Caso ‘Las Marionetas’: Contraloría inspecciona sede de Prosperidad Social | El Nuevo Siglo
CONTRALOR EN funciones, Carlos Mario Zuluaga, se refirió al caso ‘Las Marionetas’ // Foto.- Catalina Olaya
Martes, 30 de Enero de 2024
Redacción Política

CON LA intención de recopilar información importante sobre el conocido caso ‘Las Marionetas’, agentes de la Policía Judicial y un equipo de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) de la Contraloría General inspeccionaron la oficina del Departamento de Prosperidad Social (DPS), con la intención de verificar contratos cuestionados y vinculados a la investigación en torno a este entramado de corrupción que involucra a varios congresistas.

“Hoy también hemos ordenado, a través de la URI, reacción inmediata de la Contraloría, de la Diari, una verificación y una solicitud de información ‘in situ’ en el DPS de todos los contratos que han estado cuestionados en estas investigaciones que también adelanta la Fiscalía General de la Nación, con el único propósito de identificar si esos contratos se ejecutaron de manera adecuada y correcta”, destacó el vicecontralor en funciones de contralor, en torno a este conocido caso, que estuvo liderado por el congresista fallecido Mario Castaño.

Según Zuluaga desde el Norte de Santander, la finalidad de esta investigación es examinar y verificar el comportamiento de los contratos que están bajo cuestionamiento, a raíz de denuncias y escándalos de contratación y malversación de fondos en Prosperidad Social.

También expresó con más detalle que la necesidad de obtener información detallada sobre los contratos, informes y todos los aspectos contractuales y precontractuales que permitan a la Contraloría identificar posibles responsabilidades fiscales en los hechos que actualmente están siendo investigados por la Fiscalía.

En una rueda de prensa en Cúcuta, informó que realizó un requerimiento al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) para que proporcione a la Contraloría General información detallada sobre la asignación de recursos a las últimas tres primeras damas. Este requerimiento busca esclarecer y transparentar el manejo de recursos en dichas asignaciones.

Además de Mario Cataño, quien falleció de un infarto en la cárcel La Picota, la Fiscalía General de la Nación también investiga a otros congresistas, por sus presuntos vínculos con este hecho de corrupción. Son Miguel Ángel Barreto, Carlos Fernando Motoa, Juan Felipe Lemos Uribe, Carlos Abraham Jiménez y Juan Samy Merheg.

Detenido

Por este caso, la Corte Suprema de Justicia ordenó captura para el senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez, el pasado 14 de diciembre de 2023. Ha sido señalado por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos.

“El senador Ciro Ramírez es capturado por orden de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema para cumplir medida de aseguramiento en centro de reclusión en desarrollo del proceso en su contra por concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos”, informó el alto Tribunal, a través de su cuenta X.

En noviembre, la Procuraduría General de la Nación inició una investigación preliminar contra el parlamentario, en relación a alegaciones que sugieren su involucramiento y participación en la manipulación y en el direccionamiento de varios contratos con un valor conjunto superior a los $ 9.000 millones.

A mediados de enero, la Fiscalía General de la Nación presentó una solicitud de prisión para Pierre García, exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS), en relación con el caso de corrupción conocido como 'Las Marionetas 2'.

La investigación reveló información sustancial sobre la presunta participación del hombre en prácticas irregulares durante su gestión en el DPS.

Luego, el ente investigador pidió para García que sea expedida la circular roja de Interpol porque se encuentra en París, Francia, en lo que coincidió la representante de la Procuraduría.

Según la Fiscalía, García está comprometido en las irregularidades que se presentaron en un contrato que firmó en 2021 el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) y la Empresa Industrial ‘Proyecta Quindío’ por $ 48.660 millones.