Este miércoles, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a cuatro generales, 34 oficiales y suboficiales que pertenecían a la IV Brigada del Ejército Nacional, por 442 'falsos positivos' en Antioquia entre 2004 y 2007.
Según lo señalado por la magistrada Catalina Díaz, los generales en retiro Enrique González Peña, Luis Roberto Pico Hernández, Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo y Juan Carlos Piza Gaviria, lideraron la "política de conteo de cuerpo" con la que se buscaba aumentar las cifras de los operativos en contra de grupos armados para obtener beneficios.
"La Sala de Reconocimiento de Verdad confirma la comisión de actos de tortura contra las víctimas directas o sus familiares. Ocurrió en 22 casos con 41 víctimas, especialmente campesinos del Oriente Antioqueño", señaló la magistrada Díaz, agregando que las víctimas "fueron arbitrariamente acusados por los militares de ser guerrilleros, milicianos o colaboradores de las guerrillas, y torturados para que les entregaran información, material de guerra o a otros miembros de la guerrilla que supuestamente escondían".
Posibles condenas: ¿qué les espera a los imputados?
Los acusados tendrán treinta días hábiles para decidir si aceptan o no la imputación de cargos, momento en el que podrán entregar evidencia o argumentos que respalden sus afirmaciones. Mientras que las víctimas y el Ministerio Público tendrán el mismo tiempo para realizar sus respectivas observaciones ante lo señalado por la JEP.
- Si aceptan responsabilidad y colaboran con la verdad: pueden recibir penas de entre 5 y 8 años de restricción de la libertad, en condiciones especiales que no implican cárcel ordinaria.
- Si niegan los cargos y son hallados culpables: podrían enfrentar hasta 20 años de prisión en un establecimiento carcelario común, pues el sistema de sanciones ordinarias se aplicaría en su contra.
Impacto en las Fuerzas Militares
La imputación de altos mandos podría afectar la institucionalidad y la moral dentro del Ejército. Se pondría en duda la doctrina militar aplicada en el periodo investigado, lo que podría derivar en una revisión de procedimientos internos y en un llamado a la responsabilidad de la cadena de mando. Además, podría influir en el retiro de oficiales en servicio activo que hayan estado vinculados a las unidades implicadas.