Uno de los puntos más debatidos entre los actuales precandidatos y candidatos presidenciales es el de la corrupción. Todos tienen su fórmula para enfrentar este flagelo dentro de su programa de gobierno, algunos con propuestas muy concretas y otros con formulaciones discursivas un poco gaseosas.
EL NUEVO SIGLO consultó y recogió lo que plantea la mayoría de los aspirantes. En algunos puntos se encuentran coincidencias pero en otros hay contradicción total.
Menú uribista
La senadora y precandidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, sostiene que “aquí tenemos que hacer una gran reforma a la estructura de poderes de este país. Unificando las cortes, cambiando la elección del Procurador, cambiando la elección del Contralor, para poderle dar persecución y fin a la corrupción que se come este país”.
El también aspirante uribista Óscar Iván Zuluaga afirma que “sin confianza no le podremos ganar la batalla a la corrupción. Y para recuperarla, los colombianos reclaman cambios estructurales: reducción de los gastos del Estado, financiamiento público de las campañas, listas cerradas en partidos”.
“La impunidad es una señal clara de corrupción. No hay un aliado más grave para los delincuentes que la impunidad. Ha llegado el momento de convocar un referendo ciudadano para reformar la política y la justicia”, sostuvo.
A su turno, la senadora y precandidata María Fernanda Cabal considera que “es urgente revisar la función de control del Estado. Hay que rescatar las veedurías ciudadanas y las oficinas de control interno. Tiene que haber cárcel para los bandidos”.
“Vamos a utilizar los mecanismos constitucionales para reformar la justicia colombiana y se incluye la JEP”. “La burocracia es el botín de los politiqueros, entrar a las carreras administrativas con palanca es muy fácil, salir es casi imposible, el Estado terminó con dueños”, indicó.
Agregó que “cuanto más corrupto es el Estado más leyes tiene, por eso es imperativo reducir el tamaño del Estado”.
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El ex viceministro Rafael Nieto Loaiza, también aspirante del Centro Democrático, afirmó que “la hiperinflación normativa es un enorme problema. Para luchar contra la corrupción es indispensable desregularizar la economía tanto como sea posible, reducir la tramitología y reducir el número de normas jurídicas que se presentan constantemente”.
“Ningún esfuerzo en materia de lucha contra la corrupción funciona si no hay una profunda reforma al sistema de administración de justicia… No creo en las contralorías municipales y departamentales, esas hay que cerrarlas, porque esas contralorías son un espacio de burocracia del político de turno. Hay que fortalecer la Contraloría General, pero hay que despolitizarla para que alguien haga la tarea de manera juiciosa desde el Estado”, agregó.
Para el exgobernador y aspirante Alirio Barrera se requiere “que el corrupto sea castigado, que aquel que se apropia de recursos del Estado pague con su patrimonio, pero también pague con cárcel”.
“Se tiene que aplicar un proceso de prevención, las auditorías y los cuerpos de vigilancia, de parte no solo de los centros de control sino también del Gobierno, que estén pendientes de todos estos procesos”, señaló.
Lo que plantea el Pacto
Entre las múltiples propuestas del candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, por ejemplo, está la necesidad de un cambio de fondo en el Congreso.
“El próximo gobierno comprometido con el cambio histórico, debe contar con gobernabilidad. Hay que elegir una estabilidad firme precisamente para que se puedan hacer los cambios reales. Un Congreso en manos de la politiquería y la mafia, como hasta ahora ha sido el parlamento, no permitiría un gobierno de transformaciones democráticas y populares. Hasta este momento, las mafias han hecho la ley. Han legislado en contra del bien común, en contra del patrimonio público, en contra del campesinado y del medio ambiente, en contra de la mujer, en contra de la pequeña y mediana empresa, en contra de la paz, en contra de la Nación. Un Congreso de corruptos no permitirá un pacto histórico hacia la democracia”, señaló Petro.
También ha planteado eliminar la Comisión de Investigación de la Cámara, que todos los dineros oficiales vayan a una sola cuenta de Banca Pública, crear una gran Fiscalía anticorrupción así como pasar de una economía basada en rentas y dineros fáciles, a una basada en la producción.
