La grave situación de seguridad en las cárceles colombianas llevó al Gobierno a tomar medidas urgentes. El Ministro de Justicia, Néstor Osuna, anunció la declaración de emergencia carcelaria en todo el país, en respuesta a los recientes y preocupantes ataques dirigidos contra los guardias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
"Acabamos de aprobar por unanimidad en el consejo directivo del Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) la declaratoria de la emergencia carcelaria", informó a la prensa el ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien resaltó la medida tiene por objetivo reforzar la seguridad en las prisiones
El anuncio de acuerdo con el Ministro Osuna evidencia la gravedad de la situación en las prisiones colombianas, donde los funcionarios del inpec se convertiron en "blancos recurrentes de actos violentos". Por ello, de acuerdo con MinJusticia, la medida busca "proteger la vida y la integridad de los guardianes, así como erradicar la extorsión y corrupción dentro de las cárceles".
La decisión de declarar la emergencia carcelaria fue tomada en estrecha colaboración con las autoridades del inpec, quienes expresaron una creciente preocupación por la seguridad de su personal. El llamado "plan pistola" dirigido contra los funcionarios generado un clima de temor y tensión en las cárceles colombianas, poniendo en riesgo la estabilidad y el buen funcionamiento del sistema penitenciario.
El sábado, un guardia fue asesinado a tiros por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta a la salida de la cárcel de San Sebastián de Ternera, en Cartagena (norte).
Otro asalto contra carceleros se registró en el municipio de Jamundí (Valle del Cauca, suroeste), con un número indeterminado de guardias del Inpec heridos, según las autoridades. De acuerdo a medios locales, se trató de un ataque a disparos.
También, "se conocieron panfletos amenazantes en distintos centros carcelarios", indicó el ministerio en un boletín.
Ante los ataques, un sindicato de funcionarios penitenciarios había amenazado con ir a paro si no se tomaban medidas.
"La emergencia carcelaria tiene dos finalidades: (...) proteger la vida y la integridad de los guardianes de las cárceles y erradicar completamente la extorsión y corrupción que provenga" de las prisiones, explicó Osuna.
Como parte de las medidas adoptadas, se anunció un refuerzo en la presencia policial y militar en los perímetros de las cárceles, con la capacidad de intervenir dentro de las instalaciones en caso de emergencia. Además, se llevarán a cabo operativos de allanamiento y requisas para desmantelar redes criminales y confiscar objetos ilícitos dentro de las prisiones.
Una de las estrategias clave es el bloqueo de señales de telefonía celular dentro de los centros penitenciarios, con el objetivo de evitar la coordinación de actividades delictivas desde el interior de las cárceles. Para ello, se solicitó la colaboración de las empresas de telecomunicaciones, reconociendo la importancia de esta medida para garantizar la seguridad y el orden en el sistema penitenciario.
En palabras de Néstor Osuna se anunciaron las medidas de la siguiente manera: “Vamos a tener recursos adicionales para la seguridad penitenciaria, específicamente destinada al bloqueo de señal de telefonía celular en las cárceles, en algunos casos en los que consideremos que hay personas que están utilizando estos dispositivos para impartir órdenes relacionadas con la criminalidad; tomaremos la drástica medida de limitar las visitas al máximo posible, no como una medida general, sino específica para las personas que tengamos información de que estén incurriendo en esas actividades".
El domingo, Osuna había anunciado el "refuerzo policial alrededor de todas las cárceles del país" y el apoyo de las Fuerzas Militares para proteger la vida y la libertad de los guardias.
"Las estructuras criminales tienen que saber que el Estado de derecho prevalecerá y las someteremos al cumplimiento de la ley", advirtió entonces.
La emergencia penitenciara en Colombia llega en momentos en que se registra una seria crisis de seguridad en la vecina Ecuador, donde una veintena de grupos criminales han desplegado una violenta muestra de poder desde las cárceles en represalia por la política gubernamental de mano firme para enfrentar la arremetida del narcotráfico.
El sistema penitenciario de Colombia, alberga a más de 190.000 presos en serias condiciones de hacinamiento, según cifras oficiales.