OCHO AÑOS después de la firma del Acuerdo de Paz, crece el debate frente a cómo va el ritmo de implementación del mismo. EL NUEVO SIGLO hizo un repaso de varios informes de las entidades de control del país, de institutos nacionales y del exterior que muestran que es mucho lo que queda por desarrollar, a pesar de lo que se ha trabajado en los dos últimos gobiernos.
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, destacó ayer en el Consejo de Seguridad del organismo al presentar el informe de la implementación del Acuerdo en el periodo del 7 de marzo al 26 de junio de 2024, que preparó con base en el reporte que le entregó la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, que ha habido algunos avances alentadores; sin embargo, dijo que “sigue siendo necesaria una actuación decidida y una respuesta integral y altamente coordinada por parte del Gobierno y de todas las entidades estatales competentes”.
A continuación, la radiografía de la implementación del Acuerdo según lo que han medido distintos organismos:
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Reforma rural
El secretario general de Naciones Unidas en el informe que presentó ayer indicó sobre la reforma rural integral que, del total de hectáreas adquiridas en la actual administración, 85.002 fueron adjudicadas.
Dijo que, si bien es un paso importante, está aún lejos del objetivo de 3 millones de hectáreas contemplado en el Acuerdo, por lo que consideró necesario acelerar los esfuerzos de adjudicación de tierras con activos productivos.
En tanto que la Defensoría del Pueblo señaló en febrero pasado en su V Informe de seguimiento que se está ralentizando el cumplimiento del Acuerdo porque mientras la ejecución dependa de acuerdos con los grupos armados ilegales, no habrá reforma rural, los desplazados verán como una utopía el retorno a sus territorios; además, habrá un retraso con el cumplimiento a cabalidad de la política de restitución de tierras.
“La política de restitución de tierras presenta un serio atraso histórico. Las metas propuestas a diciembre del 2023 no alcanzaban el 50% de su ejecución”, indicó en esa oportunidad la Defensoría del Pueblo.
Por su lado, la Procuraduría General llamó la atención en febrero pasado por una baja adjudicación de tierras a campesinos, y aunque dijo que el Gobierno optó por la estrategia de entrega directa, esas adjudicaciones se están haciendo de manera provisional, “situación que no resuelve de manera oportuna la problemática que se tiene en ese punto específico”, puntualizó.
Mientras que la Unidad de Implementación de Acuerdo de Paz, organismo creado por la Administración Petro, destacó que el Gobierno dispuso $50,4 billones para la implementación del Acuerdo Final de Paz para el cuatrienio. Aproximadamente el 80% de estos recursos está concentrado en la reforma rural integral ($41,6 billones).
En el informe que entregó esta Unidad en noviembre pasado indica que por medio del Fondo de Tierras y Formalización se han gestionado 603.711 hectáreas; se han comprado 44.145 hectáreas y formalizado 450 mil hectáreas a campesinos, indígenas, comunidades negras y población víctima.
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Catastro multipropósito
El Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame de Estados Unidos publicó el pasado 7 de mayo su octavo Informe de soporte técnico y seguimiento, donde señala que concluyó la consulta previa con los pueblos indígenas para el catastro multipropósito.
En tanto que la Defensoría del Pueblo dice en su informe de febrero anterior que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi reporta como área intervenida por actualización catastral el 9,40% del área geográfica del país, que corresponde a 10.730.457 hectáreas, de los 114 millones de hectáreas totales.
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Participación política
El Instituto Kroc dijo en su estudio de mayo pasado sobre el punto de participación política que, a noviembre de 2023, el 26% de las disposiciones no habían iniciado; el 43% estaba en estado mínimo; el 18% se ubicaba en el nivel intermedio y el 14% había completado su implementación.
En tanto que la Procuraduría en noviembre pasado en su quinto informe al Congreso llamó la atención que a esa fecha la Ley Estatutaria de Garantías y la Promoción de la Participación Ciudadana, y otras actividades que pueden realizar las organizaciones y movimientos sociales no existe.
Mientras que, en enero pasado, en su 13 informe la Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación Cinep/PPP-CERAC indicó que durante los siete años de implementación del Acuerdo Final se han acumulado una serie de retrasos para avanzar en lo dispuesto en este punto.
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Fin del conflicto
El Instituto Kroc señaló en su octavo informe de soporte técnico y seguimiento, en mayo pasado, en lo relacionado con la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS) y con la aprobación de la Política Pública de Desmantelamiento de Organizaciones Criminales, sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, que el 9% de las disposiciones previstas no había comenzado su implementación; el 22% estaba en estado mínimo; el 19% en nivel intermedio y el 51% había llegado al nivel completo.
Mientras que la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz dijo en su informe con corte a noviembre pasado, que “avanzamos en la activación y puesta en funcionamiento del Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la Política (SISEP), que incluye la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la Instancia de Alto Nivel (IAN), la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Desempeño del Sistema Integral de Protección, Comité de Impulso a las Investigaciones, Sistema de prevención y alerta para la reacción rápida y los Programas Integrales de Protección.
En tanto que Naciones Unidas en el informe de ayer calificó como un avance positivo que el Gobierno expidió un decreto que adopta formalmente la política pública para el desmantelamiento de grupos armados ilegales y organizaciones criminales, así como un plan de acción conexo.
Dijo también que en comparación con el trimestre anterior se redujo el número de homicidios de excombatientes de las Farc (de 11 a 5) y de asesinatos reportados de defensores de los derechos humanos y líderes sociales. Sin embargo, llama la atención porque “la violencia general sigue siendo motivo de preocupación en los departamentos de Antioquia, Arauca, Bolívar, el Caquetá, el Cauca y el Chocó”.
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Problema de las drogas ilícitas
El Instituto Kroc señaló en su octavo informe en mayo pasado que el 3% de las disposiciones relacionadas con este punto no había iniciado. El 45% estaba en estado mínimo, el 29% en nivel intermedio y el 23% en estado completo.
Mientras que el secretario de la ONU en su informe de ayer destacó que el Gobierno nombró una nueva directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, quien fijó las prioridades de la Política Nacional sobre Drogas 2023-2033. Entre esas prioridades figura el cumplimiento de los compromisos adquiridos en 2017 frente a 99.097 beneficiarios del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito.
De su lado, la Defensoría del Pueblo en el reporte de febrero pasado dijo sobre la nueva política antidrogas que adoptó este Gobierno, que evidencia una serie de aspectos que requieren de mayor precisión. Uno de ellos tiene que ver con la necesidad de definir metas, indicadores y presupuesto para la implementación del Modelo de Intervención Integral para el Tránsito a Economías Lícitas.