El borrador de reforma a la justicia que presentará el gobierno en marzo, contempla la eliminación de una serie de delitos para afrontar el hacinamiento carcelario y que tengan un tratamiento restaurativo.

Según el ministerio de Justicia, para abordar la crisis humanitaria en las prisiones se busca el fortalecimiento tanto de enfoques alternativos a la solución de los conflictos sociales, distintos a su tratamiento, como delitos, como mecanismos alternativos al encarcelamiento

Por ello el proyecto de reforma judicial plantea eliminar del Código Penal varias conductas que considera podrían tener un tratamiento diferente, a continuación tres de ellas:

Inasistencia alimentaria 

Señala el proyecto que entre 2020 y el 6 de junio del año pasado, "hubo poco menos de cien mil denuncias congestionando el sistema penal, a pesar de que este conflicto social podría resolverse a través de otras medidas, como podrían ser las propias de la justicia restaurativa o de la jurisdicción de familia”.

Argumenta también el Ministerio de Justicia en el proyecto, que la Corte Suprema, a través de su jurisprudencia, ha dado por sentado que a pesar de que una lectura de las normas penales impediría otorgar subrogados penales a los autores de la inasistencia alimentaria, “la no suspensión de la ejecución de la pena imposibilita al condenado el cumplimiento de su obligación alimentaria”.

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Incesto

Se suprime el delito de incesto, tipo para penar a quienes realizan actos sexuales o acceso carnal con una persona con la que tengan un parentesco cercano.

Al respecto señala que el incesto es una expresión del concepto de tabú, definido como una práctica que genera rechazo social y que no debe ser realizado.

Empero indica el proyecto que “cabe preguntarse si el derecho penal es la mejor manera de lograr desincentivar esa práctica”.

Concluye que no rinde utilidad social ni penal dotar de consecuencias jurídicas a esta práctica, sin que esto implique que se está indicando que debe ser aceptada o que es correcta.

Protesta social 

El proyecto de reforma carcelaria propone también  excluir de los contextos de protesta social o manifestación pública la posibilidad de imputar los delitos de concierto para delinquir y terrorismo.