El uso de la inteligencia artificial (IA) en diversos campos laborales y académicos ha tomado fuerza en los últimos años, abriendo el debate sobre los límites y lineamientos a tener en cuenta en esta práctica.
Recientemente, en el segundo episodio del pódcast Espresso Digital, la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Diana Alexandra Remolina Botía, conversó con el ponente de la Sentencia T-323 de 2024 de la Corte Constitucional, el magistrado Juan Carlos Cortés González, y con el presidente del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, Ulises Canosa, sobre la histórica decisión del alto tribunal y su aplicación en la administración de justicia.
Bajo esta premisa, EL NUEVO SIGLO habló con la presidenta sobre el uso de estas herramientas en el sistema judicial. “La IA puede asistir en tareas repetitivas, haciendo más eficiente el trabajo en los despachos judiciales, y puede potenciar las distintas capacidades de los servidores judiciales. Sin embargo, su función es ser una herramienta de apoyo que nunca debe sustituir el juicio crítico de un juez. En las mesas multiactor que hemos organizado de cara a emitir los lineamientos de uso de la IA, uno de los focos principales ha sido asegurar que estas herramientas se utilicen de forma ética, segura, responsable y equilibrada, garantizando siempre el respeto por el debido proceso y la promoción y protección de los derechos de los ciudadanos”, explicó.
Además, reiteró que la Corte Constitucional ha sido clara en que la IA debe usarse dentro de límites específicos y siempre respetando los derechos fundamentales. En este sentido, sostuvo que para evitar un uso excesivo de estas herramientas, es crucial contar con lineamientos éticos y una gobernanza clara que regulen cómo y cuándo se puede usar la IA.
“En el Consejo Superior de la Judicatura estamos trabajando precisamente en la elaboración de estos lineamientos, como lo subraya la Corte en la Sentencia T-323 de 2024. Consideramos que los jueces son responsables de utilizar la IA de forma equilibrada, y confiamos en que, con la capacitación adecuada y una regulación clara, se garantizará el respeto por el debido proceso y la integridad del análisis judicial”, indicó.
Congestión judicial
En muchos colegios y hasta universidades se está prohibiendo el uso de inteligencia artificial, para evitar la pereza de los alumnos a realizar sus labores o renunciar a su creatividad y criterio propio.
A partir de este contexto, este diario preguntó a la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura si no existe el riesgo del abuso de estas herramientas para evacuar procesos rápidamente en un país con los niveles de congestión judicial que tiene Colombia.
“Nuestra posición es clara. La inteligencia artificial debe ser vista como una herramienta de apoyo, pero jamás reemplazará la valoración profunda que el juez tiene que hacer del caso que le están sometiendo a su consideración. Los servidores judiciales del país se han caracterizado por su gran compromiso en la consolidación de una justicia eficiente que atiende las necesidades de los ciudadanos. Innovando de diversas maneras, y adaptándose a los diversos cambios tecnológicos que se han presentado. Estamos convencidos que con la inteligencia artificial estaremos en capacidad de continuar con estos procesos de aprovechamiento de tecnología, de forma responsable, en pro del bienestar de los ciudadanos, y asegurando sus derechos en todo momento”, aseguró Remolina.
En lo que respecta a la capacitación de operadores judiciales en inteligencia artificial, la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura sostuvo que la estrategia de transformación digital en la Rama Judicial prioriza la cultura digital como un elemento esencial.
“Reconocemos que lograr un adecuado aprovechamiento de la tecnología, incluida la inteligencia artificial, requiere que nuestros servidores judiciales cuenten con las competencias apropiadas y necesarias. El Consejo Superior de la Judicatura ha implementado un plan robusto de capacitación para garantizar que los servidores judiciales estén preparados para el uso ético y responsable de la inteligencia artificial. Este plan está estructurado en tres niveles (básico, intermedio y avanzado), y está diseñado para abordar tanto los aspectos técnicos de la IA como los desafíos legales y éticos que su uso conlleva”, explicó.
"En el marco de esta ruta han tenido iniciativas que van desde el curso de Formación de IA que adelantamos en alianza con la Universidad de los Andes con participación de más de 1.400 servidores judiciales, hasta otros formatos más flexibles de sensibilización sobre el tema como los pódcasts de Espresso Digital", añadió.