Propuestas de los esperanzados
El precandidato Sergio Fajardo, de Compromiso Ciudadano y cabeza visible de la Coalición de la Esperanza, plantea que tiene cinco puntos anticorrupción que aplicó con éxito cuando fue gobernador de Antioquia y alcalde de Medellín.
“Primero, una de nuestras consignas siempre ha sido ‘Los medios justifican el fin’ y no al revés. Para nosotros es esencial no pagar para llegar al poder, no adquirir deudas burocráticas durante la campaña, no prometer cargos en caso de llegar al poder ni endeudarse con apoyos políticos. Solo así, se logra gobernar con independencia”, explicó.
“Segundo, no armar coaliciones políticas para gobernar. Tercero, acabar con la mermelada a través de presupuestos participativos. Cuarto, vigilar y visibilizar la contratación. Y quinto, diseñar un mecanismo transparente para invertir los recursos públicos”, señaló.
El precandidato Juan Fernando Cristo dijo que “se debe cambiar el sistema político y el sistema de justicia que se tiene para eliminar el voto preferente y evitar transacciones que promuevan la corrupción”.
Demoler estado clientelar
En cuanto al Nuevo Liberalismo consultamos al senador y precandidato Rodrigo Lara quien dijo que “derrotar la corrupción implica demoler el Estado clientelar y corrupto”.
“Lo primero que voy a desmantelar es el Estado clientelar: pasaremos de tener un Estado inepto y lleno de recomendados políticos, a uno en el cual un joven colombiano pueda acceder a un sistema de carrera en virtud de su mérito, virtud y capacidad”, explicó.
“Una vez logremos un Estado sin clientelismo, los funcionarios serán competentes y servirán el interés general y el bien común de los colombianos”, agregó.
Sostuvo que “luego, para combatir la corrupción reformaremos a los organismos de control para hacerlos más eficaces: expediré un estricto código de responsabilidad fiscal para circunscribir bien el objeto de la Contraloría”.
“Fortaleceré la carrera administrativa en la Fiscalía y por último crearé un bloque de búsqueda anticorrupción para detectar y combatir a las grandes redes de la corrupción”, añadió.
Lara también se propone fortalecer “los mecanismos de control interno de las entidades del orden nacional, transformándolas en cuerpos internos de inspección, de tal forma que desde la Presidencia de la República yo pueda contar con un organismo que me reporte lo que ocurre en cada entidad del orden nacional, para poder detectar rápidamente el derroche y la corrupción. La Presidencia de la República debe estar en capacidad de detectar todo lo que pasa en las entidades que les son subordinadas. Eliminaré las contralorías departamentales y municipales”.
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Finalmente sostuvo que “creará un sistema satelital de seguimiento de los frentes de obra de todas las obras que contrate el gobierno. A lo cual también agregaré un sistema de seguimiento de los beneficiarios de cada obra, un mecanismo de participación ciudadana que llamaremos ‘auditorías visibles’”.
Por su parte, el exsenador y precandidato Juan Manuel Galán, líder del Nuevo Liberalismo pero quien también hace parte de la Coalición de la Esperanza, sostuvo que “la corrupción está montada sobre dinastías familiares, que cuando uno de sus miembros eventualmente cae, es remplazado por la esposa, el hermano o un pariente cercano. Vamos a establecer la figura de empresas criminales familiares, mediante la cual nadie que se haya beneficiado directa o indirectamente de un acto de corrupción podrá asumir cargos públicos o de elección popular”.
“A un corrupto no lo pueden juzgar al mismo tiempo hasta tres o hasta cuatro instancias distintas como ahora, así es como evaden el castigo y perpetúan la impunidad. Vamos a crear la jurisdicción especial contra la corrupción y acabar con la Procuraduría de una vez por todas”.
