La Corte Constitucional determinó la inexequibilidad de la norma que habilitaba a candidatos a la Procuraduría General de la Nación a sumar experiencia profesional de carreras distintas al derecho. Esta decisión afecta directamente las aspiraciones del excontralor Felipe Córdoba, quien buscaba ocupar el cargo en reemplazo de Margarita Cabello.
El reciente fallo se declaró inexequible el segundo parágrafo del artículo 128 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, el cual permitía a los abogados acreditar como experiencia profesional aquella adquirida en otras disciplinas como ciencia política, economía o administración pública. Esta normativa era fundamental para la candidatura de Felipe Córdoba, excontralor general, quien contaba con títulos adicionales en estas áreas.
La sentencia fue clara en señalar que la homologación de experiencia para ocupar cargos en la Rama Judicial debe garantizar que los funcionarios tengan competencias jurídicas sólidas. Según el tribunal, esta competencia solo se asegura si la experiencia profesional es estrictamente jurídica. "La función judicial es que los jueces y magistrados cuenten con las competencias jurídicas necesarias para ejercerla", puntualizó la Corte.
Este fallo responde a una consulta elevada por el Gobierno Nacional al Consejo de Estado, que buscaba clarificar si la experiencia profesional de 15 años requerida para el cargo de Procurador General podía ser homologada con carreras no jurídicas. Aunque el Consejo de Estado aún estudia la consulta, la decisión de la Corte Constitucional pone un freno a las aspiraciones de Córdoba.
En el contexto de esta decisión, Hernando Herrera, presidente de la Corporación Excelencia en la Justicia, expresó su preocupación por el vacío constitucional que queda en torno a los requisitos para el cargo de Procurador General. "No acontece lo mismo en el caso de ser Procurador y corresponde a los organismos encargados de integrar la terna para elegir Procurador precisamente delimitar esos requisitos. En este caso entonces le corresponde esa determinación al Consejo de Estado, a la Corte Suprema de Justicia y a la Presidencia de la República", explicó Herrera.
La postulación de Felipe Córdoba a la Procuraduría ha sido tema de controversia. Con el apoyo de varios partidos políticos, Córdoba había acelerado su obtención del título de abogado y un doctorado en derecho, a pesar de los cuestionamientos sobre la originalidad de su tesis doctoral. Su candidatura se perfilaba como una posibilidad real para suceder a Margarita Cabello, quien dejará el cargo en 2025.
Ahora, con la inexequibilidad de la norma que podría haber validado su experiencia en otras áreas, las aspiraciones de Córdoba enfrentan un obstáculo casi insuperable. La Corte Constitucional ha cerrado definitivamente esta puerta, subrayando la necesidad de una sólida formación jurídica para quienes aspiren a ocupar el cargo de Procurador General de la Nación.