Algunos parlamentarios del País Vasco, en España, enviaron una carta al Gobierno Nacional en la que solicitan evaluar la posibilidad de repatriar al ex comandante de la extinta guerrilla de las Farc, Juvenal Ovidio Ricardo Palmera, alias ‘Simón Trinidad’, quien fue extraditado a Estados Unidos en 2004 por delitos de narcotráfico y lavado de activos.

En la misiva se lee que alias ‘Simón Trinidad’ "ha permanecido hasta hace escasos meses en aislamiento absoluto, en un contacto con tres personas durante cinco horas a la semana, escasas dos horas para ejercicio físico y tres llamadas al exterior mensuales".

Agregan los parlamentarios vascos que "'Simón Trinidad' fue acusado de participar en tráfico de drogas, pero no se logró acuerdo en los tres juicios por ese delito. Fue condenado finalmente por conspiración de secuestro de rehenes”, haciendo alusión al secuestro de tres contratistas estadounidenses de una empresa militar privada norteamericana.

En el documento se afirma que el exguerrillero debería ser juzgado en Colombia y bajo la Jurisdicción Especial para la Paz, establecida en el acuerdo de paz con las Farc.

Desde el principio de las negociaciones de paz en La Habana, en noviembre de 2012, las Farc insistieron al Gobierno nacional intermediar para un indulto a Simón Trinidad, y por ello pidieron a la administración Santos hacer las gestiones respectivas ante el gobierno del entonces presidente Barack Obama.

No obstante el Gobierno nacional no atendió este pedido argumentado que la situación de ‘Simón Trinidad’ en Estados Unidos fue decidida por la justicia de ese país y que Colombia es respetuosa de esta autonomía.

Las Farc se mostraron esperanzadas que Obama al final de su gobierno en 2016 indultara a Trinidad, lo cual no ocurrió.

En octubre del año pasado, ‘Trinidad’ presentó una solicitud para acogerse a la JEP, no obstante la Oficina del Alto Comisionado para la Paz indicó que la repatriación del jefe guerrillero Ricardo Palmera no ha sido solicitada por el Gobierno.

En el comunicado, la Oficina señala que Palmera y otras dos personas privadas de la libertad en el exterior fueron incluidas en los listados de desmovilización y fueron acreditadas como combatientes, por lo que se procedió a realizar el trámite por intermedio de la Cancillería para que los tres exguerrilleros suscriban el acta en que se comprometen a no volverse a levantar en armas contra el Estado ni volver a delinquir.

Voceros de la Oficina explicaron que acogerse a la JEP no tiene implicaciones frente a la justicia de Estados Unidos.