La Sala Plena de la Corte Constitucional negó la tutela que presentó el expresidente Álvaro Uribe para que le retiraran la condición de imputado en el proceso que afronta por fraude en actuación penal y soborno a testigos, a partir de la indagatoria que rindió ante la Corte Suprema. Como consecuencia, el caso sigue como venía en el Juzgado 28 Penal del Circuito, y corresponderá a la jueza a cargo determinar sobre la solicitud de preclusión por parte de la Fiscalía, pues concluyó que el exmandatario no cometió ningún delito.
La Corte tomó esta decisión en una apretada votación 5-4 de sus magistrados, acogiendo de esta manera el sentido de la ponencia que presentó el togado sustanciador, Alejandro Linares, bajo la consideración de que se debe preservar lo actuado por la Corte Suprema por estos hechos, que le abrió la investigación en 2018, a pesar de que el exmandatario renunció el año pasado a la curul en Senado y, como consecuencia, el proceso pasó a manos de la Fiscalía.
Votaron a favor de la ponencia de Linares los magistrados Diana Fajardo, Gloria Ortiz, Cristina Pardo y José Fernando Reyes. En contra, votaron Jorge Enrique Ibáñez Najar, Paola Meneses, Alberto Rojas y Antonio José Lizarazo.
El fallo de la Corte se produjo sobre las 9 de la noche, tras una discusión que se dio durante todo el día en un caso de suma importancia no solo porque Uribe es el primer expresidente en ser procesado por la Corte Suprema, sino por los vacíos que en la práctica se han detectado cuando un parlamentario renuncia a la curul y como consecuencia el proceso pasa a la Fiscalía.
En el caso Uribe el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá en noviembre pasado consideró que la indagatoria que rindió ante la Corte Suprema es equiparable a la imputación, contradiciendo lo que al respecto había dicho la jueza 30 penal con función de garantías de Bogotá.
Ante esto los abogados de Uribe presentaron en enero de este año una tutela al Tribunal Superior de Bogotá en contra del Juzgado Cuarto Penal, alegando violación al debido proceso y a la defensa.
La defensa del exmandatario señaló en el recurso radicado que no hay punto de comparación entre la indagatoria y la imputación del delito que se contempla en el nuevo Sistema Penal Acusatorio. “No hay ni siquiera claridad de cuántos delitos se están imputando a Álvaro Uribe Vélez, ni en qué consiste cada uno de ellos”, señalaron.
El magistrado Linares explicó que la Corte Constitucional decidió "negar la acción de tutela del ciudadano Álvaro Uribe Vélez contra el auto del 6 de noviembre de 2020 proferido por el Juzgado Cuarto Penal con función de Conocimiento".
Agregó el jurista que “si cualquiera de las partes procesales identificare ámbitos de indefensión de garantías fundamentales sustantivas, podrá solicitar una audiencia innominada ante el juez de control de garantías para efectos de adecuar la actuación procesal en los términos del artículo 10 de la Ley 906 de 2004".
El magistrado Linares explicó que para esta decisión se tuvo en consideración que existe un vacío normativo que llevó a la Corte a usar "principios y reglas del derecho procesal para llenar ese vacío que se produce por la dificultad de adecuar una situación bajo la Ley 600 de 2000 (sistema inquisitivo) a la Ley 906 de 2004 (sistema penal acusatorio)".
Agregó el togado que "la Corte señaló que cuando hay un cambio de sistema procesal por renuncia o por adquisición del fuero constitucional, durante la etapa de la investigación conservará validez todo lo actuado, y se parte de la base de que, prima facie, hay una equivalencia funcional entre la indagatoria y la imputación".
El caso
La causa contra el exmandatario fue abierta en julio de 2018 por la Corte Suprema de Justicia después de archivar una denuncia que este formuló contra el senador Iván Cepeda (Partido Polo Democrático), acusándolo de manipular testigos en las cárceles para que lo vincularan con el paramilitarismo.
La Sala de Instrucción señaló que “después de emitido este archivo, al parecer, con la aprobación del senador (Uribe), personas allegadas a él habrían emprendido probables actos de manipulación de testigos”.
En agosto de 2020, la Corte Suprema dictó medida de aseguramiento domiciliario con carácter preventivo contra el expresidente, permaneciendo en esa situación durante 67 días. Durante este tiempo, Uribe renunció a su escaño de senador, con lo cual el caso salió de la Corte a la Fiscalía.
En tanto que en octubre del año pasado la jueza 30 penal con función de garantías de Bogotá, Clara Salcedo, ordenó la libertad del expresidente porque, dijo, no puede haber privación de la libertad sin imputación de cargos.
Por su lado, en abril pasado y tras varios meses de estudiar el proceso, el fiscal que fue asignado, Gabriel Jaimes, pidió la preclusión del caso al considerar que no hay pruebas de que Uribe cometiera delito alguno.
Por ello si la Corte hubiera avalado los argumentos de la tutela del expresidente Uribe, el proceso que adelanta el Juzgado 28 Penal del Circuito habría quedado sin piso al no poder considerarlo como imputado por fraude en actuación penal y soborno a testigos.
En ese escenario hipotético el ‘balón’ habría quedado en la cancha de la Fiscalía pues una de sus funciones es imputar la comisión de un delito con base en las pruebas que tenga. No obstante ello no ocurriría en este caso porque, como se dijo, en abril pasado el fiscal Gabriel Jaimes presentó ante un juez la solicitud de preclusión de la investigación al exmandatario, tras determinar que no incurrió en delito alguno en este sonado caso de falsos testigos.
Reacciones
Tras conocerse el fallo de la Corte en el caso Uribe llovieron las reacciones en las redes.
El senador Iván Cepeda, una de las víctimas acreditadas en este proceso, señaló: "Una vez más avanzamos en el proceloso camino de reivindicación de nuestros derechos como víctimas. Ratificamos nuestro respeto y respaldo a las altas cortes".
Mientras que la senadora Angélica Lozano, Alianza Verde, destacó que "sienta un importante precedente para los que quieren hacer la jugadita de renunciar a la curul para que la Fiscalía de bolsillo, sin más, les archive las investigaciones".
En las toldas del uribismo el precandidato presidencial Rafael Nieto Loaiza dijo que la "Corte que se presume garantista pero cuyas mayorías deciden con sesgo político. En penal la interpretación de las normas debe ser la mejor para el investigado. Se llama principio de favorabilidad y, otra vez, en el caso de Uribe se lo pasan por la faja".
En tanto que la también precandidata presidencial y senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, dijo que "es evidente que la imputación y la indagatoria no son figuras equivalentes. Lo que me parece grave es que los juristas en Colombia se parezcan tanto a los políticos y se parezcan más a un partido político que a un grupo de ecuánimes juristas. Está haciendo muchísimo daño la politización que ha sufrido la rama judicial".