La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es un organismo que analiza y compara datos a nivel mundial para predecir tendencias futuras y establecer estándares en diversas áreas. Uno de ellas corresponde a la asistencia judicial, determinando que la media internacional es de 65 jueces por 100.000 habitantes.

Bogotá, al ser la capital de uno de los países que hacen parte de la OCDE, debe tener en cuenta estos estándares para ir en concordancia con los objetivos de mejorar el bienestar social y económico de la población. Sin embargo, según cifras consultadas por EL NUEVO SIGLO al Consejo Superior de la Judicatura, a la fecha la ciudad cuenta con 12 jueces por cada 100.000 habitantes, estando muy por debajo de la media internacional. 

Bajo esta premisa, expertos de la academia hablaron con este diario sobre las implicaciones que representa la situación en el aumento de los mal llamados casos de justicia por mano propia, conflictividad y violencia en general. 

Cristian Stapper, director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Sergio Arboleda, sostuvo que la discusión debe plantearse en términos de garantizar la convivencia ciudadana en paz, de forma que se reduzca el número de conflictos que llegan a conocimiento de los jueces por vía de reducción de la litigiosidad.

“Siempre será mejor que haya un mayor número de jueces, pero no necesariamente existe una correlación entre la cantidad de jueces y la calidad de la justicia. Tampoco podemos esperar a superar restricciones presupuestales para que haya pronta y cumplida justicia”, afirmó. 

A su turno Camilo Borrero, profesor titular de la Universidad Nacional, abogado, con posgrado en sociología y máster en derecho, indicó que la justicia por mano propia está vinculada a una generalizada falta de confianza en la administración de justicia. 

“Muchas capas de la sociedad perciben que se es laxo con los delincuentes, o que existe incapacidad para retenerlos en las prisiones y hacerles pagar por sus delitos, por lo que acuden a lo que consideran medios directos de resarcimiento o retribución. El reducido número de jueces no es un factor o causa directa o inmediata de lo anterior, pues estas personas son “dejadas en libertad” más por la manera estructural como el sistema trata las llamadas pequeñas causas o delitos menores, que muchas veces son los de mayor impacto. Por ejemplo, los robos de celulares. O, por la percepción de venganza inmediata que generan otros delitos mayores, como la violencia sexual contra menores de edad”, argumentó. 

No obstante, señaló que la falta de jueces sí impacta de forma directa el derecho fundamental de acceso a la justicia, pues genera una casi paralizante congestión. “Es bien sabido que una justicia excesivamente lenta es sinónimo de denegación de justicia. Además, es el caldo de cultivo para que muchos abogados aprovechen los intersticios del procedimiento a su favor, alargando abusivamente las causas, incluso al extremo de hacerlas prácticamente inanes”, advirtió. 

Por otra parte, Johanna Lopera, líder del Consultorio Jurídico del Politécnico Grancolombiano, sede Medellín, enfatizó que la sociedad en general piensa que la delincuencia ha aumentado y que el sistema de justicia es ineficaz para satisfacer la demanda social de justicia. 

“Está claro que la falta de jueces limita el acceso a la justicia, ya que provoca retrasos en los juicios, lo que frustra a las víctimas y genera sentimientos de impunidad en la sociedad y entre los acusados. Es importante entender que la falta de jueces y la sobrecarga de cada cargo está generando desconfianza en el sistema judicial, lo que puede llevar a las personas a tomar la justicia por su propia mano cuando la consideran más efectiva. En este sentido, el Estado debe evitar que la sociedad pierda la fe en las instituciones y debe buscar fortalecer el sistema judicial para evitar la anarquía social y más violencia. Para esto se requiere una reforma estructural que solucione no solo la baja cantidad de jueces, sino la carga que tienen todos los empleados del sector, para tener una mayor y más rápida capacidad de respuesta”, propuso. 

Por último, Kelly Marcela Salazar, docente de Solución de Conflictos del Programa de Derecho de la Fundación Universitaria San Martín, sostuvo que las cifras en aumento estadístico de los casos de justicia por mano propia hacen que esto se convierta en una problemática social considerable.

“¿Por qué una persona puede llegar a considerar que la solución a un delito es cometer otro? Seguramente su respuesta está en el imaginario de la impunidad y la desconfianza que se tiene en las instituciones, que conduce a los ciudadanos al disgusto general, al desencanto, a la indignación, este último sentimiento libera este tipo de reacciones”, señaló.

¿Cómo superar la situación? 

Los analistas coincidieron en que el problema debe ser abordado desde varias dimensiones que comprometen la cultura ciudadana, la prevención del delito, los medios para hacer más eficiente el trabajo de los jueces y la disposición de centros de reclusión suficientes.

Específicamente, el director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Sergio Arboleda sostuvo que el Consejo Superior de la Judicatura ha desarrollado instrumentos eficientes para facilitar el trabajo de los jueces a través de las nuevas tecnologías, que deben hacerse masivas, al igual que la formación permanente a través de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla en el uso de estas herramientas.

“El debate sobre el número de jueces ideal debe plantearse desde cada una de las jurisdicciones, en términos de la urgencia social de las soluciones. Así, el problema de inseguridad ciudadana, además de enfrentarse desde la prevención, a cargo de las autoridades de policía, debe enfrentarse previniendo los delitos de mayor ocurrencia, y desde la justicia, sancionando con severidad la reincidencia. Otro asunto que merece reflexión es el hacinamiento carcelario en Bogotá. Según el Inpec, a junio de 2024 la sobrepoblación en estos centros de reclusión era de 2.747 personas. No lograremos nada aumentando el número de jueces, si no existen centros carcelarios suficientes y adecuados”, advirtió. 

Asimismo, el docente titular de la Universidad Nacional insistió en que con más jueces y estrategias puntuales de descongestión, se ha probado en muchos escenarios una mejora sustantiva en el acceso a la justicia.

“Desafortunadamente, tanto el problema de la justicia por mano propia como el de impunidad frente a delitos como los hurtos de las pertenencias que uno lleva consigo, requieren soluciones integrales que tocan no solo al número de jueces, sino a la cultura de respeto a la ley, el tratamiento a la reincidencia, el sentido de las cárceles y demás instituciones de restricción o privación de la libertad. Las salidas que suelen impulsar el punitivismo penal, que se promocionan como simples y efectivas (con solo tener penas más altas y construir más cárceles solucionamos el problema), resultan en modelos represivos, que coartan derechos fundamentales pero que inciden poco en la disminución de la ocurrencia o posibilidad de sanción efectiva en estos casos”, explicó. 

Por su parte, la líder del Consultorio Jurídico del Politécnico Grancolombiano afirmó que el desafío es complejo, pero aseguró que existen estrategias que permiten que la sociedad confíe en el sistema judicial, como mejor comunicación, incremento del personal, infraestructura y mayor calidad de información. 

Finalmente, la docente de la Fundación San Martín enfatizó que para acabar con esta práctica el Estado debe restablecer el monopolio de la fuerza en los territorios en donde la violencia se ha privatizado y donde se apela a la justicia por mano propia debido a la falta de aplicación de una verdadera justicia. 

“Para eso, sería necesario mejorar la confiabilidad en las instituciones, aumentar la seguridad jurídica de los ciudadanos y mejorar el papel que desempeñan los jueces locales, así como, mejorar diseñar y ejecutar políticas integrales para evitar este flagelo”, concluyó.