Las sesiones ordinarias del Congreso entraron en receso hasta el 16 de marzo y se mira con lupa la gestión de senadores y representantes con las iniciativas que fueron puestas a su consideración.
Pero hay otro aspecto de las propuestas normativas que escapa a la disposición que tengan (o no) los parlamentarios de darles trámite: las iniciativas que se anuncian pero no se presentan.
En ese grupo de ideas legislativas hay de todo, desde incumplimiento de promesas, pasando por dificultades prácticas que hacen lenta la formulación de un articulado, falta de voluntad política y hasta la decisión de engavetar un proyecto.
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Entre los proyectos que fueron anunciados, pero hasta ahora no se han llevado al Congreso, está la reglamentación de la cadena perpetua.
El artículo transitorio incluido en la reforma constitucional le da al Gobierno un año a partir de la promulgación, es decir hasta el 22 de julio de 2021, para radicar dicho proyecto.
La intención era llevarlo al comienzo de esta legislatura, tal como consideró en su momento el presidente Iván Duque, que incluso antes de darle vida jurídica al acto legislativo sostuvo que “vamos a estrenar en nuestro país esta sanción ejemplarizante para estas mentes perversas, perturbadas, ruines, para que tengamos castigos ejemplares”.
En octubre se supo que el borrador ya estaba listo, pero que no se radicaba todavía esperando, por una parte, un mejor momento legislativo, pero además que la Corte Constitucional definiera la exequibilidad ante la avalancha de demandas que originó la reforma.
La mayor parte de las acciones judiciales contra el restablecimiento en Colombia de la cadena perpetua ya ha sido rechazada por la Corte, que en principio solo hace un análisis de forma, es decir, estudiando si se cumplieron todos los pasos y requisitos en el Congreso para reformar la Constitución, pero también podría meterse con el fondo si encuentra que hay sustitución de la Carta.
Justicia
Una reforma anunciada y que no ha llegado al Congreso, pero por razones muy distintas, es la de la justicia, cuyo borrador estaba tan adelantado que la exministra Margarita Cabello alcanzó a socializarlo con magistrados, académicos y congresistas, planteando en ese articulado cosas como quitarles todos los procesos electorales a las altas cortes, crear inhabilidades para los togados y ampliar facultades jurisdiccionales de los notarios.
Sin embargo, la insistencia del Centro Democrático en adelantar algunos puntos de reforma a la justicia por otros medios hizo engavetar ese borrador.
Como lo ha informado EL NUEVO SIGLO, primero el uribismo consideró convocar una constituyente para reformar la justicia, pero con el paso del tiempo la propuesta cambió a un referendo de 13 puntos, al menos cuatro de los cuales están relacionados con reformas judiciales.
En agosto el presidente Duque afirmó que la “reforma a la justicia es necesaria, hay un gran consenso” en que “más allá de la coyuntura, se requiere para corregir fallas, se requiere para hacer una justicia más cercana al ciudadano, una justicia que le dé al ciudadano más confianza, más tranquilidad”, y que conversaría, tanto con el Centro Democrático, como con otros sectores políticos, sobre el mecanismo “más eficaz y más veloz”.
El problema es que la necesidad que ve el Gobierno de adelantar pronto esa reforma se cruza con el planteamiento del referendo que es la bandera política del Centro Democrático para las elecciones presidenciales bajo el eslogan de “ojo con el 2022”, así que es una incógnita si un proyecto se presentará en 2021.
Un ajuste que se viene reclamando y el Gobierno ha estado dispuesto a trabajar es la reglamentación de la consulta previa, cuyo proyecto oficial no se ha presentado, pero que una iniciativa de Cambio Radical espera que el Ejecutivo asuma como suya (esta fue radicada en octubre y si la Casa de Nariño le da su aval podría tramitarse entre marzo y junio, o incluso avanzar lo suficiente para que pase a la siguiente legislatura).
La intención de la ministra del Interior, Alicia Arango, era presentarlo el 20 de julio, sin embrago la pandemia trastocó los planes que había al respecto.
Raizales
Y ya que se menciona el Ministerio del Interior, otro proyecto embolatado, pero no solo en este Gobierno, sino que es una deuda de Estado con San Andrés y Providencia, es el del estatuto raizal.
Este año ya había una hoja de ruta trazada para la realización de una consulta previa y partir de allí elaborar un proyecto de ley estatutaria, con la meta de radicarlo el 20 de julio, pero al igual que con la regulación de la consulta previa, la pandemia hizo cambiar las prioridades. Quizás con ocasión de la tragedia por el embate del huracán Iota el tema pueda volverse a poner sobre el tapete.
Una iniciativa que todavía no se ha llevado al Congreso que seguramente lo será en marzo o julio es el proyecto de ley orgánica que reglamentará el acto legislativo 02 de 2020 sobre la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca, cuyo borrador recoge la información obtenida a través de la primera etapa de audiencias en las localidades capitalinas, así como en los municipios y provincias de la Sabana.
La recopilación de las propuestas ciudadanas ha sido un proceso articulado entre los equipos de la Alcaldía de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca, congresistas, la Asamblea de Cundinamarca y el Concejo de Bogotá. En el marco del mismo se realizaron 24 audiencias públicas, seis para las 20 localidades, 11 en municipios de la Sabana y siete para las 15 provincias de Cundinamarca, con la participación de cerca de 1.300 ciudadanos, representantes de organizaciones sociales, gremiales, grupos poblacionales y de corporaciones públicas.
El proyecto que ya tenía un borrador listo pero que definitivamente jamás llevará el Gobierno al Congreso (al menos no con base en ese borrador) es el de reforma al Código Civil, luego que, como lo ha venido publicando este Diario, las críticas a su contenido pasaron de unas cuantas olas a un verdadero tsunami que, como mínimo, obligaría al Ministerio de Justicia a abrir un amplio debate al respecto, posponiendo indefinidamente la presentación del articulado.
En otras palabras, la reforma se quedaría, por ahora, solo en borrador.
Son muchas las voces que desde la academia y los gremios se han levantado para advertir que la reforma, tal y como se plasmó en el borrador, es inconveniente e innecesaria.
Sin embargo, fuentes de la Universidad Nacional, institución de educación superior a la que están adscritos los autores de la iniciativa, han explicado que su intención, más allá de plasmar un documento final, era abrir la puerta a un debate para que se discutieran en conjunto cambios que se venían hablando en el Congreso.