CÓMO VA el proceso de implementación del Acuerdo de Paz del gobierno Santos y la guerrilla de las Farc en 2016. Esa es la pregunta que muchos sectores se están haciendo, más aún con ocasión de la visita a Colombia esta semana de una delegación del Consejo de Seguridad de la ONU, que desde el 2017 aprobó una Misión de Verificación permanente al cumplimiento del mismo.

El objetivo inicial de esta Misión fue la de verificar que la implementación del Acuerdo de Paz, en particular el punto 3.2 sobre la reincorporación política, económica y social de las Farc; y el punto 3.4 la implementación de garantías de seguridad personal y colectiva, así como programas integrales de seguridad y protección para las comunidades y organizaciones en los territorios.

Posteriormente, el 15 de enero de 2021, el gobierno de Iván Duque solicitó que se añadiera al mandato de la Misión de Verificación el cumplimiento de las sanciones propias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Finalmente, el actual Gobierno solicitó la ampliación del mandato a la Misión de Verificación también al punto 1 del Acuerdo acerca de la reforma rural integral y el punto 6.2 que corresponde al capítulo étnico.

Así mismo el Consejo de Seguridad aprobó el 2 de agosto pasado ampliar el mandato de la Misión de Verificación para monitorear la implementación del cese al fuego entre el Gobierno y el Eln.

La delegación del Consejo de Seguridad que vino a Colombia está compuesta por delegados de los cinco países que tienen puesto permanente en el mismo (China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos de América) y 10 de las naciones que son elegidas por dos años (Argelia, Ecuador, Eslovenia, Guyana, Japón, Malta, Mozambique, República de Corea, Sierra Leona y Suiza).

La delegación del Consejo sostuvo ayer un encuentro con el presidente Petro Urrego, con firmantes del Acuerdo, con la JEP, así como con integrantes del Congreso.

Discusión por rol de la Misión

El hecho de que distintos gobiernos hayan pedido ampliar el mandato a la Misión de Verificación, incluso a un asunto que no corresponde al Acuerdo de Paz del 2016, como es monitorear el cese el fuego con el Eln; incluso se ha barajado por la administración Petro solicitar a ONU que también haga seguimiento al cese el fuego con el Estado Mayor Central, hace pensar a algunos que ha perdido su norte.

El excomisionado para la Paz en el gobierno Santos, Sergio Jaramillo, dijo a El Tiempo que la Misión en sus informes al Consejo de Seguridad no llama la atención sobre puntos no implementados como la reforma rural, el Plan Nacional de Salud Rural y la meta de reducir 50% la pobreza en el campo. “En ningún informe de la Misión se encuentra una palabra sobre si esa meta se está cumpliendo o no”, expresó.

Agregó que “quien debería estar llamando la atención es la Misión de Verificación de la ONU, y no lo hace porque hace rato dejó de verificar”.

En tanto que Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP), dijo a EL NUEVO SIGLO que en el cese el fuego con el Eln “es importante que la Misión informe oportunamente sobre los incidentes que pueden constituir incumplimientos o violaciones, tanto para que el Gobierno pueda tomar decisiones y también para que la sociedad civil pueda hacer seguimiento. Una misión no puede simplemente limitarse a ir haciendo los informes, pero que no se conozcan”.

Sobre la carta que el miércoles enviaron al presidente Petro los comandantes de las Farc sometidos a la JEP acusándola de provocar “graves alteraciones” al Acuerdo de Paz, Chacón mencionó que “es básicamente empezar a minar la credibilidad de la JEP sabiendo que muchos de ellos son máximos responsables. Sería inaceptable porque ellos se comprometieron con el Acuerdo”.

Agregó que “entonces la pregunta es si están buscando deslegitimar a la JEP porque ellos son máximos responsables, cómo va a reaccionar el Gobierno y qué va a recomendar la Misión de Verificación al respecto. Porque si no van a la JEP, entonces les corresponde la justicia ordinaria. Es que el país no puede permitir que haya impunidad, y en eso la Misión de Verificación también tiene que pronunciarse”.

A su turno, Kenneth Burbano, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre y conocedor de los temas de conflicto armado y paz, dijo a este Diario que “el Consejo de Seguridad de la ONU visita por tercera vez a Colombia, dado que una de sus funciones es mantener la paz y la seguridad internacionales. Su presencia en territorio colombiano implica un respaldo a la voluntad para la implementación del Acuerdo de Paz y de los diálogos que se adelantan con actores armados en nuestro país. Además, conocerá de primera mano los avances, retos y oportunidades de la reincorporación de excombatientes”.

Añadió que “dado que hay una Misión de Verificación de la ONU sobre el cumplimiento del Acuerdo de Paz, el que se aborde varios capítulos no genera debilitamiento del acompañamiento internacional, sino lo contrario, fortalece los procesos en marcha”.

Puntos grises

Una de las principales críticas al Acuerdo de Paz del 2016 es que en contra de lo que se esperaba se produjo un rebrote de la violencia y el incremento de grupos armados en los territorios.

En esto se ha señalado que especialmente en el gobierno de Santos no se hizo que la Fuerza Pública ocupara suficientemente los territorios en que las Farc ejercían control, por lo que al desmovilizarse esta organización fueron ocupados por otros grupos armados.

Incluso, el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia, grupos disidentes de las Farc, son señalados de ser los mayores victimarios de líderes sociales y desmovilizados.

Otro aspecto del Acuerdo que ha sido puesto en discusión es porque la JEP después de 6 años no ha producido la primera sanción propia sobre los exguerrilleros de las Farc. El presidente de esta Jurisdicción, magistrado Roberto Vidal, anunció que en el 2024 ello ocurrirá.

¿Cómo va la implementación?

El más reciente informe al Congreso de la Contraloría General de la República acerca del Acuerdo de Paz, de octubre pasado, llama la atención que pese a la ejecución $ 77,45 billones en seis años “no se han logrado cambios estructurales en las zonas rurales del país ni siquiera en los municipios priorizados con los PDET. Esto último como producto de una ejecución desarticulada que compromete la eficacia de los recursos públicos”.

Agregó que los $ 44,9 billones ejecutados en la reforma rural integrada “no han logrado las transformaciones requeridas ni siquiera en los municipios priorizados, debido a la deficiente formulación de proyectos y falta de coordinación de acciones entre las entidades responsables”.

Esta es una de las principales conclusiones del Séptimo Informe de la CGR al Congreso sobre los recursos del posconflicto, donde se indica también que la Reforma Rural Integral (RRI), no ha conseguido un punto de inflexión para el cierre de brechas entre el campo y la ciudad, y la erradicación de la pobreza extrema, cuyos niveles según el DANE −último corte disponible de 2021− son mayores a los de 2017 en centros poblados y zona rural dispersa.

A finales de diciembre pasado la procuraduría general en su informe al congreso sostuvo que en la implementación del Acuerdo de Paz persiste la baja ejecución de recursos asociados a los compromisos en materia de género, así como se sigue registrando un alto riesgo para el ejercicio de los liderazgos de las defensoras de derechos humanos en los territorios.

Indicó que en lo relacionado con el punto 1 del Acuerdo, que trata de la reforma rural integral, solo se ha cumplido el 0,65% de la meta de adjudicación que está planteada en tres millones de hectáreas; y el 44,9% de los siete millones de hectáreas formalizadas a partir de la redefinición de las metas fijadas en el Acuerdo.