Las ideas de los independientes
El exministro de Hacienda y candidato presidencial independiente, Juan Carlos Echeverry, considera que en esta lucha lo “primero es dejar de pensar que eso es con leyes y con reformas constitucionales, eso es diciéndole a la gente que esto es inadmisible. Por ejemplo, la persona que maneja contratos tiene que pasar lo que yo llamo el ‘kit de corrupción’, que fue algo que hicimos en Ecopetrol y funcionó”.
“Primero, si usted va a manejar plata del Estado, vamos a su casa y vemos si lo que tiene es coherente con lo que se ha ganado en los últimos 10 años”, agregó.
“Segundo, hacer un análisis de detector de mentiras. Tercero, uno se reúne con los contratistas y les dice: ‘a ustedes les gusta que les roben en su empresa, no cierto. Al gobierno tampoco’. Si usted no pasa esto no quiere decir que salga de la institución, pero no va a manejar contratos, lo hace otro. Ese kit le va a mandar un mensaje a los que están dentro y fuera de la institución de que vamos en serio”, explicó.
“Esto no fue algo que se me ocurrió ahora, esto fue lo que hice con 700 contratistas (en Ecopetrol), y les dije: párense y repitan ‘al Presidente no le gusta que lo roben ni en su Gobierno, ni en la empresas públicas”, puntualizó.
De otro lado, el exministro de Salud y candidato independiente Alejandro Gaviria señaló que “todos podemos aportar en la lucha contra la corrupción, y creo que todos, me cuento entre ellos, hemos abusado del Estado, hemos incumplido una norma social, hemos incumplido una regulación, por eso es importante esa dimensión, que no es la única de cambio cultural de lucha contra la corrupción”.
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Para otro aspirante por firmas, el exalcalde Enrique Peñalosa, resulta claro que “la corrupción se enfrenta construyendo unos valores distintos en la sociedad, que los ciudadanos no piensen que éxito en la vida es tener más plata, más carros, cosas caras, sino más bien que los ciudadanos aprendan a vivir, disfruten de la naturaleza, del deporte, de la pintura, etcétera”.
“Educar a los ciudadanos para que elijan bien, para que no escojan a personas que repartan dinero, cosas, etc. Y que los ciudadanos tengan claro que eso es algo malo, porque hay muchas regiones en el país donde les parece que es normal que los que están en el Gobierno ganen dinero y hagan negocios”, agregó.
“En mis alcaldías nunca hubo problemas de corrupción, porque uno nombra la mejor gente y no mandaderos de los políticos. Uno nombra no los que están desesperados por conseguir un puesto en el gobierno, sino más bien gente que hay que pedirles el favor y convencerlos de que le presten un servicio al país”, añadió.
De acuerdo con Peñalosa “es necesario que sean drásticas las penas para los corruptos y no solo para los que están en el lado público, sino también para los que están en el sector privado que participan en los procesos y que no haya ninguna posibilidad de excarcelación”.
Para otro exalcalde y candidato por firmas, Federico Gutiérrez, “la corrupción arranca en las campañas cuando se le recibe dinero al que no es, cuando algunas personas comprometen lo que es de todos para llegar allá y luego pagar esos favores”. “Aquí hay que tener una cultura de la legalidad”, recalcó.
“La corrupción no viene solo desde el funcionario público, hay corrupción porque también hay personas dentro del sector privado que son corruptas y corrompen a los funcionarios”, puntualizó.
Las recomendaciones de Fedesarrollo
El centro de estudios económicos publicó esta semana una serie de recomendaciones para combatir la corrupción. Aquí las principales:
Sistema electoral y político
- El Consejo Nacional Electoral (CNE) debe ser autónomo frente a la clase política con consejeros elegidos de forma independiente entre candidatos idóneos para desempeñar sus funciones.
- El Consejo Nacional Electoral debe tener la capacidad administrativa y humana para formular y aplicar la regulación electoral e investigar efectiva y oportunamente las violaciones del Código Electoral y las normas de financiamiento de campañas; debe contar con una planta de carrera administrativa electoral y presupuesto independiente de la Registraduría.
- La financiación de las campañas políticas debe ser mayoritariamente pública, libre de influencia indebida de contratistas privados, equitativa, con giros oportunos y claros a las campañas y partidos políticos, con financiación pública a los costos de transporte y publicidad, y con topes a los gastos de los partidos políticos paralelos a los gastos de campaña.
