a la crisis humanitaria que vive la región.
"Hoy estamos ante la invisibilización del régimen de la grave situación humanitaria en el departamento de Chocó y frente a las mentiras de las empresas de la información que pretenden esconder la verdadera razón del avance paramilitar. Los paramilitares se encargan de intimidar, asesinar, desplazar a la población y a sus líderes sociales, con el propósito de romper el tejido social y organizativo para materializar sus fines lucrativos. El Gobierno nacional es el primer responsable de la grave situación humanitaria de esta región del país, así como del crecimiento y posicionamiento del Cartel del Golfo en el departamento”, argumentaron.