Los principales indicadores negativos del orden público en un poco más de tres meses del gobierno de Gustavo Petro se mantienen, en comparación con similar periodo de la pasada administración de Iván Duque. Se hace referencia, entre otros, a crímenes de líderes sociales y defensores de derechos humanos, así como a la violencia contra firmantes del Acuerdo de Paz.

También se mantiene la intensidad del accionar de la guerrilla del Eln así como de los otros grupos armados organizados al margen de la ley.

La política de paz del Gobierno nacional busca dialogar con todos los grupos armados organizados al margen de la ley que se muestren dispuestos a ello, con miras a que abandonen la actividad criminal.

En ese sentido, con el Eln el Gobierno adelantará una negociación política buscando lograr un acuerdo de paz, pues le da reconocimiento de guerrilla; en tanto que con los demás grupos delincuenciales prevé una negociación para su sometimiento a la justicia ordinaria, a cambio de algunos beneficios penales.

Para iniciar los diálogos con el Eln está prácticamente todo listo y solo falta definir el lugar en donde se desarrollarán, según dijo la semana anterior el presidente Petro. 

Todo indica que este mes comenzarán las conversaciones, posiblemente en Venezuela, reabriendo la mesa de negociación que se había instalado en la administración de Juan Manuel Santos, pero que fue suspendida en 2018 debido a que finalizó su mandato.

En tanto que el Gobierno no se ha pronunciado si en eventuales conversaciones le dará estatus político o no a las disidencias de las Farc, que se negaron a firmar el Acuerdo de Paz de finales del 2016, y a las reincidencias lideradas por alias ‘Iván Márquez’, autodenominadas como la Nueva Marquetalia, en las cuales este y otros cabecillas traicionaron este Acuerdo porque lo suscribieron pero luego retomaron las armas y rentas criminales, principalmente el narcotráfico.

Mientras que las conversaciones del Gobierno con al menos 10 grupos armados organizados, que por escrito le han manifestado al presidente Petro su interés de acogerse a su política de paz, se iniciarían en 2023 con base en la prórroga de la Ley 418 que faculta para ello al Jefe de Estado.

Sin embargo, el Gobierno requiere para adelantar una negociación con los grupos armados organizados que no tienen estatus político, una ley de sometimiento que defina las condiciones que deben cumplir para poder participar, así como los beneficios penales que recibirían.

No obstante, a la fecha el Gobierno no ha presentado al Congreso el proyecto de ley de sometimiento, a pesar de que el ministro del Interior, Alfonso Prada, indicó el pasado 2 de agosto que sería radicado la semana siguiente.

El pasado 3 de octubre, Prada explicó sobre el proyecto de ley de sometimiento que “he pedido a quienes están trabajando en la redacción y yo lo expreso, no dejarnos presionar, porque hay que hacerlo bien hecho, porque el tema no es de tiempo, no es 11 semanas, ni 10, tenemos el instrumento del mensaje de urgencia si fuese necesario y en un mes sacamos esa ley adelante”.

Por lo pronto, el presidente Petro y el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, le han pedido al Eln y demás grupos delincuenciales dar muestras de que quieren la paz. 

A finales de septiembre pasado, el presidente Petro invitó en Nueva York, en donde participaba en la 77 Asamblea General de Naciones Unidas, “a todos los que deseen un proceso de negociación con la justicia en Colombia para desmantelar organizaciones criminales, lo que les proponemos es cesar hostilidades, crímenes, muerte, cesar el fuego y, dado que es una pluralidad de organizaciones, eso se llama cese multilateral al fuego”.

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Sin embargo, a falta de que comiencen las negociaciones del Ejecutivo con los grupos armados, con agendas definidas y en el marco de estas, eventuales cese el fuego y de hostilidades, lo que hoy existe no es más que llamados del Gobierno a que den muestras de paz, así como las manifestaciones de algunas de estas organizaciones, como el ‘Clan del Golfo’, que el pasado 7 de agosto anunció un supuesto cese el fuego.

Incluso el ‘Clan del Golfo’ suspendió el “plan pistola” que adelantó al final del gobierno Duque, que cobró la vida de cerca de 40 policías y 30 militares.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, dijo la semana pasada que “el problema de seguridad es un factor determinante para todos los ciudadanos. Este fenómeno de inseguridad no ha ocurrido en este Gobierno, ni en los cuatro anteriores, es un problema persistente en Colombia. Y es porque no ha habido un enfoque adecuado para mejorar las condiciones de las personas; un elemento indispensable para afectar la violencia es afectar la inequidad de las comunidades”.

Algunas cifras

La violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos ha sido, en los últimos años, una de las caras de la violencia en los territorios. Cientos de personas han sido asesinadas en una espiral que se ha mantenido en esta administración.

En un poco más de tres meses del nuevo Gobierno, han sido asesinados 50 líderes sociales y defensores de derechos humanos en distintas regiones; así como cinco firmantes del Acuerdo de Paz, acudiendo a cifras de Indepaz.

En tanto que entre el 7 de agosto y el 9 de noviembre del 2021, en el gobierno de Iván Duque, también fueron asesinados 50 líderes sociales y defensores de derechos humanos.

En cuanto a la violencia contra firmantes del Acuerdo de Paz, entre el 7 de agosto pasado y el 11 de noviembre se registraron cinco crímenes. Hay una leve reducción pues entre el 8 de agosto y 9 de noviembre del 2021 fueron asesinadas 12 personas. 

De igual forma, en el gobierno Petro se han registrado 26 masacres en diferentes departamentos, que han dejado 91 muertos. Así mismo, que entre el 21 de agosto y el 11 de noviembre del 2021 se produjeron 21 masacres, con 71 muertos.

Otro indicador que muestra que la violencia en las regiones sigue viva es el accionar del Eln.

Según el Cerac, entre agosto y septiembre del 2021 el Eln participó en ocho combates y realizó 19 acciones ofensivas.

En el mandato de Petro, en igual periodo, el Eln intervino en 14 combates y desarrolló ocho acciones ofensivas.

El ministro de Defensa explicó que “entre el 7 de agosto al 8 de noviembre de 2022, se han producido 79 combates, se han desmovilizado 26 integrantes de organizaciones ilegales, 154 sometimientos, 3.396 capturas y 20 muertos en desarrollo de operaciones militares; para un total de 3.596 acciones adelantadas por las Fuerzas Militares.

Bajo la lupa de Naciones Unidas 

La OCHA (Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios), en un informe sobre desplazamiento y confinamiento, del periodo que va de enero a septiembre de este año, dijo que “tras las declaraciones del Gobierno nacional sobre posibles escenarios de diálogo con diversos grupos armados no estatales, y las disposiciones posteriores sobre ceses multilaterales al fuego, en el mes de septiembre se observó un menor número de víctimas frente al mes anterior”.

En tanto que la Misión de Verificación de la ONU en Colombia indicó en su más reciente informe, que abarca el período del 28 de junio al 26 de septiembre de 2022, que “continúan las acciones de grupos armados ilegales y las disputas por el control del territorio y las economías ilícitas en zonas con limitada presencia del Estado”.