EL próximo jueves, cuando el presidente Gustavo Petro instale oficialmente la segunda legislatura, el panorama para la agenda legislativa gubernamental seguirá lleno de nubarrones.

A seis días de que retomen labores el Senado y la Cámara de Representantes resulta claro que la anunciada intención del gobierno de aprovechar el receso legislativo para tratar de recomponer el escenario que permita el avance de las reformas pensional y de salud, que están pendientes de segundo debate en las plenarias respectivas, se quedó en la intención porque no configuró los hechos políticos necesarios para sacar avante esas iniciativas que considera cruciales para el llamado “cambio”.

Tanto el presidente Petro como los ministros del Interior y de Trabajo habían indicado en la tercera semana de junio, cuando terminaron las sesiones extraordinarias de la primera legislatura, que aprovecharían  el interregno legislativo para tratar de recomponer la malograda coalición mayoritaria, así como para avanzar en un nuevo envión de cara a concertar los articulados de las mencionadas dos reformas, más aún después de que la laboral se terminó hundiendo en la Comisión Séptima de la Cámara, sin que los esfuerzos de la Casa de Nariño y la coalición de centroizquierda para mantenerla viva dieran resultado.

Por lo dicho esta semana por congresistas de distintas bancadas, sobre todo los partidos independientes y de oposición, no hubo ningún llamado oficial por parte de la Casa de Nariño ni los referidos ministerios para analizar los articulados de los proyectos pensional y de salud, y en vista de que ya solo quedan seis días para que arranque el trabajo legislativo, no se ve probable que esa convocatoria se haga de aquí al próximo jueves.

Para varios analistas el receso del trabajo en el Congreso terminó deteriorando aún más las opciones del gobierno para poder aprobar sus proyectos bandera. De un lado, es evidente que partidos como Cambio Radical, conservadores, la U y uribistas, han ido sentando las bases de un bloque de acción parlamentaria que tendría los números, sobre todo en el Senado, para forzar al gobierno a ajustar los alcances de las reformas, so pena de que las mismas acaben teniendo el mismo destino que la laboral.

A ello se suma que las intenciones del Pacto Histórico por reconstruir la relación con los liberales tampoco se pudieron aterrizar. Por el contrario, las entrevistas y pronunciamiento del expresidente César Gaviria, jefe único de las toldas rojas, evidencian que cada vez está más lejos de cualquier acercamiento con la Casa de Nariño, no solo porque reiteró su tono crítico a las reformas, sino porque hizo fuertes señalamientos a las maniobras del Ejecutivo para romper la disciplina de la bancada e incluso lo acusó de estar detrás de un complot para que ese partido esté en riesgo de ser sancionado por el Consejo Nacional Electoral.

Alertas tempranas

Otro de los flancos que el Gobierno considera clave para tratar de recomponer el escenario político en el Congreso, en donde hoy es minoría tanto en Senado como en Cámara, es el referente a la definición de las presidencias en Senado y Cámara a partir del próximo 20 de julio.

Como se sabe el Pacto Histórico ocupó ambos cargos en la primera legislatura tanto con Roy Barreras (a quien el Consejo de Estado le anuló la elección en mayo y fue reemplazado semanas después por Alexander López) y David Racero. Ahora, según los acuerdos políticos, los turnos para esas dignidades le corresponden a la Alianza Verde y los Liberales, respectivamente.

Sin embargo, a seis días de que arranque la legislatura no hay humo blanco al respecto. En los Verdes, es evidente una clara división a tal punto que hay cuatro candidatos: Angélica Lozano, Inti Asprilla, Iván Name y Ariel Ávila. De todos ellos el más cercano al petrismo es el segundo, mientras que los otros tres son más independientes e incluso el último ha tenido una posición crítica sobre algunos aspectos y ejecutorias gubernamentales.

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En lo que hace a la Cámara, se sabe que hay cuatro candidatos a presidirla pero que el tema está directamente bajo el manejo de Gaviria, quién ha advertido que el elegido debe comprometerse a seguir las directrices de la colectividad y garantizar que la bancada no termine siendo dividida por las maniobras del ministerio del Interior, en cabeza de Luis Fernando Velasco.

Para nadie es un secreto que tener la presidencia del Senado o la Cámara le da a cualquier partido una posición preponderante para manejar la agenda y los ritmos de la plenaria, que es precisamente en donde se darán los debates más fuertes a las reformas pensional y de salud que pasaron muchos trabajos para salir de las respectivas comisiones séptimas.

A ello se suma que en la mayoría de las comisiones permanentes habrá relevos en las mesas directivas, lo que disminuirá el margen de maniobra de la coalición de centroizquierda para viabilizar el avance de los proyectos ya radicados, así como de otras iniciativas claves que el gobierno anunció para este segundo semestre, especialmente en lo relativo a las reformas al Código Minero, la Ley General de Educación y la de Servicios Públicos.

Lo que se viene

Como se ve, el panorama en materia política y legislativa lejos de arreglarse en el receso del Congreso, ha tendido a complicarse.

De hecho, la imagen y popularidad presidenciales continúan desgastándose, según lo evidencian la mayoría de las encuestas más recientes.

Esta circunstancia no solo se explica por la accidentada gestión gubernamental y su poca productividad legislativa para cumplir con las promesas de campaña, sino también por el impacto de la racha de escándalos de los últimos dos meses, especialmente en lo relativo a la traumática salida de la jefa de gabinete, Laura Sarabia y el coletazo por las explosivas declaraciones del exembajador Armando Benedetti, que pusieron al presidente y su campaña electoral de 2022 en la mira de la Fiscalía, la Procuraduría, el Consejo Nacional Electoral y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara.

También resulta innegable que el llamado presidencial a sus bases populares para que se lancen a las calles y presionen al Congreso para que apruebe las reformas, no ha tenido mayor eco. Por el contrario, tanto en las encuestas como en los medios de comunicación y las redes sociales se evidencia que la principal preocupación de la ciudadanía, al comienzo del segundo semestre, tiene que ver con el grave deterioro de la seguridad y el orden público, que tiene en crisis a varios municipios y departamentos.

Esos mismos sondeos de opinión ponen de presente que para la gente más allá de las reformas y de los avances en algunos flancos de la llamada “paz total”, sobre todo por el proyectado cese el fuego con el Eln o la pronta instalación de una mesa de negociación con las disidencias de las Farc, es más urgente enfrentar el pico de criminalidad, controlar de forma más tangible la alta inflación (está en 12%) o implementar medidas que alivien el duro apretón económico que están sufriendo muchos hogares, en medio de un aparato productivo que comienza a desacelerarse de manera cada vez más rápida.

Todo lo anterior está enmarcado, además, en el accidentado arranque de la recta final de la campaña para gobernaciones, alcaldías, concejos y asambleas, que no sólo ha estado afectado por un clima de violencia creciente, sino que, además parece empezar a favorecer a los partidos y candidatos que están en la otra orilla gubernamental, más que al propio petrismo y su intención -hoy muy complicada- de adueñarse del poder territorial y local.

Así las cosas, la segunda legislatura arranca con un horizonte muy difícil para el gobierno, que no pudo recomponer mayorías ni tampoco avanzar en una concertación real y efectiva con independientes y oposición para destrabar las reformas. Por ahora toda la expectativa está en el tono y mensaje que utilice el presidente Petro en la instalación del Congreso -la primera que hará en su mandato-. Podría optar por abrir una ventana de diálogo en pos de un acuerdo nacional o inclinarse por seguir desafiando a los partidos y sectores que no están con él. Solo el jueves se sabrá que camino coge y eso marcará el ritmo de este segundo año legislativo.