UN NO rotundo le dio ayer el Partido Conservador a la reforma laboral que empezará hoy su primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara. En reunión de las bancadas, los parlamentarios concluyeron que esta iniciativa de la administración de Gustavo Petro afecta el empleo y especialmente a las micro y pequeñas empresas.

En ese sentido, el presidente del Directorio Nacional Conservador (DNC), el senador Efraín Cepeda Sarabia, manifestó al término de la reunión de bancada, que “el Partido Conservador ha tomado la decisión unánime en bancada de no acompañar el proyecto de reforma laboral del Gobierno nacional. O sea lo votaremos negativamente porque, no solo no promueve el empleo, sino lo destruye, como lo ha expresado el Banco de la República que se pierden 450 000, y el golpe más fuerte se lo llevan las micros y pequeñas empresas, muchas de ellas se quebrarán y pasarán a la informalidad”.

Con ello es la segunda de las grandes reformas del Gobierno nacional que el Partido Conservador no le da su aval, pues esta misma postura manifestó ante el proyecto de salud, que también se discute en la Comisión Séptima de la Cámara, el cual juzgó que pone en peligro el sistema, especialmente por la supresión de las EPS.

Precisamente, por esa posición contraria del Partido Conservador a la reforma de salud, junto con los liberales y de la U, el presidente Gustavo Petro el pasado 25 de abril rompió la coalición con estas colectividades.

A principios de este mes, el Partido Conservador se declaró independiente tras su salida de la coalición, lo mismo hizo la U. En el caso de los liberales hay una discusión interna y por el momento la mayoría de los parlamentarios se considera de la coalición de Gobierno y apoyan los proyectos del oficialismo, como se vio ayer en la aprobación de la reforma de salud.

El senador Cepeda dijo al anunciar que el Partido transitó a la independencia, que “a partir de este momento, el Partido Conservador no es ya partido de gobierno, sino partido independiente y vamos a seguir con nuestro accionar, que vamos a acompañar lo que creemos que es beneficioso para el país y vamos a negar lo que consideramos que sea nocivo y vamos a proponer nuestras líneas azules”.

Aseguró en esa oportunidad el parlamentario que “es una declaratoria de independencia constructiva, queremos que le vaya bien a los colombianos, pero no vamos a ceder cuando creemos que tenemos principios y líneas azules”.

El proyecto de reforma laboral, según explicó el Gobierno, enuncia los principios constitucionales y los de la Organización Internacional del Trabajo. En materia de derecho laboral individual se refiere a la estabilidad, límites a la tercerización ilegal y reducción de brechas de género.

La iniciativa busca también volver a la jornada nocturna desde las 6:00 p.m., recargos dominicales del 100 % y aumento de la indemnización por despido. Asimismo, se enfila a regular el trabajo de plataformas, el trabajo rural, el contrato de aprendizaje, el trabajo migrante, el derecho laboral colectivo.

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Temores por sus impactos

El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, dijo en días pasado a EL NUEVO SIGLO que: “yo creo que esta reforma laboral tiene unos objetivos equivocados. Esta reforma va en contravía de los trabajadores y de las empresas, va en la dirección contraria, porque está golpeando a las empresas que son las que generan empleo”.

Añadió sobre los incrementos en los costos laborales, que “ese punto hace más onerosos los despidos y ahora como lo establece la primera ponencia es absurdo. Esas indemnizaciones, si bien es una medida que pretende proteger realmente a estos empleados formales que son la minoría en Colombia, lo que va a terminar generando es que las empresas al ver que no pueden sufragar esos costos de indemnización en el caso de que tenga un mal empleado, pues lo que van a hacer es naturalmente pedirle a su empleado que se haga todo a través de vías informales”.

Por su parte en una carta que envió a la Cámara el Banco de la República alerta que por la reforma se podrían perder hasta 746 000 empleos.

“Esta cuantificación indica que, bajo el escenario medio, podrían perderse por incrementos en el costo laboral asociado al componente salarial entre 152 000 y 746 000 empleos (454 000 en promedio). Estos empleos se perderían en un plazo de entre 3 y 4 años una vez sea implementada la reforma”, expresó Leonardo Villar, gerente del Banco de la República.