Después de varias peticiones de funcionarios y exservidores públicos de la administración, la Contraloría General decidió asumir el proceso de responsabilidad fiscal contra el alcalde William Dau, a quien se le acusa de supuestas irregularidades en el pago de los gastos de representación hacia varios miembros del gabinete distrital. En este sentido, el organismo de control sería el encargado de determinar la solución de este caso, que venía siendo adelantada por la Contraloría Distrital de Cartagena.

“La intervención funcional excepcional decretada producirá los efectos legales, los cuales deberán ser cumplidos de manera inmediata por parte de los servidores de la Contraloría General de la República y, en especial, por la Contraloría Distrital de Cartagena, en cuanto a la transferencia de la titularidad funcional y la suspensión de actividades de vigilancia y control en curso y el envío de las diligencias respectivas en los plazos dispuestos en la norma”, se lee en el documento.

Frente a esto, Iván Acuña, abogado defensor del mandatario, celebró esta decisión del contralor Carlos Felipe Córdoba, quien afirmó que durante su proceso con el ente de control local no existían garantías para el desarrollo del caso de manera transparente e imparcial.

“La Contraloría General consideró que la Distrital no ofrecía suficientes garantías que se deben tener ante cualquier investigado, sin esclarecer objetivamente el daño ni mucho menos la responsabilidad fiscal de los funcionarios, y a pesar de ello haber dictado auto de imputación fiscal decretando los embargos”, señaló el jurista.

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El comunicado del ente de control se dio luego de que, en redes sociales, Dau contraatacara a Córdoba sobre supuestas alianzas entre el jefe del Ministerio Público y opositores a su gestión para realizar movimientos que afecten su situación jurídica.

Esta es la segunda batalla que logra superar ante la justicia, ya que el pasado 19 de octubre, el juzgado segundo civil de Cartagena archivó la solicitud de arresto contra el mandatario, por supuestos incumplimientos a un fallo de tutela interpuesto el 8 de septiembre de 2017, por mencionar el nombre de su denunciante durante una entrevista a medios locales.

No obstante, el magistrado encontró que el alcalde no había incumplido esta orden judicial, por lo que consideró no sancionar con 180 días de prisión al funcionario. Se espera que antes de finalizar el 2021, el contralor Córdoba defina si existió o no alguna responsabilidad fiscal del mandatario en la ejecución de estos pagos para el personal administrativo.