- La financiación de las campañas políticas debe ser transparente en las fuentes de ingresos y el uso de los recursos, con rendición pública de cuentas, registro oportuno de la información, y acceso pleno a esta para las investigaciones electorales y el control ciudadano.
- Evaluar el tránsito gradual a un sistema obligatorio de listas cerradas en los cuerpos plurinominales como el Senado de la República.
- Fortalecer los controles de financiamiento a las candidaturas por firmas y acortar los tiempos para la recolección de firmas, para evitar que las candidaturas independientes sean una puerta alternativa para no acogerse a los controles y normas que aplican para las campañas de los partidos políticos.
Organismos de control y rama judicial
- Garantizar la autonomía e independencia frente a intereses políticos y económicos de la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación.
- Mejorar las técnicas y capacidad de investigación contra la corrupción usando ciencia de datos, inteligencia artificial, análisis de redes y contexto, compartiendo material probatorio y creando carpetas digitales, por parte de los organismos de control y la Fiscalía.
- La Procuraduría General de la Nación debe ser una entidad enfocada en combatir la corrupción y garantizar el cumplimiento del marco normativo anticorrupción.
- Escindir las funciones de auditoría y sanción fiscal de la Contraloría, crear una jurisdicción fiscal y eliminar las contralorías territoriales.
- Garantizar la protección de los derechos de los funcionarios públicos sujetos a investigaciones.
- Fortalecer la independencia, transparencia y mecanismos de sanción a las altas cortes al aumentar las restricciones para ejercer cargos de elección popular para los magistrados; reformar el proceso de selección para el Consejo Superior de la Judicatura; requerir la declaración pública y previa de bienes, patrimonio, y conflictos de interés de los candidatos a las altas cortes; y fortalecer el mecanismo de investigación y juzgamiento a los magistrados.
- Evitar el clientelismo en el nombramiento de jueces y funcionarios de la Rama al reducir la discrecionalidad de los procesos, y minimizar riesgos de la captura de la justicia a través de esquemas de rotación de jueces y el fortalecimiento de la denuncia de la corrupción dentro de la Rama.
- Profundizar el trabajo que viene adelantando la Rama judicial en la transparencia del funcionamiento y rendición de cuentas para fortalecer el control ciudadano.
- Mejorar los estándares de la educación jurídica pública y privada, garantizando su calidad y la formación de profesionales comprometidos con los valores públicos de la justicia y el constitucionalismo.
Compra pública
- Para evitar el abuso de la contratación especial y de las causales no competitivas de contratación, limitar la posibilidad de tener nuevos esquemas de contratación especial, transitar hacia el esquema general en los esquemas especiales actuales, y definir adecuadamente las causales de los contratos que se pueden adelantar de forma no competitiva.
- Precisar las causales para poder realizar adiciones y modificaciones a los contratos, y crear una figura que no requiera modificar los contratos para servicios recurrentes, para evitar una inadecuada planeación y riesgos de corrupción mediante estos mecanismos.
- Mejorar el gobierno corporativo de entidades del Gobierno nacional con riesgo de corrupción en la contratación y el monitoreo a través de datos.
- Combatir las redes de corrupción en la contratación de las regiones del país con investigaciones más efectivas y esquemas de supervisión de las transferencias.
- Mejorar el talento humano en las oficinas de contratación estatal.
Empleo público
- Crear un esquema de transición de prestación de servicios a planta sin un aumento en el gasto fiscal.
- Fortalecimiento del diseño y ejecución de la política de talento humano en el Estado y del servicio civil.
Regulación y formulación de política pública
- Crear un registro público, un código de buenas prácticas y regulación específica al cabildeo.
- La Procuraduría debe garantizar el cumplimiento en el registro y calidad de la información en la declaración de patrimonio y conflictos de interés.
- Limitar los cambios en el uso del suelo por fuera de la formulación de los POT y tener Corporaciones Autónomas Territoriales Regionales independientes.