Tanto la Corte Suprema de Justicia como el ministro de Justicia se oponen a cualquier tentativa de modificación de las instituciones nacionales que ponga en peligro las reglas de la democracia que durante más de 120 años ha defendido, hasta con el sacrificio de sus propios magistrados.
La Corte señaló que en cabeza de jueces y fiscales, con el valioso aporte del Ministerio Público, la Rama Judicial ha actuado contra organizaciones criminales, permanentes u ocasionales, y delincuencias unitarias que han defraudado los bienes públicos. A miles de actores de los más diversos delitos se les ha atribuido responsabilidad penal o disciplinaria con el uso de herramientas jurídicas que han logrado la recuperación de dineros públicos y la reparación de los daños.
Cualquier modificación legal que dignifique al servidor judicial, dotándolo de mejores herramientas institucionales para la lucha contra la corrupción, dentro de las reglas del ordenamiento constitucional de la democracia nacional, es bienvenida mientras no avasalle la tradición jurídica nacional, las garantías debidas a las partes ni los derechos a verdad, justicia y reparación de las víctimas.
La posición de Néstor Osuna
Mientras tanto, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, expuso a través de su cuenta de Twitter las razones por las cuales no apoyaría la creación de una sala transitoria anticorrupción en la Corte Suprema de Justicia. En primera instancia el alto funcionario escribió: “La lucha contra la corrupción está en el núcleo de las preocupaciones del Gobierno. Estamos conscientes de que en esta materia hay enormes desafíos y urgencia de actuar, pero la adición de una sala a la Corte Suprema no parece una buena medida en ese sentido”.
En segundo lugar: “La lucha contra la corrupción nos debe llevar a fortalecer las instituciones judiciales existentes y a dotarlas de herramientas más eficaces, que les permitan resolver más casos de corrupción con severidad y prontitud”.
Un tercer punto tiene que ver con que “una sala transitoria (enorme pero provisional) en la Corte Suprema acarrearía el riesgo de desarticular su funcionamiento, enredar los procedimientos y garantías vigentes y debilitar las investigaciones y procesos en curso”.
Por último, agregó que “la expedición de una reforma constitucional y luego de una ley estatutaria se lleva, fácilmente, tres años para su entrada en vigencia. Una propuesta que se aplaza tanto no es útil”.
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En qué consistiría la propuesta
El proyecto de ley presentado por el Instituto Anticorrupción y la Fundación Pares, compuesto por 71 artículos y que busca la creación de una sala adicional en la Corte Suprema de Justicia, compuesta por al menos 28 magistrados, no cuenta con el apoyo del Gobierno nacional. Así lo dio a entender el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga.
El proyecto de ley propone la creación de una “sala transitoria anticorrupción de la Corte Suprema para el juzgamiento de los delitos cometidos en el territorio nacional en casos de grave amenaza de impunidad y alto impacto público del caso sometido a su conocimiento donde se identifiquen hechos de corrupción pública y privada”.
Además, se propone que este tribunal “podrá atraer a su competencia todo caso en el que no se haya instalado audiencia de juicio oral”, lo que querría decir que un caso investigado por la Fiscalía se podrá trasladar a su juzgamiento.
Esta sala tendría como objetivo principal juzgar a las personas que estén involucradas en casos de corrupción, incluso para aquellos que cometan graves violaciones a los derechos humanos. Tendría una Sección de Juzgamiento de Primera Instancia; la Sección de Reconocimiento y Contribución con la Justicia; y la Sección de Recuperación Patrimonial y Ejecución de Penas.
“La Sala Transitoria garantizará la separación de la instrucción y el juzgamiento, la doble instancia y el derecho de impugnación de la primera condena”, se puede leer en el proyecto de ley.
Otro punto a destacar es que “la sala podrá conocer de casos bajo trámite de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, pudiendo llevar a juicio a aforados señalados por el artículo 178 de la Constitución Política”.
Los casos deberían ser presentados por una Unidad de Investigación y Acusación, compuesta por la Fiscalía General y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Colombia, que serían las encargadas de investigar y acusar a quienes presuntamente cometan actos de corrupción.