A cesar de inmediato los actos de violencia y los bloqueos porque además de las lamentables pérdidas de vidas está quebrantando la indemnidad de la justicia, el tejido social, la economía y los bienes públicos llamó la Corte Suprema de Justicia.

A través de un comunicado, Luis Antonio Hernández Barbosa, presidente del alto tribunal, el pleno delos magistrados expresa no su enfático rechazo a los abusos de todo tipo, condena la destrucción de varias sedes judiciales, alerta sobre el alto riesgo de impunidad tras la destrucción de expedientes y el permanente bloqueo a las carreteras. Todo ello, agrega, empaña el derecho a la expresión pública, libre y pacífica de la ciudadanía.

Tras calificar como un ataque criminal el incendio al Palacio de justicia de Tuluá registrado en la noche del martes, realizado por un grupo de encapuchados que, al parecer tenía como fin destruir cientos de archivos de los diferentes procesos que allí se llevan, los magistrados expresan en su comunicado que hechos como éste, que también se ha registrado en otras casas de justicia del país “erosiona severamente las bases del Estado constitucional y atenta contra la materialización de los derechos de todos los ciudadanos”.

Lo ocurrido en Tuluá, en donde se reportó un fallecido en los disturbios y se investiga tanto la causa del deceso como si tenía relación con los encapuchados, se suma a ataques similares realizados contra sedes judiciales en Cali, Cartagena, Medellín, Neiva, Pasto, Popayán, Santa Rosa de Viterbo, La Plata, Villavicencio y algunos municipios de Cundinamarca.

El comunicado resalta que “las sedes de justicia con las casas de protección de los colombianos” y que, por ello, actos de violencia como los sucedidos “ponen en peligro la integridad de los funcionarios y empleados judiciales, quebrantan la indemnidad de la justicia e impactan los ya escasos recursos con los cuales funciona”.

De la misma forma sostiene que la destrucción de expedientes, como ocurrió en el Palacio de Justicia Lisandro Martínez Zúñiga de la ciudad valluna, “otorga ventajas a la impunidad y a la agudización de los conflictos, no a su resolución”.

Finalmente insta a tener un acto de empatía, grandeza, inclusión y confianza para hallar una pronta salida a estos “momentos críticos que atraviesa el país”.

De esta forma, la Corte Suprema de Justicia “exhorta a los integrantes de la mesa de negociación y a quienes ostentan liderazgo político, comunitario, de opinión y a los líderes de las protestas para que reconozcan la responsabilidad que, por acción y omisión, les corresponde tanto en el conflicto como en su solución”.

Y a renglón seguido les insta “a rechazar insta los abusos de todo tipo, la destrucción del tejido social y la economía del país, los ataques violentos a la propiedad privada y los bienes públicos, así como el bloqueo de las carreteras”.