Hostigamiento del Eln en Chocó confina a los ciudadanos: Gobernación | El Nuevo Siglo
La gobernadora Nubia Carolina Córdoba denunció las graves implicaciones del paro armado del Eln. Foto: AFP
Miércoles, 19 de Febrero de 2025
Redacción Web

La situación en el departamento del Chocó se vuelve crítica tras el reciente paro armado declarado por el Ejército de Liberación Nacional (Eln), que comenzó el 18 de febrero y se extiende por 72 horas. La gobernadora Nubia Carolina Córdoba denunció las graves implicaciones de esta medida, que incluye la instalación de cilindros bomba, el bloqueo de vías y la exhibición de sus banderas subversivas. 

Recientemente se conoció que una de las empresas de transporte que brinda el servicio de traslado de los ciudadanos entre Medellín y Quibdó, suspendió sus actividades debido a la zozobra que les genera la violencia del Eln.

En su declaración, Córdoba enfatizó que estas acciones representan un recrudecimiento de la crisis humanitaria en la región, especialmente en la cuenca media del río San Juan, donde ya se han registrado más de 3.500 desplazados y miles de familias confinadas. 

Córdoba pidió al gobierno central que declare la conmoción interior en Chocó, similar a lo que se hizo en el Catatumbo. Argumenta que la situación es alarmante y requiere medidas extraordinarias para proteger a los ciudadanos. “Los mandatarios locales no podemos solos después de diez paros armados”, afirmó la mandataria, subrayando la necesidad de una alianza entre lo nacional y lo territorial para abordar esta crisis. 

El paro armado del Eln no solo afecta la movilidad y el comercio; también lleva a la suspensión de clases en varias localidades rurales y urbanas donde la guerrilla tiene influencia. 

Este paro armado es el décimo que se lleva a cabo en Chocó en los últimos dos años, evidenciando un patrón preocupante de violencia y desestabilización en un departamento ya marcado por la pobreza y la falta de infraestructura. La gobernadora Córdoba ha instado al Gobierno a tomar acciones decisivas para restaurar el orden público y garantizar la seguridad de los ciudadanos, quienes se encuentran atrapados entre las disputas territoriales de grupos armados ilegales.