Con los dineros del presupuesto del año 2018 la Registraduría Nacional se pondría al día

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Con el nuevo presupuesto que tiene la Registraduría Nacional del Estado Civil para la vigencia del presente año se espera que se destrabe la realización de varias revocatorias de alcaldes y consultas populares que quedaron pendientes el año anterior, después de que el Ministerio de Hacienda señalará que no tenía recursos para su financiamiento.

El año pasado se hicieron 14 revocatorias de mandato de alcalde en diferentes regiones del país, no obstante las últimas jornadas fueron en el mes de septiembre en Villamaría (Caldas) y Girardot (Cundinamarca), también sin consecuencia alguna para los burgomaestres en cuestión porque no se alcanzó el umbral de participación.

En el caso de la revocatoria del alcalde de Sogamoso (Boyacá), fue autorizada su realización, pero una tutela la frenó. Posteriormente se le dio vía libre, pero ya para ese momento el Ministerio de Hacienda anunció que por el resto de 2017 no tenía un peso más para financiar el desarrollo de jornadas de revocatoria de alcaldes así como de consultas populares, la mayoría de ellas contra la minería.

El año pasado podría haberse realizado el mayor número de jornadas de revocatoria de mandato de alcaldes desde que se implementó este mecanismo en 1996, ante la avalancha de solicitudes que se registró en varias regiones del país. Sin embargo al final solo fueron autorizadas 14 para ir a las urnas sin que ninguna lograra la salida del mandatario de turno por no alcanzar el umbral de participación.

En abril del pasado año el Consejo Nacional Electoral decidió adelantar un estudio acerca de las razones que motivaron la explosión de solicitudes de revocatoria de mandato de alcaldes, como se vio con la inscripción por esos días ante la Registraduría de más de 100 comités ciudadanos para recoger firmas que respaldaran esos procesos.

También quedó pendiente la realización de la consulta popular en el municipio de Córdoba (departamento del Quindío), en donde estaba programada el pasado 3 de diciembre pero que debido a la falta de financiación quedó en el limbo.

En días pasados un fallo del Tribunal Administrativo de Quindío le ordenó en un fallo a una tutela a la Registraduría y al Ministerio de Hacienda garantizar el derecho a la participación política de los habitantes del municipio de Córdoba.

La tutela fue impetrada por el alcalde del municipio, Guillermo Valencia Henao, a quien la Registraduría le informó mediante un oficio que el Ministerio de Hacienda le había dicho que, según la ley orgánica de presupuesto, la Nación no financiaría la consulta del proceso electoral, por lo que, hasta que su municipio no asumiera ese gasto, la consulta no sería realizada.

Razones de la Registraduría

El registrador Nacional, Juan Carlos Galindo Vácha, dijo en octubre pasado que “no tenemos los recursos para adelantar las consultas y las revocatorias de mandato por el resto del año, que más o menos ascienden a $2.300 millones. La semana pasada el Ministerio de Hacienda nos envió una carta diciendo que no le correspondía a la Nación financiar ese tipo de procedimientos sino a cada una de las entidades territoriales, razón por la cual tuvimos que enviarle unas cartas al alcalde de Granada y al Gobernador de Boyacá, informándoles que no contábamos con los recursos para adelantar estos procesos que se debían surtir el próximo domingo”.

No obstante, el Registrador Nacional aclaró que “consideramos, y son los planteamientos que le hemos venido haciendo al Ministerio de Hacienda, que eso es un gasto que le corresponde a la Nación porque se trata de procesos electorales que debe atender el Estado, y la entidad estatal llamada a esos efectos es la Registraduría Nacional del Estado Civil. Por esa situación el título del gasto público le corresponde a la Nación, que debe suministrárselo a la Registraduría para que podamos adelantar ese tipo de procesos”.

Galindo explicó que el presupuesto de la Registraduría para 2017 fue aprobado el año anterior, contemplando recursos para algunas consultas y revocatoria de mandato, pero “hay muchos eventos de estos que vienen surgiendo  de un momento para otro, razón por la cual tenemos que acudir al Ministerio de Hacienda”.