Las denuncias en torno a que el anterior Gobierno habría, presuntamente, comprado a una empresa israelí un software que le permitiría espiar comunicaciones de telefonía celular y redes sociales terminaron en una sin salida.

La semana pasada, cuando todo el país esperaba que el presidente de la República se pronunciara sobre el paro camionero, el jefe de Estado lo que hizo fue exponer un documento que, según su explicación, confirmaba la compra de ese software, denominado “Pegasus”, por más de once millones de dólares, al tiempo que dejó sobre el tapete la pregunta de si habría sido utilizado para espiar a la oposición de izquierda hacia 2021 y 2022.

Sin embargo, casi de inmediato varios partidos y medios de comunicación advirtieron que esa no era ninguna información nueva y que, en realidad, hace varios meses la prensa israelí y la colombiana habían revelado el tema de “Pegasus”. Incluso, se acusó al Gobierno de haber buscado lanzar una cortina de humo para esquivar fijar una postura frente a la protesta de los transportadores de carga.

A ello se sumó, que la Fiscalía aclaró que esas investigaciones sobre “Pegasus” en realidad llevan varios meses y no se había concretado nada respecto, a si efectivamente, fue comprado ese software y cómo fue utilizado.

También se conoció la respuesta de altos funcionarios del gobierno Duque que advirtieron que nunca hubo tal adquisición de un programa de espionaje cibernético y que el actual mandatario estaba faltando a la verdad.

Lo último que trascendió es que el actual Ministerio de Defensa había descartado, meses atrás, en una respuesta a un cuestionario enviado por congresistas en el marco de un debate de control político sobre inteligencia, que alguna institución oficial en Colombia hubiera comprado a “Pegasus” o cualquier otro programa para interceptar de manera ilegal comunicaciones sin previa orden judicial.

Así las cosas, a hoy la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y otras entidades estatales están investigando el asunto de esta presunta compra de un software espía. No hay a la fecha ninguna prueba concreta, fáctica y fehaciente de tal adquisición por el anterior Gobierno o cualquier otro. Los ex altos funcionarios de la Policía y la Administración Duque lo niegan y dicen que todas las cuentas están a la vista. Incluso, advierten que una negociación por once millones de dólares provenientes de gastos reservados resulta delirante. Lo cierto es que ya se anuncian hasta demandas contra el Ejecutivo por sus acusaciones temerarias. Igual se espera que la Dirección de Inteligencia Policial y la Unidad de Análisis Financiero (UIAF) se pronuncien oficialmente. Toda una novela.