Arranca la semana con la urgencia de empezar a construir un acuerdo político para salvar la financiación de los programas sociales que mejoren la atención a los colombianos más afectados por la crisis que generó la pandemia.

Esa es la nuez del diálogo que desde distintos sectores se venía pidiendo y que implicaba centrarse en salvar la financiación del gasto social y dejar para después los demás temas plasmados en la iniciativa que el Gobierno llevó al Congreso, lo que se vio finalmente planteado ayer con el anuncio del presidente Iván Duque de solicitarle al Congreso “el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar, de manera urgente, un nuevo proyecto, fruto de los consensos, y así evitar la incertidumbre financiera”.

Ayer mismo Duque dio algunas puntadas de lo que podría incluir ese nuevo proyecto, señalando aspectos en los que “existen principios de consenso”, constatados en el ejercicio de “escuchar a la ciudadanía, e incluyendo las propuestas de la ANDI, el Consejo Gremial y los partidos políticos”.

Esos puntos enumerados por Duque son una sobre tasa de renta temporal a empresas; prorrogar el impuesto al patrimonio de forma temporal; incrementar el impuesto a los dividendos, transitoriamente; crear una sobretasa de renta a personas de mayores ingresos; y profundizar programas de austeridad del Estado.

Duque sostuvo que “este es un momento de grandeza y de proteger a los más vulnerables; de invitar a la construcción y no al odio y a la destrucción; es el momento de trabajar en conjunto, entre todos y sin mezquindad”.

El anuncio del presidente Duque se da en el marco de la Ley Quinta, reglamento del Congreso, que en su artículo 155 establece que “un proyecto de ley podrá ser retirado por su autor, siempre que no se haya presentado ponencia para primer debate y sea de iniciativa congresional”.

Le puede interesar: Duque pide al Congreso retirar el proyecto de reforma tributaria

Buscar recursos

Una de las primeras colectividades en pronunciarse tras la declaración del presidente Duque fue el Partido Conservador que, a través de un comunicado, señaló que “lo que corresponde es dialogar para presentar un nuevo proyecto que, sin afectar a la clase media y a los sectores populares, le aseguren al Estado los recursos que se requieren para atender los compromisos de la deuda, ejecutar el presupuesto nacional y atender adecuadamente a la masa vulnerable del país”.

Para los conservadores, “el dinero hay que buscarlo donde está, y por lo mismo, en diálogo reposado y responsable, el Gobierno, los partidos y el Congreso, deben auscultar con las organizaciones económicas de dónde y hasta cuanto deben salir los recursos. Señales han dado los empresarios a través de su vocero, y el conservatismo ha mirado hacia el sector financiero y otras fuentes: las exenciones, la evasión y la elusión, la lucha contra el contrabando y la corrupción, la venta de activos estatales, la disminución del tamaño del Estado, etcétera”.

Gabinete de unidad

En el Centro Democrático, el vocero en el Senado, Gabriel Velasco, aplaudió la decisión, expresando que es “importante lograr los recursos para ayudar a los más vulnerables y expandir la política social que tanto se necesita. Se requiere construir un texto consensuado con todos los sectores”.

Por su parte, el exministro Óscar Iván Zuluaga le envió una carta a Duque en la que luego de respaldar “su valiosa decisión”, propuso “avanzar en la construcción de un acuerdo político nacional con sectores democráticos afines que piensen de manera prioritaria en las familias pobres y afectadas por la pandemia y que incluya al menos los siguientes temas: un gabinete de unidad nacional; un programa de generación de empleo de corto plazo con base en pequeñas obras intensivas en mano de obra en todo el territorio nacional para un millón de colombianos dando prioridad a mujeres, jóvenes y a las familias más afectadas por la pandemia; respaldo incondicional a nuestras Fuerzas Militares y de Policía en la lucha contra las estructuras criminales y vándalos; trámite de una reforma fiscal que consulte las realidades económicas de las personas y los sectores sociales y productivos, garantice la continuidad de los programas sociales creados por su Gobierno para las familias más afectadas por la pandemia y haga sostenible la deuda pública; una importante política de austeridad en el gasto público que recupere la confianza ciudadana”.

Además lea: Corte Constitucional, ávida de más demandas ciudadanas

Al cierre de esta edición, el Partido de la Unidad (La U), integrante junto al uribismo y el conservatismo de la coalición oficialista, analizaba la situación en reunión de bancada, en la que su directora Dilian Francisca Toro indicó que “escuchar, así sea tarde, siempre será mejor que no rectificar” y que Duque “debe escuchar y liderar un pacto nacional”.

Criterios técnicos

En las toldas independientes, Cambio Radical dijo en su cuenta oficial que “el Gobierno nos escuchó y lo celebramos. Seguiremos trabajando por el bienestar de todos y todas, como lo hicimos desde el principio al decirle no a la reforma tributaria bajo criterios técnicos, económicos y sociales”.

A su turno, el Partido Liberal se limitó a trinar “#SiSePuede el presidente Iván Duque ordena retirar la reforma tributaria”.

El senador liberal Horacio José Serpa consideró que “ahora se requiere un consenso que convoque a Gobierno, sociedad civil y partidos para construir un texto progresivo y redistributivo: quiénes más ganen, tributen más; y que sean los programas sociales los beneficiados”.

Desde la oposición tuiteó el senador Antonio Sanguino, de la Alianza Verde, que viene “ahora el paso más importante: diálogo amplio y serio con todas las expresiones sufridas, indignadas y adoloridas por las desigualdades y la corrupción”.

Agregó que desde la Coalición de la Esperanza se propone “un sistema tributario progresivo, equitativo y eficiente al que las personas contribuyan según sus ingresos y su riqueza, que privilegie los impuestos directos sobre los indirectos, en particular sin afectar la canasta familiar; que privilegie el recaudo con impuestos sobre las personas más que sobre las empresas; que grave más severamente la renta de los grandes capitales personales, por ejemplo a través de mayores impuestos a los dividendos, las herencias y la riqueza; y que elimine las exenciones injustificadas. Nunca más un sistema tributario que grava especialmente a la clase media y trabajadora y a los sectores populares. Es hora de que la tributación contribuya a lograr la equidad, a redistribuir, a disminuir brechas, a fomentar la solidaridad entre los distintos sectores de la sociedad, y a controlar eficazmente la evasión y la elusión. Para erradicar la corrupción en el sistema tributario y mejorar la gestión de las instituciones a su cargo se hará una reforma profunda a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales; se formará y actualizará el catastro para fortalecer el recaudo de los entes territoriales; se fortalecerán las competencias y las instituciones locales encargadas del recaudo; y se ampliará la transparencia mejorando el control ciudadano a la gestión tributaria”.