El Consejo Superior de Política Criminal avaló el proyecto de ley de sometimiento a la justicia para bandas criminales con algunas observaciones.
"Lo primero a tener en cuenta es que la iniciativa legislativa bajo estudio se considera que carece de una robusta evidencia empírica, como criterio o lineamiento político criminal que debe cumplir la iniciativa, máxime cuando la propuesta conlleva un impacto serio y real en el sistema penitenciario y carcelario pues, las penas a imponer a los miembros de las estructuras organizadas de crimen de alto impacto oscilan entre seis y ocho años de privación física de la libertad, sin lugar a la posibilidad de redención de pena", dice en el texto.
El documento, de 13 páginas, recoge las opiniones del fiscal General, Francisco Barbosa, la procuradora General, Margarita Cabello, entre otras entidades que sesaltan como principal cuestionamiento es que este proyecto de ley no tiene claro el universo poblacional al cual está dirigido, pues solo se habla de estructuras de alto impacto.
"Otra observación a tener de presente es que se evidencia que la iniciativa prevé o apunta a la creación de cargos al interior de entidades como la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, para poder cumplir con los propósitos del proyecto, lo que daría lugar a la necesidad de adición de recursos, pese a lo cual la exposición de motivos no hace un análisis de dicha carga presupuestal", se lee.
Por otro lado, Consejo señaló que un proyecto que conlleva una adición o un impacto fiscal, tiene que ir acompañado de un concepto del Ministerio de Hacienda.
Sobre la extradición, el Comité señaló que no es muy claro en cuanto a si sería permitido o no y en qué casos aplicaría.
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Uno de los componentes más importantes para colombia, la verdad y reparación a las víctimas, se cuestionó los derechos para dicha población. Por ello recomendaron ampliar la participación en las etapas del proceso de sujeción a la justicia.
"No se aborda la posibilidad de reponer o apelar la aplicación del principio de oportunidad a los integrantes de las estructuras organizadas armadas de crimen de alto impacto, más si se tiene en cuenta que esta figura, la del principio de oportunidad, se torna basilar en el tratamiento que se busca brindar a los integrantes de estas organizaciones", fue la crítica.
Cabe recordar que la procuradora, Margarita Cabello, había manifestado su posición en contra ya que encontró siete argumentos por los cuales no tenía que emitirse un concepto favorable. Por su parte, el fiscal Francisco Barbosa, había manifestado nueve reparos, enfocados a que el ente acusador no tendría buen tiempo para llevar a cabo sus tareas.