Esta semana estarán en Colombia los representantes de los 15 Estados miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, para conocer de primera mano los avances y problemas en la implementación del Acuerdo con las Farc de 2016, así como sobre los desafíos de la política de paz de la administración Petro.

La visita, que dura tres días, se iniciará de manera oficial el próximo miércoles en Bogotá con la reunión del presidente Gustavo Petro con el Consejo de Seguridad de la ONU. Los representantes de los 15 países miembros tienen previsto también hacer presencia en terreno en el Caquetá, Cesar y Cartagena.

La llegada del Consejo de Seguridad de ONU en Colombia es debido a la invitación que hizo la vicepresidenta Francia Márquez cuando participó en una reciente audiencia del mismo en Nueva York en la presentación del informe de la Misión de Verificación de la implementación del Acuerdo de Paz.

El Consejo de Seguridad reiterará en su visita el respaldo que le ha dado al Acuerdo de Paz en los ocho años desde que se firmó entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc, el cual llevó a la desmovilización de esa guerrilla; así como también, que es lo fundamental de su presencia en el país, conocerá directamente los avances y los problemas que  presenta la implementación del pacto de La Habana.

Los representantes de los 15 países que conforman el Consejo de Seguridad de la ONU también tienen previstas reuniones con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), con congresistas, representantes de la sociedad civil y firmantes de paz.

El Consejo tiene 15 miembros: cinco permanentes y diez electos por la Asamblea General por períodos de dos años. Permanentes son China, Estados Unidos, Rusia, Francia y Reino Unido. 

Los países no permanentes en este momento son Albania, Brasil, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, Gabón, Ghana, Japón, Malta, Mozambique y Suiza.

Principales preocupaciones 

El más reciente informe de la Misión de Verificación en Colombia de la implementación del Acuerdo de Paz, que abarca el periodo entre el 27 de septiembre y el 26 de diciembre de 2023, llama la atención sobre varios aspectos que hay por corregir o factores externos que lo complican.

Uno de estos es la seguridad en regiones históricamente afectadas por el conflicto, que según lo observado en el período sobre el que se informa, algunos indicadores han mejorado en lugares específicos debido a los contactos del Gobierno con diversos grupos armados ilegales.

“Sin embargo, la violencia de los grupos armados y criminales sigue teniendo un grave impacto en las comunidades y socavando los esfuerzos de implementación”, señala el citado informe.

Destacó también el documento de la Misión de Verificación que para que el enfoque integral aplicado por el Gobierno a la reforma rural y a la reincorporación produzca resultados sostenibles, es esencial la seguridad.

En cambio, dijo, persisten o han aumentado los crímenes más estrechamente vinculados a dinámicas económicas y al control social y territorial, como el secuestro, la extorsión, el reclutamiento forzado y la violencia sexual relacionada con el conflicto. 

Subrayó que la violencia afectó especialmente a los pueblos indígenas y
afrocolombianos y a las comunidades de los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cauca, Chocó, Nariño y Putumayo.

Agrega dicho informe que la persistencia en ciertos lugares de la violencia relacionada con el conflicto exige que las autoridades tomen medidas específicas para cada contexto a fin de prevenir la violencia, proteger a la población civil y enjuiciar a los responsables.

El Consejo de Seguridad de ONU reiteró además su preocupación en el reciente informe por la violencia contra líderes sociales y recordó que la Corte Constitucional declaró un estado de cosas inconstitucional en relación con los derechos fundamentales de los líderes sociales y defensores de los derechos humanos. 

En el período sobre el que se informa, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos registró 46 denuncias de homicidios de líderes sociales, de los cuales 13 han sido verificados (11 hombres y 2 mujeres), 20 están en proceso de verificación y 13 fueron considerados no concluyentes.

La mayoría de las víctimas de los casos verificados o en proceso de verificación eran líderes campesinos (14) y autoridades étnicas (9), y la mayoría de estos crímenes ocurrieron en departamentos priorizados para la implementación, como el Cauca (7), Putumayo (6), Nariño (4), Antioquia (4) y el Valle del Cauca (3). 

En cuanto a la violencia contra excombatientes de las Farc, la Misión
registró en el período señalado el asesinato de 11 personas (todos hombres), lo que, dijo, supone una disminución del 26,7 % con respecto al período abarcado por el informe anterior. 

El número total de homicidios de excombatientes desde la firma del Acuerdo
Final es de 406 (incluidos 11 mujeres, 57 afrocolombianos y 49 indígenas).

Reforma rural

El Consejo de Seguridad señala que si bien impulsar la reforma rural “sigue siendo una de las principales prioridades del Gobierno”, los avances en los planes nacionales son desiguales, a pesar de su importancia en  la distribución de tierras y de consolidar la presencia del Estado en los territorios más afectados por el conflicto.

Señala que “persisten los desafíos relacionados con la insuficiente coordinación de algunas entidades gubernamentales, así como con la inclusión de los enfoques de género y étnico en el diseño y la implementación de los planes”.

Detalló que en el periodo entre el 27 de septiembre y el 26 de diciembre de 2023 se adquirieron 172.192 hectáreas destinadas al Fondo de Tierras, con lo que en total suman ya 288.105 hectáreas en el actual Gobierno. Sin embargo, señala el informe que en dicho lapso solo se entregaron 5.429 hectáreas.

Observaciones 

El citado informe de la Misión de Verificación hace una serie de observaciones al Gobierno para avanzar de mejor manera en la implementación del Acuerdo, como que es esencial reconocer el papel clave que pueden desempeñar las autoridades departamentales y municipales recién elegidas y trabajar junto a ellas en el marco de la reforma rural integral y el proceso de reincorporación. 

Además, es igualmente “importante profundizar en la implementación de las disposiciones sobre género del Acuerdo Final y seguir promoviendo la participación de las mujeres en los diálogos de paz en curso”, indicó.

Agregó que “la persistente violencia ha sido un obstáculo para la implementación de aspectos claves del Acuerdo Final, lo que ha dado lugar a resultados desiguales entre sus distintos puntos.

"La falta de garantías de seguridad en varias regiones ha impedido
que los esfuerzos de reforma rural mejoren las condiciones de vida de comunidades campesinas enteras, al tiempo que ha dificultado la transición de los excombatientes a la vida civil.

"La inseguridad también amenaza con impedir que la verdad salga plenamente a la luz en el contexto del proceso de justicia transicional”.

Enfatiza el informe de la Misión de ONU en Colombia que “es inaceptable que los beneficiarios y los actores involucrados en estos trascendentales procesos, como los líderes campesinos y las mujeres lideresas, corran riesgos por su papel en la construcción de la paz”.