El próximo 13  de noviembre inicia el periodo de inscripción de  listas con los candidatos  al Congreso para el periodo 2022-2026 en los comicios de marzo próximo, sin embargo como van las cosas nuevamente quedaría frustrada la intención de los raizales del departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, de aspirar a la curul en la Cámara de Representantes que desde el 2015 estableció la reforma de Equilibrio de Poderes, la cual permaneció vacía en el actual Legislativo.

El problema que se presenta con esta curul reside en que necesita ser reglamentada, sin embargo ello no ha ocurrido porque se decidió hacerlo a través de la expedición del Estatuto del Pueblo Raizal que contempla la  Ley 1753 de 2015, Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo país", proyecto de ley que requiere primero ir a consulta previa con la etnia raizal del archipiélago, es decir la población originaria.

Desde 2017 durante el gobierno Santos se inició la discusión en consulta previa del proyecto del Estatuto Raizal, que tiene por objeto reconocer y regular los derechos y deberes de esta población del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, dotarla de un estatuto especial de autonomía étnica y el fortalecimiento de sus instituciones propias.

En este sentido el Estatuto reconoce el derecho a la existencia y preservación de la vida del pueblo raizal y busca asegurar una calidad de vida digna, proteger la diversidad étnica e identidad cultural de los raizales, la conservación de su patrimonio cultural, así como garantizar su soberanía alimentaria y la sostenibilidad ambiental de los recursos naturales terrestres y marítimos, y su territorio ancestral.

En agosto del 2018, poco antes de finalizar el anterior gobierno, el Ministerio del Interior radicó ante el Congreso un proyecto de Estatuto Raizal, el cual recogía los principales aspectos de la discusión en consulta previa que el Ejecutivo había sostenido con esa población.

No obstante dicho proyecto no tuvo trámite en el Congreso y ya le correspondió a la administración Duque retomar el tema. Por esos días la entonces ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, dijo que “tenemos una agenda de trabajo planteada desde 2018 cuando estuvimos revisando lo que tiene que ver con tomar una decisión frente a la continuidad del proyecto de ley conocido como Estatuto Raizal, el cual fue radicado en agosto de 2018, pero no ha iniciado su trámite”.

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La entonces Ministra indicó que en esa iniciativa “hay una serie de propuestas que quedaron por fuera de la consulta, las cuales formaban parte de un bloque general del estatuto. Por lo tanto, las partes deben tomar una decisión sobre dar trámite al proyecto actual o presentar uno nuevo con modificaciones”.

Finalmente se optó por esto último en un nuevo proceso de consulta previa que se ha extendido por más de dos años, y siguen las discusiones en su etapa final en el marco de la Mesa de Interlocución, Participación y Seguimiento al cumplimiento de los compromisos del Gobierno Nacional con el Pueblo Raizal, Decreto 1211 de 2018.

No obstante partiendo del supuesto de que el Gobierno y los representantes del pueblo raizal en las próximas semanas logren un acuerdo sobre dicho Estatuto, y que como consecuencia se radique el respectivo proyecto en este octubre, es poco probable que se alcance a tramitar y aprobar en el Congreso en un mes para que esté listo al menos unos días antes de que se abra la inscripción de candidatos al nuevo Legislativo, el próximo 13 de noviembre por 30 días, y que de esta forma los raizales alcancen a organizar las listas con aspirantes.

Por ello lo más probable es que el escaño que fue creado para los raizales siga sin estrenar durante 4 años más, un hecho que no tiene antecedentes en la historia del Congreso.

Así las cosas, el archipiélago seguirá contando en el próximo Legislativo con los dos representantes a la Cámara que le corresponde a esta circunscripción.

En el actual Congreso tampoco se eligieron en 2018  los 16 escaños en la Cámara de Representantes previstos para las víctimas del conflicto armado, como lo establece el Acuerdo de Paz, debido a que en 2017 la plenaria del Senado consideró hundido el proyecto de reforma constitucional que les daba vida porque los 50 votos a favor no serían la mayoría.

Sin embargo hace unas semanas, la Corte Constitucional revisó una tutela que presentó el senador Roy Barreras buscando revivir esas curules. Por tanto el alto Tribunal determinó que dicho proyecto fue aprobado con 50 votos a favor pues la mayoría no eran los 52 votos que consideró en 2017 la plenaria del Senado, debido a que del quórum era necesario descontar tres senadores que por eso días estaban en la cárcel por problemas de distinta índole.

Producto de ello las 16 curules en Cámara para las víctimas del conflicto armado estarán en juego en los comicios de marzo próximo.

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Una paradoja

El artículo 6 del Acto Legislativo por medio del cual se adopta una reforma de Equilibrio de Poderes y reajuste institucional estableció que “la circunscripción territorial conformada por el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, elegirá adicionalmente un  Representante por la comunidad raizal de dicho departamento, de conformidad con la ley”.

Esta curul para los raizales no aumentó los escaños en la Cámara porque lo que hizo la reforma de Equilibrio de Poderes fue entregarle una de las dos que tenían los colombianos en el exterior.

La asignación de dicho escaño  en la Cámara hizo parte de una serie de medidas con las cuales el anterior gobierno buscó atender a esta población, que también incluyó subsidios y apoyos, tras el fallo del año 2012 de la Corte Internacional de Justicia que resolvió una demanda de Nicaragua, en el cual si bien reconoció a Colombia la soberanía sobre el archipiélago de San Andrés y siete cayos vecinos, perdió más de 75 mil kilómetros cuadrados de mar.

Precisamente la semana anterior se realizaron en la Corte de La Haya las audiencias orales a propósito de una demanda de Nicaragua por el presunto incumplimiento de Colombia del fallo del 2012.

Frente a lo cual Colombia presentó dos contrademandas, una de las cuales alega que Nicaragua ha desconocido la existencia de derechos tradicionales de pesca de los habitantes del Archipiélago, en particular de la comunidad Raizal, para acceder a las aguas donde se encuentran los bancos en los que han pescado por siglos, y también ha infringido estos derechos, como lo han atestiguado pescadores raizales.

Sin embargo mientras que en el plano internacional se busca defender los derechos de los raizales a la pesca, en lo interno su derecho a la participación política se ha visto afectado por la imposibilidad hasta el momento de ocupar dicha curul.