Magistrado Alberto Rojas presentará su informe a Sala Plena acerca de la petición del Gobierno, que pide que le permitan utilizar esta herramienta para combatir cultivos ilícitos

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Luego de 127 días esperando un pronunciamiento de la Corte Constitucional acerca de la petición que le hizo el Gobierno de Iván Duque de modular la sentencia T-236 de 2017, con el fin de poder echar mano nuevamente a la herramienta de fumigación aérea con glifosato para combatir las más de 200.000 hectáreas de coca, EL NUEVO SIGLO conoció que hoy el magistrado Alberto Rojas Ríos radicará la ponencia sobre el particular y a partir de allí será materia de estudio por parte de la Sala Plena de esta Corporación.

Desde luego se desconoce el sentido de la ponencia del togado Ríos, en la cual trabajó en estos cuatro meses a partir de las diferentes consideraciones expuestas en la audiencia pública que realizó el alto Tribunal el pasado 7 de marzo, a solicitud del Gobierno nacional, en la cual participaron expertos y voces autorizadas a favor y en contra de las fumigaciones, entre ellos por supuesto el presidente Iván Duque, quien pidió modular la Sentencia T-236 de 2017 en la cual la Corte puso seis requisitos al Ejecutivo si es que quiere revivirlas.

Las fumigaciones aéreas con glifosato a los sembradíos de coca fueron suspendidas en 2015 por la administración Santos por razones de precaución, debido a los eventuales efectos de este herbicida en la salud humana y el medioambiente, tras conocerse por esos días alertas en ese sentido por parte de una agencia adscrita a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Posteriormente la Corte a través de la sentencia T-236 de 2017 estableció los siguientes requisitos para el gobierno que quiera reactivar las fumigaciones aéreas con herbicidas:

1.  La regulación debe ser diseñada y reglamentada por un órgano distinto a las entidades encargadas de ejecutar los programas de erradicación de cultivos ilícitos.

2. La regulación debe derivarse de una evaluación del riesgo a la salud y otros riesgos, como el riesgo al medio ambiente, en el marco de un proceso participativo y técnicamente fundado. Este proceso de evaluación deberá realizarse de manera continuada.

3. El proceso decisorio deberá incluir una revisión automática de las decisiones cuando se alerte sobre nuevos riesgos. La legislación o reglamentación pertinente deberá indicar a las entidades con la capacidad de expedir dichas alertas, pero como mínimo deberá incluirse a las entidades nacionales y del orden territorial del sector salud, las autoridades ambientales y las entidades que conforman el Ministerio Público.

4. La investigación científica sobre el riesgo planteado por la actividad de erradicación, que se tenga en cuenta para tomar decisiones, deberá contar con condiciones de rigor, calidad e imparcialidad.

5. Los procedimientos de queja deberán ser comprehensivos, independientes, imparciales y vinculados con la evaluación del riesgo.

6. En todo caso, la decisión que se tome deberá fundarse en evidencia objetiva y concluyente que demuestre ausencia de daño para la salud y el medio ambiente.

La ponencia

La ponencia que presentará el magistrado Rojas Ríos tiene como base los seis requisitos que estableció la Corte para poder reactivar la fumigación aérea con glifosato, a partir de los cuales estudió la solicitud del Gobierno de modular la sentencia T-236 de 2017, específicamente el punto número 6, porque a juicio de la administración Duque es casi que imposible de cumplir pues no hay evidencia científica de que este herbicida genere daños al medio ambiente o la salud humana.

El presidente Duque enfatizó en dicha audiencia en la necesidad que tiene el Gobierno de contar con esta herramienta y por ello dijo a la Corte “mi solicitud respetuosa es que haya una modulación de la sentencia, una modulación que considere estas graves afectaciones, una modulación que entienda que esta expansión de los cultivos realmente hace un daño tremendo al orden constitucional, al orden legal, al medio ambiente a la seguridad territorial y a la protección de los derechos”.

De igual forma el togado Ríos ha estudiado para la elaboración de su ponencia los argumentos en contra de reactivar las fumigaciones aéreas con glifosato a los cocales expresados en la citada audiencia, entre ellos los del expresidente Santos, quien además de los daños que según los estudios dijo tendría en la salud de las personas y el medio ambiente, señaló que es un mecanismo “con resultados poco efectivos”.

También la citada ponencia tuvo en cuenta estudios sobre el glifosato que llegaron a manos de Ríos, especialmente uno que entregó la Universidad Externado de Colombia en el cual concluye “la aspersión aérea con glifosato para la erradicación del arbusto de coca es estructuralmente ineficaz, y su uso tiene una elevada probabilidad de ocasionar daño a la salud de la población residente en las zonas rurales de los municipios asperjados”.

Previo a la citada audiencia, la presidenta de la Corte, magistrada Gloria Ortiz, advirtió que “la Sala Plena en su momento definirá si adopta decisiones o no en este tema”. Añadió en esa ocasión que “ahora la Sala Plena adoptará la decisión que considere, y lo hará por mayorías: bien hacer un seguimiento pasivo a la sentencia T-236 de 2017, mantenerla como está o revisar sus alcances”.

Ortiz dijo que “uno de los temas que se tendrá que resolver en la Sala Plena es el de la salud y el del orden público. Hay muchos elementos de juicio que la Corte debe ponderar” para esta decisión.

Sin embargo, el alto Tribunal también tendrá en cuenta otros aspectos jurídicos determinantes: los tratados internos y externos de protección de los derechos humanos amparados en la Sentencia, y el bloque de constitucionalidad.

>El problema

Desde 2013 al 1 de agosto de 2018, el país tuvo el más rápido crecimiento de su historia en cultivos ilícitos hasta llegar a las 209.000 hectáreas.

No obstante, el pasado 26 de junio el reporte anual de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, de Estados Unidos, señaló que por primera vez en siete años los narcocultivos no aumentaron, al pasar de 209.000 hectáreas registradas en 2017 a de 208.000 hectáreas el año anterior.

A pesar de ello el gobierno de Donald Trump espera que siga la reducción y se cumpla el compromiso del presidente Iván Duque de eliminar a 2023 el 50% de los cultivos ilícitos, pues Colombia es el mayor productor de coca en el mundo, en tanto que el 90% de la cocaína que ingresa a Estados Unidos es  colombiana. 

El Gobierno ha señalado que ha erradicado más de 80.000 hectáreas de cultivos ilícitos y espera una reducción de cerca de 50.000 hectáreas de coca en 2019.