El próximo 13 de noviembre inicia el periodo de inscripción de candidatos a las 16 circunscripciones transitorias especiales de paz, establecidas por los acuerdos de La Habana con el fin de darles una participación política, por dos procesos legislativos, en la Cámara de Representantes a las víctimas de la violencia en nuestro país. 

EL NUEVO SIGLO conversó con el consultor electoral, Alfonso Portela, sobre los retos de este proceso inédito, ya que los titulares de esos 16 escaños serán escogidos en los comicios de marzo de 2022.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cuáles son las mayores inquietudes que hay sobre este proceso?

ALFONSO PORTELA: Hay muchas inquietudes, teniendo en cuenta que es un proceso nuevo y que están en juego 16 curules para la Cámara que se circunscriben a 171 municipios de nueve departamentos, y que los votantes son exclusivamente los habitantes de los corregimientos de esos municipios. Además, los candidatos deben tener una relación directa con las víctimas del conflicto.

Con un escenario así, se hace bien complicado tener una vigilancia muy especial sobre los votantes que tienen la capacidad de elegir a esos 16 representantes. Quiero decir: que no vaya a existir trasteo de votantes, que los censos de esos lugares no se vayan a disparar de manera desproporcionada, que efectivamente los que voten sean realmente los que tienen ese derecho y que no vaya a haber manipulación de electores… Eso por el lado de los electores.

ENS: ¿Y por el lado de los candidatos?

AP: Hay unas exigencias: deben tener unas características especiales y hay una serie de certificaciones que deben tener una vigilancia muy especial de parte de los interesados en ese proceso, para que no se vayan a colar personas que no tienen ningún derecho de participar. Hay que asegurar que realmente las 16 curules cumplan el objetivo de que sean para las víctimas del conflicto.

Debe recordarse que los partidos políticos tienen vedada la posibilidad de participar en este proceso, es exclusivo para las organizaciones de víctimas que correspondan a esos territorios y que hayan habitado o habiten los mismos y tengan la posibilidad de seguir viviendo ahí.

ENS: ¿Qué tipo de controles se están tomando para evitar anomalías?

AP: El Consejo Nacional Electoral se ocupó de nombrar observadores o veedores para que estén pendientes de todo lo relacionado con el proceso. Dentro de eso está la función de vigilar que no haya ese trasteo de electores de unos lugares distintos a los corregimientos, para que no se presente alteración del censo electoral y, por ende, alteración en la elección. Hay muchos interesados en que todo este objetivo se cumpla: está la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, está el mismo Gobierno y está la Unidad de Víctimas. Creo que lo hay es que armonizar las actividades para que todos apunten a que el proceso sea transparente.

También hay unas entidades que tienen la capacidad de certificar las condiciones de los candidatos y por parte de la Registraduría la capacidad de revisar esas certificaciones. 

ENS: ¿Estuvo bien unir estas elecciones con las del Congreso el año entrante?

IM: El hecho de haber puesto esta elección con la general de Congreso pone las alertas frente a la elección de esos 16 representantes, teniendo en cuenta que las elecciones regulares suelen tener unas características especiales y eso puede llegar a enrarecer el clima político electoral de esas curules, al revolverlo con el clima político de las votaciones del Congreso.