EN EL marco de la presentación en Nueva York del informe trimestral del secretario general de Naciones Unidas al Consejo de Seguridad sobre la implementación del Acuerdo de Paz, ayer el Gobierno expuso un plan de choque para acelerar los puntos firmados en 2016, pues hay atrasos y cuellos de botella que han puesto de presente tanto la Misión de ONU en Colombia, como la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo.
El presidente Petro anunció hace tres meses ante el Consejo de Seguridad la intención de su gobierno de acelerar la implementación de este Acuerdo con el propósito de garantizar que los compromisos pactados sigan siendo un pilar fundamental en la construcción de una paz estable y duradera.
Durante su intervención en el desayuno con el Consejo de Seguridad, el ministro del Interior, Juan Cristo, reafirmó el compromiso del Gobierno con el Acuerdo. “Así, el plan de choque representa un nuevo impulso para asegurar que la implementación avance de manera ágil y efectiva en los territorios más afectados por la violencia del conflicto armado”, dijo.
A continuación, EL NUEVO SIGLO presenta un tablero de cómo están y cuáles son los cuellos de botella de cinco de los puntos del Acuerdo que el Gobierno pretende acelerar la implementación con dicho plan de choque.
1. Pactos Territoriales para la transformación
El Acuerdo de Paz de 2016 estableció los PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) como parte de la reforma rural integral con el propósito de la transformación de los territorios más afectados por el conflicto armado, la pobreza, las economías ilegítimas y la debilidad institucional a nivel local y subnacional.
Se focalizaron 170 municipios, habitados por 6,8 millones de personas, en los cuales los tres últimos gobiernos han pactado la financiación de 33.007 iniciativas de desarrollo, de las cuales hay avance en 15.545, el 44%.
La Defensoría del Pueblo manifestó en agosto pasado en su VI informe de seguimiento su preocupación por la disminución en el avance de este programa, pues fue apenas del 1% con corte a abril pasado, en comparación con lo reportado en su informe anterior.
Por otro lado, hay preocupación en los municipios PDET porque las dificultades que tiene el Gobierno para financiar el Presupuesto General de la Nación de 2025 afecten la inversión en estos territorios.
Incluso el jefe de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, dijo ayer ante el Consejo de Seguridad en la presentación del informe entre junio y septiembre de este año, que “me preocupa que los recursos destinados a las prioridades de la paz puedan verse afectados por las restricciones fiscales generales que parecen cernirse sobre el presupuesto del Gobierno para el próximo año”.
2. Reforma rural integral
Es uno de los puntos que más atraso presenta, a pesar de que la reforma rural es un propósito central del Gobierno, pues sostiene que la concentración de la tierra es causa del conflicto interno.
La Administración Petro se propone entregar en el cuatrienio 3 millones de hectáreas a campesinos pobres, así como avanzar en la titulación.
Sin embargo, la Misión de Verificación de ONU dice en su reciente informe que hasta agosto se habían adjudicado 129.656 hectáreas (aproximadamente el 86% de ellas desde que el Gobierno actual entró en funciones), cifra que constituye apenas el 4% de los 3 millones de hectáreas para el Fondo de Tierras que se fijaron como objetivo general en el Acuerdo Final.
Agregó que hasta julio se habían formalizado 2.957.235 hectáreas (el 38% de ellas desde que el Gobierno actual entró en funciones), cifra que constituye el 42% del objetivo, previsto en el Acuerdo, de 7 millones de hectáreas formalizadas.
Añadió que la Agencia Nacional de Tierras aún está pendiente de acelerar la compra y la adjudicación de tierras y, a tal fin, está ajustando los procedimientos internos.
Tampoco ha funcionado la propuesta que hizo el presidente, por medio de Fedegan, a los ganaderos para que le vendan al Gobierno predios improductivos para el fondo de tierras, pues según la Defensoría del Pueblo, de más de 1500 predios ofertados por esta Federación tan solo han sido adquiridos 26.
3. Agenda legislativa para la paz
El gobierno Santos impulsó la mayoría de actos legislativos, leyes y decretos para iniciar la implementación del Acuerdo de Paz y toda la institucionalidad que demanda, como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos.
La Administración Petro sacó adelante la Jurisdicción Agraria, que el Congreso en este momento discute la reglamentación; en tanto que el Gobierno anunció que no presentará la reforma rural, sino que acudirá a decretos.
El Gobierno igualmente expidió este año varios decretos relativos al proceso de reincorporación de los excombatientes de las Farc, para reforzar la ejecución mediante una mejor coordinación.
Hace tres meses el presidente Petro planteó en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas acudir a un fast track, un trámite abreviado, en el Congreso para acelerar la implementación del Acuerdo de Paz. Sin embargo, le llovieron críticas al mandatario por la mayoría de bancadas.
Entonces, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, dijo que “fui presidente del Senado durante el proceso de paz, pero era otro momento, que lo hizo necesario para la implementación. Quiero recordar que hoy un ‘fast track’ es un salto al vacío”.
Hace pocas semanas, el Gobierno radicó en el Legislativo una reforma política, que es otro de los compromisos del Acuerdo de Paz, sin embargo, no es claro que lo pueda sacar adelante por la proximidad de las elecciones y porque no tiene las mayorías en el Senado.
4. Articulación de la seguridad en el territorio
El Acuerdo de Paz plantea una concepción de la seguridad fundamentada en la promoción y respeto de los derechos humanos, así como en la defensa de los valores democráticos y la protección de derechos y libertades de quienes ejercen la política. En ese marco, se creó el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (Sisep).
Sin embargo, estos propósitos chocan con la realidad de la grave afectación de la seguridad en las regiones por la acción de los grupos armados. Naciones Unidas dice en su informe que “persisten importantes desafíos para consolidar la paz, entre ellos, lograr una presencia integrada del Estado en todo el país, resolver la difícil situación de la seguridad en varias regiones”.
5. Acuerdo Nacional para un pacto político
El Gobierno está impulsando desde un comienzo un acuerdo nacional con las distintas fuerzas políticas, gremios, organizaciones sociales y comunidades sobre las reformas que necesita el país.
Con la llegada de Juan Cristo al Ministerio del Interior relanzó esta iniciativa y se reunió con las diferentes fuerzas políticas y algunos gremios, para anunciar entre otras que los principales proyectos los concertarían antes de radicarlos.
No obstante, los puentes que tendió Cristo con las distintas bancadas no afines al Gobierno prácticamente colapsaron porque el Gobierno no quiso reducir el Presupuesto de 2025 en los $12 billones que está desfinanciado, y presentó para ello una reforma tributaria sin concertación.