La situación de inseguridad y desorden público en el Valle del Cauca continúa complicándose día tras día. Uno de los hechos más graves se registró el sábado pasado, cuando la explosión de una motocicleta bomba dejó una persona muerta y más de catorce heridos en zona rural del municipio de Jamundí, población que lleva varios meses siendo una de las principales víctimas de las acciones terroristas de la facción de las disidencias de las Farc comandadas por alias ‘Iván Mordisco’.
La persona que perdió la vida sería el conductor de la motocicleta, en tanto que la detonación impactó a siete integrantes de la Policía e igual número de civiles.
Las autoridades consideran que este tipo de acciones violentas responden a la intención de este grupo ilegal de distraer las operaciones de largo aliento que están realizando las Fuerzas Militares en la región montañosa de Los Farallones, en el Valle, así como en el enclave del cañón del Micay, en Cauca.
No hay que olvidar que las disidencias llegaron a amenazar con atacar en Cali y sus alrededores en medio de la realización de la COP16 sobre Biodiversidad, que tuvo lugar desde la tercera semana de octubre en la capital vallecaucana.
También se acusa a esta facción del llamado ‘Estado Mayor Central’ de estar detrás de varios ataques a la Fuerza Pública, masacres, asesinatos de líderes sociales y reclutamiento forzado de menores en el Valle y la región suroccidental del país. Igualmente, se le señala de una oleada de extorsión en muchos municipios, así como de combates con frentes de la otra ala de las disidencias, el Eln y hasta del ‘Cartel del Golfo’. No solo se pelea por el ‘control territorial’, sino por los principales enclaves del narcotráfico, minería criminal, contrabando de armas y otros delitos derivados.
Es imperativo que el Ministerio de Defensa aumente el pie de fuerza policial y militar en el suroccidente del país. Si bien es cierto que son varios los golpes asestados a estas estructuras ilegales en Valle, Cauca y Chocó, se requiere redoblar los operativos de control y vigilancia en los cascos urbanos, veredas y puntos neurálgicos.
Es evidente que el cese el fuego que el Gobierno había pactado con alias ‘Mordisco’, en el marco de la accidentada implementación de la política de ‘paz total’ le permitió a esa facción fortalecerse territorial y militarmente, y ahora la población civil y los uniformados continúan pagando las consecuencias de esa errada estrategia.