LA LEY de reforma pensional ha vuelto a enfrentar al Centro Democrático y al Pacto Histórico, a través de la senadora Paloma Valencia y el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar.
Esta nueva pelea inició a raíz de un comentario del excongresista y guionista de televisión, quien aseguró que las pensiones en Colombia están en riesgo si prospera una demanda que contra el proyecto presentó la uribista.
“Don Luis tiene 82 años, vive en una casita de madera y lata en el barrio Los Olivos, por la avenida circunvalar en Bogotá. Desde junio su bono pasó de 80 a $225.000”, indicó Bolívar con su relato.
Para luego escribir en su cuenta X: “Su vida cambió, pero la puede perder si la demanda de Paloma Valencia contra la reforma pensional prospera”.
Por último, el excandidato a la Alcaldía de Bogotá, afirmó que por el señor Luis saldría a marchar este jueves.
Inmediatamente, la senadora del Centro Democrático salió en su defensa, acusando a Bolívar de mentiroso y ruin. Pero también alegó que los subsidios están contemplados en la Ley 100.
“No sea tan mentiroso y tan ruin. El subsidio al adulto mayor está en la Ley 100, no lo creó la reforma pensional”, afirmó.
Además, recordó que la pensional aún no entra en vigencia. “La ley del Centro Democrático indica que debe llegar a 220.000 y se paga del Presupuesto Nacional, no de las pensiones. Mentiroso patológico; la pensional no ha entrado en vigencia”.
Como se sabe, la Corte Constitucional admitió en agosto la primera demanda de inconstitucionalidad en contra de la ley de reforma pensional, que fue sancionada por el gobierno Petro.
Esta primera demanda fue presentada por la senadora del Centro Democrático, quien, en su momento, argumentó que el proyecto violaba la Constitución Política.
En ese momento, la Corte ordenó a los secretarios generales del Senado y de la Cámara de Representantes proporcionar, en un plazo de 10 días, toda la documentación y grabaciones relacionadas con el proceso legislativo de la ley. Además, se ha solicitado la participación de varios organismos y expertos para que presenten sus opiniones sobre la constitucionalidad de la norma.
Esta acción se fundamenta en cuestiones de trámite legislativo y constitucionalidad. Entre los principales puntos se destacan que “la Cámara eludió el debate al acoger el texto aprobado por el Senado de la República sin que hubiese deliberación ni explicación de los ponentes de las diferencias existentes con la ponencia de segundo debate”.